La manifestación fue motivada por el rechazo al hostigamiento que vienen sufriendo las organizaciones sociales en la provincia. Semanas atrás, sufrieron una oleada de allanamientos a locales, comedores y casas de dirigentes, además de hechos de espionaje ilegal que salieron a la luz recientemente. Todo esto impulsado por el gobernador Gerardo Morales.

Las causas abiertas contra los movimientos sociales -a las que recién el viernes pasado pudo acceder la defensa- revelaron la investigación ilegal de alrededor de 30 organizaciones y contienen fichas personales de casi 80 dirigentes constituidas a partir de infiltraciones en las organizaciones por orden del Gobernador.

En respuesta a esta persecución y hostigamiento, una movilización conjunta nucleó a diferentes organizaciones y partidos políticos, los cuales tomaron las calles de la capital jujeña para manifestarse en contra de esta avanzada contra el derecho a la organización popular y exigir el cierre de todas las causas.

La movilización comenzó a las 10 de la mañana. Copó la autopista del acceso Sur a la capital de la Provincia y, sobre el mediodía, se dirigió a la Plaza Belgrano, escenario habitual de la protesta social en la ciudad. También hubo acciones en otras localidades como San Pedro, Perico y Tilcara.

Entre las columnas, repletas de manifestantes, se visualizaban banderas y pecheras del FOL, el Polo Obrero, la UTEP, el MTE entre otras siglas y organizaciones. También se destacaron pancartas pintadas a mano con consigas tales como: “basta de persecución en Jujuy” y “contra la criminalización de las organizaciones sociales”. Además de los  movimientos ligados a la izquierda y centro izquierda, también fueron parte de la actividad organizaciones que apoyan al Frente de Todos, las cuales exigieron: “libertad a Milagro Sala”.

Un contexto de crisis

Desde hace años, existe en Argentina un núcleo de pobreza estructural al que pertenece casi un tercio de la población. En este escenario, y bajo una nueva crisis económica y escalada inflacionaria, los movimientos sociales se están convirtiendo en un actor dinámico en todo el país, pero especialmente en las provincias pobres del norte, como es el caso de Jujuy, que cuenta con una pobreza del 36% según datos del INDEC.

Distintos espacios de la política capitalista han iniciado una campaña difamatoria y persecutoria contra estas organizaciones. No es una acción ingenua, todas las fuerzas del sistema acuerdan en llevar adelante un ajuste contra la clase trabajadora y los sectores populares de la mano del FMI, y para ello deben debilitar su resistencia política y social.

De ahí que se ponga en marcha un hostigamiento en regla contra la organización de un sector excluido que se les aparece a los poderosos cual si fuera el fantasma de pobreza estructural no resuelta, pero también de la rebelión popular.

Semanas atrás, la propia Cristina arremetía con odio clasista contra las organizaciones sociales: “El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”, había dicho la vicepresidenta en el plenario de la CTA realizado en Avellaneda.

La ofensiva contra los movimientos sociales llega en un contexto de crisis que podría dinamizar al movimiento de desocupados, convirtiéndolo en un actor social que enfrente el ajuste. La persecución política y judicial, así como los dichos reaccionarios de Cristina y otros sectores de la política, son una muestra de la preocupación del gobierno y la derecha ante una escalada en la conflictividad social que tenga a los sectores populares como protagonistas.

Espionaje ilegal: un ataque al conjunto de los trabajadores

Luego de los allanamientos del 6 de julio, los abogados defensores de los dirigentes investigados pudieron acceder a las causas y constatar que alrededor de 30 organizaciones sociales estaban bajo el ojo vigilante del Gobierno de Morales. Desde movimientos de desocupados como la UTEP, MTE, CCC y el Polo Obrero hasta sindicatos como ATE y trabajadores despedidos de Garbarino. A partir de policías infiltrados ilegalmente, la Fiscalía había elaborado fichas personales de casi 80 dirigentes.

En el expediente se lee: «En la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Provincia de Jujuy, República Argentina, a los 01 días del mes de Abril del año 2.022, siendo las 15:20 horas, el funcionario instructor que suscribe (…) hace CONSTAR: Que se labra la presente a los fines de dejar todo debidamente documentado; es por ello que en fecha 31 de Marzo del 2.022 siendo las horas 18:30 el Señor fiscal de Investigaciones Dr. Diego Ignacio Funes transmitió directivas donde solicitaba que personal de esta agencia en día de la fecha se constituya sobre los lugares donde se reúnen las Organizaciones Sociales a los fines de lograr individualizar a los Referentes de cada Organización. (…)

Siendo las 08:00 se designaron los grupos de trabajo que se infiltrarían en las distintas Organizaciones y los mismos realizarían recorridos por zona Centro Calle Martiarena y Gorriti, Calle 19 de abril, Calle Mariatena y Bustamante, ya que serían los grupos donde se encontrarían movilizando estos grupos sociales”.

Así dejaba constancia por escrito Diego Funes, personaje que encabeza la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública.

Desde el 1 de abril, fecha en que se labra el acta citada, pasaron tres meses hasta día de los 16 allanamientos del pasado 6 de julio en el que efectivos de la policía jujeña ingresaron a las patadas en locales de diferentes organizaciones barriales de la provincia. Durante todo ese tiempo, como se evidencia por escrito, la fiscalía llevó adelante operativos con “grupos de trabajo” para infiltrarse en los movimientos e “individualizar” a sus dirigentes y organizadores. Un accionar que recuerda a los métodos de las dictaduras y que, de instalarse como norma, amenaza la organización de todos los sectores populares y de trabajadores que quieran enfrentar el ajuste.