“Este miércoles 10 de agosto el Tribunal Oral Federal Número 2 condenó a cadena perpetua a los ex subtenientes Martín Eduardo Sánchez Zinny, Emilio Pedro Morello y Horacio Linari. La sentencia estuvo encauzada en los crímenes de lesa humanidad vinculados a los susodichos en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes (RIM 6); durante la última dictadura cívico-militar que atravesó nuestro país.” (Nota al Pie, Bianca Castillo, 11 de agosto de 2022)

Una vez más, la condena a represores le ganó a la impunidad. Una impunidad que se mantuvo desde los secuestros, torturas y asesinatos realizados a partir de 1976. Uno de los condenados, el represor Emilio Pedro Morello fue (o es, mejor dicho) compañero de ruta de Aldo Rico en el levantamiento carapintada y también incursionó en el terreno electoral junto a él, siendo secretario general y diputado nacional del Modin (Movimiento por la Dignidad y la Independencia). Estuvo un tiempito detenido en el penal de Ezeiza en 2017, y luego pasó a residir en Bariloche, lugar desde donde dirigió una academia de danzas y donde seguirá residiendo. Martín Eduardo Sánchez Zinny también fue partícipe del levantamiento carapintada del 87.

Todos gozan de prisión domiciliaria y el tribunal negó el pedido de las querellas de revocarlas. Se mantendrán, por lo menos hasta que se lean los fundamentos de la sentencia el 6 de octubre de este año, día en el que se podrá volver a solicitar se revean.

La contracara de la vara de la “justicia”

Además de los militares que quedaron por fuera del enjuiciamiento por fallecimiento o enfermedad, en este caso hubo un enmascaramiento aberrante en el inicio del juicio.

Al no poder estar presentes los acusados que tenían problemas de salud, no se permitió declarar a los familiares y allegados a víctimas que “eran de su responsabilidad”. La justicia puso una barrera para que se conocieran más verdades del genocidio.

Hubo declaraciones de personalidades importantes, como el cantante Víctor Heredia, que lo reclamaron, pero el tribunal no cedió. “No permitir la declaración y la búsqueda de esa verdad a los testigos, familiares directos de desaparecidos es una aberración”, definió Heredia en el audiovisual, en el que subrayó que les sobrevivientes y familiares de víctimas tienen “derecho a que el Estado argentino conceda al menos esa posibilidad: que los testigos declaren, llegar a la verdad”. (Página 12, 9/5/22)

El fallo es un paso adelante, las familias lo festejan con profunda emoción después de dura pelea pero, al igual que nosotros, señalan las arbitrariedades y la necesidad de seguir la pelea por la revocatoria de las domiciliarias.

¡No a las domiciliarias! ¡Los genocidas a cárcel común y efectiva!