Allá por 2024, una de las polémicas sobre la Ley Bases fue el intento de habilitación del saque sobre los recursos nacionales y su explotación, en particular con las modificaciones a la Ley de Glaciares. Apuntaban a reducir el área de protección de los glaciares, legalizando ciertas prácticas mineras predatorias.
Afortunadamente fue rechazada. A casi dos años, el gobierno nacional vuelve a intentar una vez más avanzar con un proyecto de ley nefasto para los ecosistemas del país y golpea duramente la calidad de vida de los habitantes aledaños de estas tierras protegidas.
No es para menos. Argentina cuenta con un total de 16.968 glaciares, que cubren un área aproximada de 8484,21 km2. Si les parecen que son número bastante buenos es porque lo son. Es un privilegio poder contar con semejantes estructuras. Son reservas estratégicas de agua, fuente de energía para la biodiversidad, fuente de información científica, y también atractivo turístico. Desempeñan además un papel crucial en la regulación del clima y, dato no menor, resguardan el 70% del agua dulce en forma de nieve o hielo.
Con el calentamiento global y el avance neoliberal en el mundo, que se llevan puesto todo a sus pasos, los glaciares están en peligro. Los expertos vienen advirtiendo hace mucho que, debido al cambio climático, están derritiéndose a un ritmo alarmante y a la vez esto impacta sobre éste, acelerándolo. La explotación desenfrenada de los glaciares y el área periglacial puede tener terribles impactos ambientales y sociales. También económicos, si consideramos su rol relevante para alimentar el caudal de los ríos, recurso del cual dependen múltiples actividades productivas.
Una parte de los gobernadores cordilleranos, que ya no saben a que santo rezarle para que les entre plata y poder gestionar sus provincias, transan con Milei la modificación de la Ley de Glaciares. Son menos que migajeros: la explotación minera deja muy pocos dólares a las provincias y mucha destrucción ambiental a largo plazo. Es de no creer. Milei se niega darles la coparticipación que les corresponde por ley, y ellos marchan atrás de él para encontrar una salida a un problema que él mismo les causó.
El Gobierno definió de manera informal el temario desdoblado de las sesiones extraordinarias y anticipó que, en febrero, se debatirá la modificación de la Ley de Glaciares. Con ella buscan redefinir el “área periglacial” para habilitar explotaciones hoy frenadas por las restricciones ambientales. Los gobernadores cordilleranos que defienden la propuesta controlan 13 diputados y cuatro senadores. Lo suficiente para arañar la mayoría sin abrir la billetera ni poner en riesgo su base electoral.
La agenda ambiental de Milei es la negación de la ciencia. Llama «mentira del socialismo» al cambio climático. Con una reforma técnica, sin costo fiscal ni político, podría alinearse con los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy y Catamarca. Es beneficio para pocos y que el resto se maneje.
La estrategia, además, serviría para fisurar los distintos espacios que conforman la política del establishment. Raúl Jalil (Catamarca) sigue siendo parte de Unión por la Patria; Alfredo Cornejo (Mendoza) mantiene su afiliación radical; Carlos Sadir (Jujuy) pertenece a la UCR, pero juega dentro de Provincias Unidas; Gustavo Sáenz (Salta) peronista independiente; y Marcelo Orrego (San Juan) que conserva un bloque propio con identidad provincial.
Tras reunirse el lunes con el ministro del Interior, aún sin despacho, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego celebró que el tema esté sobre la mesa: “Pudimos tocar temas sobre nuestra jurisdicción: temas que tienen que ver con distintas definiciones, sobre todo con una nueva Ley de Glaciares a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera”.
En el Gobierno confirman la lectura política: “Hay consenso para dar la discusión. Muchos gobernadores lo vienen pidiendo y están dadas las condiciones para hacerlo”.
Las provincias reclaman que la autoridad de aplicación sea local. Argumentan que la Constitución Nacional les otorga la potestad sobre los recursos naturales, mientras que la ley nacional fija los presupuestos mínimos ambientales.
¿Tanto van a dar vuelta los capitalistas extranjeros para venir a invertir en el país? Y sí.
¿Y los empresarios nacionales? No existen, por lo menos no en este sentido. La minería y la megaminería de este tipo suelen implicar volúmenes de capital que los empresarios locales raramente manejan.
En resumen, las modificaciones legales son parte de una extorsión capitalista que Milei alegremente acepta: si quieren dólares para contener su crisis, abandónense a nuestro saqueo. La inversión no implica ningún desarrollo de infraestructura, revientan el suelo y se van. Y para los pocos trabajadores involucrados no es más que una breve changa. Las mineras tampoco generan ningún empleo.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció en agosto del 2024 una alerta mundial que advierte que el nivel global del mar alcanzó un nuevo máximo histórico como consecuencia del calentamiento de los océanos y del deshielo de glaciares y capas de hielo, fenómenos que son resultado directo del cambio climático. No podemos permitir que algunos multimillonarios sean todavía más multimillonarios a costa de la fuente de vida de millones de personas del presente y de las futuras generaciones.
