El pasado martes por la mañana, Elena Highton de Nolasco, de 78 años, se retiró de la reunión regular del cuerpo de magistrados para hablar telefónicamente con el presidente. En dicha conversación, le anunció a Fernández su retiro a partir del 1 de noviembre, poniendo fin a una larga trayectoria (17 años) como parte de esta casta privilegiada que son los jueces de la Corte Sumprema de Justicia.
Si bien no dio explicaciones acerca de su decisión, sobre el final de la reunión expresó que la corte estaba atravesando una suerte de «fin de ciclo». El espacio venía acumulando tensión interna agravada por el nombramiento del nuevo presidente del tribunal, Horacio Rosatti, elección de la cual Highton se negó a participar en apoyo a Ricardo Lorenzetti. También se le achacaba el hecho de haber permanecido en su cargo tras superar la edad límite reglamentaria de 75 años gracias a un amparo judicial.
El poder judicial es el pilar más antidemocrático del Estado. Una casta de funcionarios elegidos por el presidente y luego avalados por el Senado (más antidemocrático aún que el Congreso Nacional por su composición, que tiende a fortalecer las posiciones conservadoras del caudillismo del interior del país). Una vez que son elegidos, sus cargos son vitalicios, no dependen de ninguna reafirmación democrática posterior, por lo que se constituyen en una casta millonaria con intereses propios que a su vez opera como pilar privilegiado del Estado Capitalista. Además, tienen sueldos y jubilaciones de privilegio, y muchas veces se amparan en prórrogas para extender su mandato más allá de los 75 años (como en el caso de Highton).
La renuncia abre una batalla política por su reemplazo. Highton había sido promovida por Néstor Kirchner en 2005. El oficialismo enfrenta la situación de tener que elegir su reemplazo en momentos en que sus iniciativas de reforma judicial se encuentra estancadas y con una elección en puerta que supondrá muy probablemente una nueva derrota que empeoraría su posición en el Senado. Es decir, en un muy mal momento para tener que negociar con la oposición.
La jueza venía recorriendo un camino cada vez más derechista, opositor a todo avance a favor de los trabajadores. Durante el gobierno de Macri votó el 2×1 para los genocidas, ofensiva que fue derrotada con una amplia movilización popular. Sin embargo, los K la consideraban una aliada por su postura de que la CSJ sólo muy eventualmente debe tomar partidos en juicios contra el Estado o sus funcionarios. Posición invaluable para ellos en el contexto de la ofensiva judicial de la derecha contra el peronismo, el famoso Lawfare.
La ampliación, disminución o reemplazo de algún magistrado no cambiará el carácter de clase del Poder Judicial. Mientras el Estado siga estando en manos de la burguesía y encarne sus intereses de explotación clasista, el Poder Judicial no podrá expresar otros intereses que los de los explotadores. Así se hace patente cada vez que algún reclamo popular llega a los Juzgados y la Justicia muestra su sesgo capitalista, clasista y patriarcal, obligando a dar una lucha a brazo partido para lograr mínimas sentencias favorables a los de abajo.
Sin embargo, su división interna, tensiones y crisis, reflejan las pujas en las alturas entre distintos sectores de la burguesía. Indirectamente, la dificultad de dar una orientación a un país que atraviesa las dificultades de una economía débil en términos internacionales, una pesada deuda con el FMI, y una clase trabajadora con vasta experiencia de organización y lucha, a la que no es tan fácil esquilmar en función de que «cierren los números» para la burguesía. Y todo esto en momentos en que el Frente de Todos atraviesa una crisis de rumbo político, crisis que la inestabilidad del poder judicial no puede más que agravar.
