La imposición de Milei de Lijo y García Mansilla hace evidente la voluntad de tejer lazos con lo más podrido y corrupto de la casta judicial ligada a la justicia federal, por un lado, y la intención de otorgarle a la CSJN una clara tendencia oscurantista y clerical, por el otro. Eso es lo que representan, respectivamente, las candidaturas de Lijo y García Mansilla.
«Escandaloso nombramiento por decreto de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema. Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde el presidente es juez y parte. Milei no es nadie, sino el poder omnímodo de la patronal argentina que quiere imponer un modelo de país de esclavitud laboral y extractivismo. Rechazamos a los corruptos de Lijo y García Mansilla, y a esa Corte misógina, y seguimos en las calles para que el estafador Milei vaya preso» denunció Manuela Castañeira.
Escandaloso nombramiento por decreto de Lijo y García Mansilla para la Corte Suprema. Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde el presidente es juez y parte.
Milei no es nadie, sino el poder omnímodo de la patronal argentina que quiere imponer un modelo de país…— Manuela Castañeira (@ManuelaC22) February 26, 2025
Ariel Lijo es juez federal de Comodoro Py desde hace 20 años. Su carrera en el poder judicial comenzó y escaló rápidamente con manejos turbios entre la justicia, el menemismo y el negocio de las privatizaciones. De hecho, Lijo se encuentra actualmente investigado en la causa por el vaciamiento y privatización de YPF.
Desde su rol como juez, siempre estuvo ligado a causas de alto voltaje político, y se convirtió en uno de los jueces con más influencia política en la justicia federal. En sus manos recayeron causas pesadas -así como muchas siguen paralizadas o cajoneadas- como la causa del encubrimiento al atentado a la AMIA (en la que Lijo envió a juicio al ex presidente Carlos Menem), las coimas de Siemens durante la última etapa del menemismo y principios de De La Rúa, y más recientemente fue quien envió a la cárcel al ex vicepresidente Amado Boudou en 2016. Fue uno de los artífices -junto con la entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich- de la escenificación televisiva en la que la policía detuvo a Boudou en pijama y pantuflas.
Lijo tuvo en sus manos tanto causas ligadas a CFK como a Mauricio Macri. En 2022 salió a la luz que durante el gobierno de Macri, el juez Lijo mantenía recurrentes comunicaciones con altos funcionarios de la AFI ligados al armado de causas judiciales.
Se trata, en definitiva, de un peso pesado de los más rancio de la casta judicial y operador principal de los lazos subterráneos -y no tanto- entre política y justicia. Su hermano, Alfredo «Freddy» Lijo, es un conocido lobista que recorre diariamente los pasillos de Comodoro Py.
La designación de Manuel García Mansilla tiene una clara intencionalidad política ideológica por parte del gobierno de Milei. García Mansilla es jurista y decano en la Universidad Austral, ligado al sector de empresarios de hidrocarburos. Autodenominado «liberal y conservador», García-Mansilla es un hombre de la Iglesia, miembro del Opus Dei y un ferviente militante contra el derecho al aborto.
En 2018, cuando se estaba debatiendo por primera vez la posibilidad de legalizar el derecho al aborto, García Mansilla fue uno de los firmantes de una carta en la que distintas personalidades se manifestaban en contra del aborto legal.
Si la designación de Lijo busca tener como objetivo el acercamiento de un sector importante del poder judicial, la de Mansilla tiene una connotación claramente de alineamiento ideológico. Esto no es sorprendente, siendo que es probable que muchas de las medidas del gobierno de Milei sean judicializadas y eventualmente terminen en la Corte Suprema.
Si todo sale como quiere el gobierno, el Ejecutivo podría lograr que 3 de los 5 jueces actúen a su favor, con un tándem afín en Lorenzetti, Lijo y García Mansilla.
