El Senado de la Provincia de Buenos Aires le dio media sanción al proyecto que busca crear un Registro único y obligatorio para trabajadores de reparto de aplicaciones.

El proyecto fue impulsado por el senador oficialista y dirigente sindical Omar Plaini, del Frente de Todos. A pesar de que busca «blanquear» a los trabajadores de las apps en un «registro», el proyecto no menciona ni contempla ningún derecho laboral para los repartidores.

Por lo tanto, se trata de un proyecto que no se resuelve ninguna cuestión de fondo, ni de superficie, en relación a la situación precaria del trabajo. Por el contrario, al limitarse a «registrarlos» sin obligar a las empresas a que garanticen sus derechos, no tiene en cuenta que muchos trabajadores alquilan sus cuentas o trabajan con más de una para poder llegar a fin de mes. Las empresas de delivery están pagando en promedio apenas $200 por pedido.

A pesar de la insuficiencia del proyecto que ya cuenta con media sanción, las empresas salieron a extorsionar a sus trabajadores: ante cualquier mínimo intento de regulación, amenazan con irse del país y dejar a los repartidores en la calle.

Nada de esto es cosa nueva. Cada vez que se amenaza un solo centavo de sus ganancias y se dice algo en voz alta contra su derecho a «negrear» a decenas de miles, ponen el grito en el cielo. El más mínimo derecho de los trabajadores significaría el cierre total de la actividad. Pero lo que pasa ahora en Argentina es el colmo del absurdo. Su campaña de hoy insinúa que la sola exigencia de una lista de personas que trabajan para ellos sería suficiente para hacer inviable un negocio que hoy en día tiene ganancias inmensas. Según las cifras de Ecommerce, basadas en datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el comercio electrónico vía apps movió en 2022 nada menos que 1,4 billones de pesos. El 56% de esas compras incluyeron el reparto a domicilio.

Los hechos los desmienten. Cuando se discutió en Reino Unido el reconocimiento de los derechos de los trabajadores de UBER, la empresa también amenazó con terminar con sus operaciones en el país. Pero, obviamente, eso nunca pasó: simplemente los trabajadores comenzaron a tener derechos mínimos. El relato de explotadores, negreros y sus voceros es que todo problema económico es culpa de los derechos laborales.

Sus mentiras son obvias pero les no faltan defensores ideológicos. La derecha toma la bandera de las empresas, asusta con el cuco de la desaparición de los puestos de trabajo y lucha por un mundo sin un solo derecho laboral. No podía ser de otra forma, Bullrich, la eterna funcionaria pública que jamás tuvo que trabajar en su vida defendió el derecho de las empresas a negrear a la gente:

«Nuestra posición es a favor del trabajo. Por eso, es importante no poner trabas que desincentivan la generación de empleo y que los mismos trabajadores rechazan. Necesitamos más libertad y menos regulaciones. Conmigo, estos obstáculos se acaban».

Nuestra posición es a favor del trabajo. Por eso, es importante no poner trabas que desincentivan la generación de empleo y que los mismos trabajadores rechazan. Necesitamos más libertad y menos regulaciones.
Conmigo, estos obstáculos se acaban. pic.twitter.com/CXMudPgUee

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 18, 2023

Una actitud criminal que revela la posición de poder y la impunidad que manejan estas firmas: sólo están «dispuestas» a funcionar si se les garantizan condiciones ultra flexibilizadas para precarizar al extremo a sus trabajadores, al punto de ni siquiera considerarlos empleados de la compañía.

Al mismo tiempo, esta extorsión busca aprovecharse de la genuina preocupación de un sector de los repartidores frente a la amenaza patronal de dejarlos sin trabajo, haciendo que se opongan a cualquier intento de regulación.

La impunidad de estas empresas es vergonzosa, teniendo en cuenta que se ponen en posición de dar «ultimátums» siendo que obtienen ganancias millonarias funcionando literalmente en la ilegalidad en lo que respecta a la Ley de Contratos de Trabajo que rige en nuestro país.

Por esta razón es que no basta un proyecto de Ley (mucho menos el de Plaini, que deja la puerta abierta a la continuidad de la precarización), sino la organización por abajo de los repartidores para conquistar sus derechos. Para eso, un primer paso fundamental es la exigencia de que el Estado reconozca al sindicato de trabajadores de reparto por aplicación, el SiTraRePa.