Esta manifestación se realizó el martes de la semana pasada  y ¡oh, sorpresa! la dra Vence, a cargo de una de las causas, ordenó el procesamiento por crímenes contra la humanidad de los dos ex directivos de las empresas Lozadur y Cattaneo por su responsabilidad en el secuestro de una decena de trabajadores y trabajadoras de esas empresas.

La protesta de los familiares “aceleró los tiempos” de la Justicia, que se demoraban injustificadamente, y arrancó con esta medida. Es una primera medida, faltan poner en marcha muchas más, pero abrió una rendija que dan aire y fuerza a víctimas y a quienes las acompañan.

Más aún en estos momentos políticos en que todos los juicios están retrasados y siguen desde el Estado desmantelando los organismos relacionados con los derechos humanos (50 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos, se anuncian más masivos en el Ministerio de Justicia, así como en el Archivo Nacional de la Memoria y los Sitios de Memoria). No solamente despidiendo personal de estos organismos, sino tomando medidas de supresión directa de organismos claves en la investigación, logrados con mucho esfuerzo.

El jueves pasado trascendió la información que el gobierno tiene preparado un decreto para recortar facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), dedicada a investigar la apropiación de niños/as en los archivos estatales durante la dictadura. Una aberración antidemocrática y reaccionaria que atenta contra la continuidad de los logros conquistados en décadas de trabajo, esfuerzo y lucha sostenidos en el tiempo.

Suscribimos las palabras expresadas en la movilización a los Tribunales de los familiares de víctimas de Campo de Mayo, de Iris Pereyra de Avellaneda, la madre de Floreal “El Negrito” Avellaneda, uno de los asesinados en ese centro  del horror, quien recordó ante los presentes que se viven “momentos muy difíciles y, si nos quedamos, nos van a pisar la cabeza”.