La semana pasada, la Fundación Encuentro emitió un informe titulado “APP: coeficiente de Alcance del Pedido Promedio”, en el que realiza una serie de cálculos para indicar la cantidad de pedidos necesarios para que un repartidor por aplicación cubra determinados gastos. En sus conclusiones se indica que serían necesarios “461 pedidos mensuales para sostener un hogar tipo”. A continuación, algunas apreciaciones sobre este informe y la realidad de los trabajadores por aplicación

En primer lugar, la amplia difusión que ha tenido este informe es positiva, ya que puso nuevamente en el centro de la escena las condiciones del día a día de los trabajadores de reparto por aplicación. Así, durante toda la semana, se multiplicaron las notas e informes sobre el reparto en casi todos los medios de radio o televisión.

Esta es la realidad que denuncian los voceros del SiTraRepA en cada una de sus intervenciones públicas y ante los medios de comunicación. Durante los últimos días numerosos programas de radio o TV entrevistaron a representantes del sindicato para dar una visión de primera mano sobre los puntos que establece este informe. La conclusión es clara: para poder vivir del reparto por aplicación es necesaria una inmensa cantidad de horas de trabajo, y las condiciones de trabajo son extremadamente precarias.

Los números del informe APP y la realidad de los repartidores

El informe estima un pago promedio por pedido en torno a los $2500. Este es un número similar al que calculamos como promedio desde el SiTraRepA, sobre la base del análisis de las tarifas de las empresas y la realidad de los repartidores que se organizan con el Sindicato. Sin embargo, es importante señalar lo relativo que es este cálculo del pago por pedido promedio, dadas las condiciones particulares del trabajo por plataformas, que hacen este monto mucho más inestable.

Para clarificar la situación: cada una de las plataformas establece decenas de variables para calcular el pago de un pedido. El pago por pedido es muy diferente según el horario y el día de semana. El pago también se modifica por la distancia recorrida hasta el local, y entre el local y la dirección de entrega. A su vez, cada empresa tiene su propio “ranking” que depende de otra decena de factores, donde a medida que se va “escalando” hay una pequeña diferencia en el pago^[1]. Tampoco se paga igual si un pedido es “simple”, “doble” o “triple” (es decir retirar 1, 2 o 3 pedidos en un local para luego entregarlos en distintas ubicaciones), y las condiciones climáticas también influyen en los montos por pedido, al igual que aún más variables. En resumen, el pago promedio por pedido es sumamente relativo, y puede ser notablemente inferior a esos $2500.

En segundo lugar, el informe establece la cantidad de 461 pedidos mensuales “para sostener un hogar tipo” (es decir, de 4 personas). En principio, el número es impactante. Para traducirlo a otro dato concreto, para alcanzar esa cantidad de pedidos, un repartidor en bicicleta debe trabajar aproximadamente 6 días a la semana, durante 8 horas diarias, es decir, 48 hs semanales, la jornada laboral máxima legal.^[2]

Sin embargo, este número amerita una corrección, ya que el informe basa sus cálculos en los datos oficiales, por ejemplo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil, fijado en $322.200. Este número está intencionalmente recortado por parte del gobierno. Así, los 461 pedidos mensuales equivaldrían aproximadamente a $1.200.000 mensuales. Cualquiera sabe que es imposible sostener una familia de 4 personas con esos ingresos. Tomando en cuenta un parámetro más realista: la canasta básica familiar que calculan los trabajadores del Indec equivale, en octubre de 2025, a $2.027.283. Es decir, que para llegar a ese monto, serían necesarios aproximadamente 800 pedidos mensuales.

Esa es la realidad de los repartidores por aplicación. Quienes tienen que mantener una familia superan largamente la jornada laboral semanal máxima establecida por ley. Es muy frecuente que los trabajadores tengan jornadas de 12hs diarias o más, a veces sin días de descanso, llegando a 60, 70 o aún más horas semanales de trabajo.

Mientras tanto, las empresas y el gobierno despliegan su discurso de la supuesta “flexibilidad” del trabajo por plataformas, que traería una supuesta libertad para elegir los horarios y formas de trabajo. Pero, frente a este discurso demagógico de las empresas, la realidad es completamente la contraria. Las empresas controlan constantemente los movimientos de los trabajadores, que están sometidos a una vigilancia permanente, bajo la cual todas sus acciones pueden tener como resultado una baja en el ranking, un bloqueo de la cuenta (despido encubierto) u otros problemas. Las diferencias en las tarifas, según los días, horarios y otras variables, fuerzan a los repartidores a trabajar en los momentos del día que indican las plataformas, ya que de lo contrario se reciben menos pedidos, que por si fuera poco, se pagan menos.

Así, como expresan los representantes del SiTraRepA en los medios, no hay libertad en la necesidad. Cuando un repartidor tiene la necesidad de estar 70 horas semanales arriba de una bicicleta para llegar a fin de mes, muy por encima de la jornada laboral legal, no hay ninguna libertad, lo que hay es autoexplotación y esclavitud moderna a través del uso de las nuevas tecnologías.

Por si todo esto fuera poco, los ingresos pagados por la aplicación por los pedidos no tienen en cuenta ninguno de los gastos que son absolutamente necesarios para desarrollar el trabajo, los cuales deben ser pagados por el trabajador. Así, los repartidores no solo ponen de su propia cuenta su moto o bicicleta y su celular, sino que también pagan el mantenimiento de los mismos, la nafta en el caso de usar moto, los datos del celular, el monotributo, etcétera. Gastos que no son reconocidos por las empresas.

Existe también otra variable fundamental que impacta enormemente en la desprotección e inestabilidad de este trabajo precarizado. Si un repartidor llega a tener cualquier problema trabajando, sea un accidente, rotura del vehículo o celular o  robo, las empresas no se hacen cargo de nada. Así, los arreglos o reposiciones corren por cuenta de los trabajadores al 100%, y, por si fuera poco, los días en que no pueden trabajar, no se pagan.

De la misma manera, en este trabajo no se contempla de ninguna manera las vacaciones o licencia por enfermedad, y esto sin mencionar que no existe ningún tipo de cobertura para los gastos médicos o accidentes de trabajo. Esta gravísima situación de desprotección se refleja en que sufrir un accidente o robo es una verdadera tragedia, que se traduce en la pérdida de la fuente de ingresos y un nuevo gasto a pagar para poder volver a trabajar.

El trabajo por plataformas y la superexplotación: una política del capitalismo del siglo XXI

Este modelo de explotación es un negocio redondo para las empresas, que se hacen millonarias sobre la base de la profunda explotación y negación de derechos para los trabajadores. Esa realidad, el modelo de la “uberización” del trabajo, es lo que quieren extender los capitalistas, es una metodología que crece y se expande a nuevas ramas del trabajo que van mucho más allá del reparto de alimentos o el traslado de personas.

Se utilizan las nuevas tecnologías del siglo XXI para ocultar el rol de las empresas, negar el reconocimiento de la relación laboral y, por lo tanto, de todos los derechos laborales, aumentando la explotación^[3]. Así, imponen el trabajo a destajo, sin un salario básico, donde todos los costos recaen sobre los trabajadores, mientras las empresas amasan fortunas. Y lo realizan a través del control del proceso de trabajo a través del algoritmo, donde cada movimiento es controlado con el objetivo de maximizar las ganancias.

Un ejemplo paradigmático son los almacenes de Amazon en EE.UU., llenos de robots y mecanismos ultra tecnificados de control. La corporación utiliza unas pulseras en las manos de los trabajadores, que son detectables por los sensores de sus almacenes. Estas pulseras registran cada uno de sus movimientos, con el objetivo de “eliminar el tiempo perdido en movimientos innecesarios”. Estas pulseras vibran con distinta intensidad dependiendo de la distancia con el producto a empaquetar, guiando las manos del trabajador.

Sumado a esto, todos estos mecanismos de control se realizan a través de los algoritmos, que son completamente opacos y se mantienen ocultos por parte de las empresas. De esa manera, hay un control sobre todos los movimientos, utilizando criterios que son imposibles de conocer por parte de los trabajadores. Lo único que se conoce son las consecuencias: hacer algo de manera diferente a lo que indica el algoritmo trae como resultado casi invariablemente, sanciones o repercusiones negativas sobre las condiciones laborales. Es por eso, que otro de los reclamos del sector es justamente la claridad y publicidad sobre los algoritmos, para establecer los criterios con los que se organiza el proceso de trabajo.

Esta situación es denunciada por los trabajadores. Citamos a este respecto un fragmento de la Declaración de Principios del Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas, en donde se da cuenta de esta realidad y de las denuncias por parte de los trabajadores:

“Este uso de la tecnología para incrementar la explotación de los trabajadores es un fenómeno que va más allá de los conductores y repartidores. El capitalismo del Siglo XXI intenta avanzar sobre cada vez más sectores de trabajadores, incorporándolos a un sistema de explotación bajo medios digitales. Exigimos la transparencia de los algoritmos, que sean abiertos y explicados de manera clara y sencilla para tener claridad acerca de los alcances de este mecanismo y enfrentar el control de nuestros movimientos que hacen las empresas. Rechazamos los ataques contra las condiciones laborales de cualquier sector de trabajadores que pueda quedar bajo un sistema digital”.

La reforma laboral de Milei y los repartidores: una legalización de la esclavitud moderna

En medio de esta situación de ataque por parte de las empresas sobre las condiciones laborales, se insertan los elementos que se han ido difundiendo en las últimas semanas respecto de la reforma laboral. Un capítulo completamente escandaloso son los planes de Milei sobre el trabajo de reparto. Aún no está claro si se traducirá en un proyecto de ley separado o un capítulo de la reforma laboral. Pero lo que es evidente, de acuerdo a los trascendidos mediáticos, es que se trata de una política que apunta a la legalización de la esclavitud moderna que son las gravísimas condiciones de trabajo que enfrentan los repartidores.

El proyecto de Milei busca consagrar por ley las actuales condiciones ultra precarias de trabajo de los repartidores, que son completamente ilegales. Lo que están tratando de hacer el gobierno y las empresas es imponer por ley la precarización laboral y promover la esclavitud moderna. Se busca legalizar que el sector de reparto, donde se utilizan tecnologías del siglo XXI, tenga condiciones laborales del siglo XIX.

El primer elemento de su planteo es la negación explícita de la condición de trabajador para los repartidores, a los que se consideraría “repartidores independientes por plataformas”. A eso se suma un “reconocimiento de derechos” que es completamente nulo: rechazar pedidos sin necesidad de brindar justificativos, recibir explicaciones sobre bloqueos o suspensiones de cuenta (pero sin prohibirlos en absoluto: qué maravilloso derecho, poder ser despedido, pero ¡cuidado! recibiendo una justificación) o “acceder a capacitaciones obligatorias relacionadas con la actividad, como formación en seguridad vial”. Es decir, no otorga ningún derecho. Mientras tanto, sí se establece firmemente la obligatoriedad de tener el monotributo al día, es decir, que el repartidor deba tributar de su propio bolsillo para poder trabajar, sin ningún coste para las empresas.

Por su parte, a las empresas se les imponen “obligaciones” que son un chiste de mal gusto, como “dar capacitación en seguridad vial”, “facilitar el acceso a elementos de protección según el tipo de vehículo” (o sea, ¿que haya un espacio en la aplicación para que el trabajador le compre a la empresa un casco?) o “respetar la libertad de conexión de los repartidores” (como explicamos más arriba, esto es completamente falso, qué libertad podría haber si hay que trabajar 70 horas por semana, incluyendo todas las noches, porque de lo contrario es literalmente imposible llegar a fin de mes?).

En el mundo, de hecho, a diferencia de lo que está pasando hoy en Argentina, se está discutiendo ampliamente el trabajo por plataformas en un sentido contrario. Lo que se debate es cómo dar un reconocimiento a la relación de laboralidad que hay entre los trabajadores por plataformas y estas empresas multinacionales. Aún con los límites que hay sobre las regulaciones emitidas, organismos como la Union Europea ya se han pronunciado por lo que es evidente: hay una relación laboral y deben reconocerse los derechos. Incluso la OIT (Organización Internacional del Trabajo), se encuentra en plena discusión de la redacción de convenios internacionales para brindar derechos, protecciones y condiciones laborales a los trabajadores de plataformas. El SiTraRepA y el Congreso Internacional de Trabajadores por Plataformas han enviado sus posiciones al organismo sobre este debate y son parte de la discusión.

Realmente, parece que para este proyecto de regulación, el gobierno le consultó a los CEOs de Rappi y PedidosYa cuál sería su mayor sueño y eso es lo que quieren presentar. Esta política criminal es consecuente con la negativa del gobierno en avanzar con el reconocimiento legal del SiTraRepA por parte de la Secretaría (ex Ministerio) de Trabajo, a pesar de haber cumplido todos los pasos legales.

El SiTraRepA, por su parte, ya se ha expresado en absoluto rechazo a este proyecto y se encuentra en una campaña de alerta hacia todos los repartidores sobre esta situación. De la misma manera, los representantes del sindicato vienen expresándose en los medios de comunicación en denuncia de estos ataques. En las próximas semanas continuará la preparación de todas las medidas necesarias para enfrentar esta escandalosa regulación esclavista.

Abajo la reforma laboral de Milei: derechos para todos los trabajadores

Esta discusión se inserta en el debate más general sobre la reforma laboral que se viene, que tiene un claro contenido de buscar imponer para todos los trabajadores un recorte brutal en los derechos laborales.

El gobierno habla de dar un nuevo marco ante una realidad (que ha impulsado estos años, así como lo han hecho los gobiernos anteriores): el 40% de trabajadores del país son precarios. Frente a esa situación, la salida del gobierno para “generar empleo registrado” es regalarle todo a las empresas, hacer un recorte brutal sobre los derechos de los trabajadores y establecer por ley que el trabajo registrado sea en condiciones precarias, es decir, nivelar para abajo, empeorar las condiciones de toda la clase obrera.

No es casualidad que uno de los asesores del gobierno que está colaborando con la redacción de la reforma laboral sea Julián de Diego, abogado de Rappi, empresa insignia de la precarización laboral, que viene a expandir su modelo precarizador. Cualquier cosa que venga de ahí evidentemente va a ser contra los derechos de los trabajadores. Utilizan toda su experiencia en negar derechos para asesorar al gobierno para la reforma laboral.

Mientras el gobierno busca enfrentar trabajadores registrados y precarios, la CGT traidora duerme la siesta, deja pasar todo, no prepara ninguna pelea, le echa la culpa a los trabajadores por “haber votado mal” y se dedica a negociar que la reforma no afecte sus intereses burocráticos y corporativos (en primer lugar, los beneficios que obtienen de los propios trabajadores que supuestamente representan), de espaldas a la realidad de los trabajadores.

De lo que se trata es lo contrario: hay que nivelar para arriba la situación de los trabajadores y trabajadoras. Es necesario imponer con la lucha medidas de fondo, que cuestionen el modelo precarizador que se extiende en nuestro país. Debe reconocerse la relación laboral de los repartidores y todos los trabajadores en negro o precarizados, con plenos derechos, y afectar los intereses de las empresas que lucran con la precarización. Hay que exigir que ese 40% de trabajadores que hoy no están registrados ingresen a una ley de contrato de trabajo con plenos derechos laborales. Esa es exactamente la pelea que desarrolla el SiTraRepA en el sentido del reconocimiento de la relación laboral, del sindicato y de los plenos derechos para los repartidores.

En contraposición a lo que plantea el gobierno y a la traición de la CGT, de lo que se trata es de construir la unidad de trabajadores precarios y registrados. Alertar sobre los planes del gobierno y prepararse para las grandes peleas que se vienen para enfrentar la reforma laboral. Es necesario un programa anticapitalista que garantice las condiciones y derechos laborales para todos, un salario mínimo de 2 millones y que paguen los empresarios. Y a través de esa pelea, cuestionar la explotación como tal en este sistema, en el que los trabajadores dejan la vida mientras los empresarios se hacen multimillonarios.

^[1] Una medida evidente de parte de las empresas para aumentar la autoexplotación, ya que para llegar a los rankings más altos, es necesario trabajar sin parar durante horas y horas, aceptar todos los pedidos y entregarlos en tiempo record, lo que se traduce en graves perjuicios para la salud de los repartidores por unos pocos pesos más por pedido: un negocio redondo para las empresas

^[2] Nuevamente advertimos que estos datos están calculados en promedio, ya que hay innumerables variables que suelen resultar en una extensión de la jornada laboral para poder alcanzar esa cantidad de pedidos

^[3] Recomendamos a este respecto el libro publicado por Renato Assad, referente de los repartidores por plataforma en Brasil, Entregadores de aplicativos. A luta de um novo proletariado para ampliar sobre estas cuestiones.