La militancia por el medio ambiente es objetivo de espionaje de la SIDE de Milei. Así lo detalla el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que se filtró hace un mes.

Hace un mes el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, personaje que lejos está de ser de izquierda, filtró un documento denominado «Plan de Inteligencia Nacional» (PIN) en el que se detallan los objetivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inflada con nuevos fondos. En este documento se establece como objetivo de espionaje a todo aquel que cuestione a Javier Milei y, en particular, los intereses de los capitalistas de la depredación de la naturaleza. El documento incluye como objetivo de espionaje al activismo ambientalista.

Mas precisamente, el PIN establece una serie objetivos a ser espiados para «identificar, reunir y analizar información». Al menos cinco de estos items corresponden o se relacionan con el activismo ambientalista:

«Situaciones de coyuntura política y/o conflicto que puedan impactar en la extracción, transporte y/o comercialización de los RNE (recursos nacionales estratégicos). Actores involucrados, intereses y acciones desarrolladas.»

«Actores estratégicos vinculados a organizaciones ambientalistas con capacidad de incidir en la toma de decisiones y en la obstrucción de proyectos ligados a la exploración y explotación de RNE presentes en el territorio nacional.»

«Situaciones, actores, hechos o circunstancias que en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales deriven en la obstrucción de proyectos…»

«Actores relevantes que, en el marco de posturas restrictivas de organismos internacionales sobre la gestión de efectos del cambio climático, busquen condicionar la explotación de recursos naturales por parte de actores estatales.»

«Actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento del la posible comercialización de recursos…»

El último item citado es demasiado evidente. Milei está alineado, prácticamente desde su génesis, con el sector mas rancio y podrido de la burguesía mundial. En más de una ocasión se lo ha asociado con los hermanos Koch, dos magnates petroleros capitalistas yanquis y que han frecuentado el ranking de los más ricos del mundo en varias ocasiones (uno de ellos murió en 2019). Son conocidos por financiar todo tipo de grupos de extrema derecha negacionistas del calentamiento global a través de sus fundaciones, entre ellos al mismo Milei.

El presidente de la SIDE, Sergio Neiffert, se reunió hace poco en la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Martín Lousteau. Allí fingió demencia y negó de plano que la SIDE tuviese pensado espiar a actores de la sociedad civil. No extraña que los funcionarios de este gobierno se la pasen mintiendo, lo extraño sería que dijesen la verdad.

El documento de inteligencia es firmado también por Diego Kravetz, pareja de Soledad Acuña y director general de Operaciones de Inteligencia de la SIDE. Kravetz, un sujeto de por sí detestable, se vio visto en polémica el año pasado al filtrase un vídeo en el que aparece agrediendo a un menor.

La reacción de activistas y organizaciones

Como no es de extrañar que el programa de la extrema derecha se defienda con medidas autoritarias, a nadie debería llamarle la atención que la militancia por el medio ambiente caiga en la mira de la represión. El negacionismo anticientífico es parte del discurso de Milei incluso desde antes de asumir. El proyecto de regalar aún más los recursos naturales del país solamente se afianza con represión.

Enrique Viale es abogado ambientalista y calificó como «inaceptable, peligroso y antidemocrático» el contenido del PIN. «Esto es muy grave pero no hay que tener miedo. Ni un poquito. Eso es lo que quieren. Que nos paralicemos.» sentenció en X.

“El solo hecho de que se haya redactado ya vulnera garantías constitucionales”, argumentó Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Paula Litvachky, quien dirige el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señaló que aunque el uso de los servicios de inteligencia con propósitos políticos no constituye una práctica novedosa, en la actualidad esto se realiza «de manera evidente». Se refiere a que el documento coincide en múltiples aspectos con las metas políticas que el Gobierno manifiesta públicamente a través de diversos medios. Según su análisis, esta situación viola la Ley de Inteligencia Nacional (25.520). Ante esta situación, el CELS radicó este jueves una denuncia penal contra Neiffert y Kravetz. Los acusa del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 248 del Código Penal.