En la mañana del domingo 5 de junio, la periodista Manuela Calvo sufrió el allanamiento de su domicilio donde le secuestraron materiales de trabajo a ella y su pareja. Se trata de una trabajadora de prensa que venía cubriendo el caso Arcoíris, en el que una menor de 6 años denunció abusos por su abuelo paterno.
La jueza María Eugenia Torres, del juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores n°1 de La Rioja, consideró que la periodista incurrió en «desobediencia a la autoridad«.
Según expresó Manuela a través de su cuenta de Twitter, no hubo ningún documento donde informaran de los materiales de trabajo secuestrados. A esta situación irregular se suma la acusación de «desobediencia» producto de la prohibición que sufrió de difundir información sobre el caso. De este modo, Manuela se vio obligada a borrar publicaciones en sus redes vinculadas al caso de Arcoíris.
El hecho es grave y tiene un carácter claramente persecutorio. Dos meses atrás, la periodista y militante del colectivo Ni Una Menos sufrió la censura de un documental que le llevó 10 meses de trabajo. Allí abordaba la problemática del abuso sexual en las infancias. Parece que su investigación llegó a preocupar demasiado a un poder judicial que, por su carácter asquerosamente patriarcal, ampara a los abusadores y violentos.
Allanaron mi domicilio, se llevaron mis herramientas de trabajo y las de mi marido y no me dejaron ni un papel de comprobante de lo que se llevaron. No se ni porque dieron esa orden, solo se que esta vinculado con un corto de dibujos animados de ficción que padeció censura previa
— Manuela Calvo (@lamanuc) June 5, 2022
Por su parte, la Red de Comunicadoras de La Rioja repudió el hecho. También alertó “sobre el grave accionar de la Justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa”. Hace varios años que el caso de Arcoíris moviliza e interpela al movimiento feminista, organizaciones y comunicadoras/es de la provincia. Ellas/os acompañan a la niña y su madre en la ardua lucha por justicia. Entre otras instancias, se conformó el Equipo de Trabajo «Justicia por Arcoíris» para hacer frente a la violencia de los funcionarios ejercida contra ellas.
El caso Arcoíris: la responsabilidad de las instituciones del Estado y su carácter patriarcal
En la provincia del gobernador Ricardo Quintela (PJ), la censura y persecución a comunicadoras que acompañan a las víctimas es una de las tantas manifestaciones de la violencia patriarcal. Violencia que es legitimada y ejercida por las propias instituciones del Estado. En el caso Arcoíris, Delfina, la madre de la menor, denunció ante la justicia en 2018 al abuelo paterno por los abusos cometidos cuando la víctima tenía tan solo 2 años de edad.
La denuncia fue reiterada en el año 2019. Pero Arcoíris fue separada de su madre por orden de la justicia. Los jueces y funcionarios basaron su decisión en el argumento de que no hubo abuso (pese a que los resultados de la Cámara Gesell) y en que la madre influenciaba a la niña para rechazar a su abuelo paterno con la falaz y aberrante apelación al «Síndrome de Alienación Parental».
La justicia patriarcal intentó demostrar que Delfina padecía de «inestabilidad psiquiátrica«. A instancias de estos funcionarios y del progenitor de Arcoíris – un violento que llegó a golpear brutalmente en la calle a la abuela de la niña para llevársela – fue obligada a re-vincularse con su abusador. Nunca escucharon a la niña, que quería volver con su madre, que no merecía un nuevo calvario por haber denunciado a su abusador.
