Persecución a movimientos sociales: las razones de por qué no hay «grieta»

Desde CFK hasta Espert, cuando la situación social se vuelve más critica que nunca, los políticos del sistema se pusieron de acuerdo en la criminalización de las organizaciones sociales y piqueteras.

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La instalación de una agenda que busca cuestionar el rol de los movimientos sociales en la actual coyuntura es uno de los datos políticos de este periodo. La novedad es que dicho cuestionamiento ya no es patrimonio exclusivo de la oposición de derecha. Detrás de esta agenda se han alineado todo el arco político capitalista, desde la ultraderecha de Milei/Espert hasta la «populista» Cristina Kirchner, pasando por todas las alas de Juntos y el peronismo federal.

Hace falta comprender las razones de este inédito consenso. En un país marcado hace años por una división más o menos ordenadora del debate político (la infame «grieta»), cuando la crisis económica se recrudece y la situación social se vuelve más critica que nunca, los políticos del sistema cierran filas, hacia la derecha.

El papel de los movimientos sociales en la realidad política ha ido en aumento en los últimos años. Sobre todo desde 2014-2015 hasta hoy, con el crecimiento casi ininterrumpido de la pobreza y la indigencia.

Hace ya tiempo que en la Argentina capitalista se estableció un núcleo de pobreza estructural en torno al 30% de la población, producto de los ajustes de los distintos gobiernos y el frenético avance de la precarización laboral. Según los últimos registros oficiales, la pobreza se ubicó en el 37,3% en el segundo semestre de 2021, pero venía de alcanzar un pico de 41% durante la pandemia. Con la disparada inflacionaria de lo que va de este año, es probable que el índice haya vuelto a aumentar.

No sorprende que en todo este marco se ponga bajo la lupa el papel de los movimientos sociales, cuya labor toma más relevancia en la medida en que se extiende la miseria. Los diferentes gobiernos capitalistas no han hecho más que subir la pobreza, pero son los primeros en criticar a los «piqueteros».

Una campaña reaccionaria

Aunque la estigmatización y difamación contra los miles de trabajadores que se agrupan en los movimientos (bajo la ridícula acusación de que «viven de planes» y son «vagos») es ya un lugar común de la derecha en nuestro país, la cuestión tomó otro volumen cuando fue la propia Cristina Fernández la que se plegó a esta campaña.

Bajo el discurso de que la ayuda social «no debe tener intermediarios», una idea que reiteró ya en varias oportunidades, Cristina salió fuerte contra las organizaciones que gestionan los planes sociales. Además, sostuvo que «con este nivel de desocupación no debería haber tantos planes sociales». Se sumó así a una campaña político-mediática que intenta instalar que las organizaciones son corruptas, que se quedan con la plata que le corresponde a los beneficiarios y que manejan discrecionalmente el dinero que proviene del Estado.

Con la embestida de CFK se logró así un «consenso reaccionario» en todo el arco político capitalista del país contra los movimientos sociales, desde la derecha liberal-fascista de Espert hasta el «progresismo» kirchnerista. Este consenso político comenzó ya a tener consecuencias que van más allá de los discursos, pasando a los hechos.

Uno de los ejemplos más graves es la oleada de allanamientos y detenciones a líderes piqueteros en la Jujuy gobernada por Gerardo Morales. El 6 de julio pasado la policía allanó 16 locales de diferentes organizaciones en el marco de una causa caratulada de «asociación ilícita y extorsión». Más grave todavía es lo que reveló esta semana el diario Página 12: el fiscal que lleva adelante la causa ordenó que agentes de la policía se infiltren en las organizaciones «con el fin de ‘individualizar’ a sus referentes».

El gobierno reaccionario de Morales se puso a la cabeza de la persecución, pero está lejos de ser el único. En la justicia federal ya fantasean con armar una «megacausa» contra organizaciones piqueteras a partir de denuncias contra Eduardo Belliboni y el Polo Obrero. Esta causa se fusionó hace pocos días con la que el fiscal Eduardo Taiano impulsa desde el año pasado, por «posible conducta extorsiva y amenazas» dirigida contra los referentes de las principales organizaciones sociales.

Resabios del 2001

La brillante alternativa que proponen los que, como Cristina, critican a los «intermediarios» de la ayuda estatal y quienes denuncian la supuesta «corrupción» de las organizaciones es… pasarle ese control a los intendentes. Sí, que los planes sociales pasen a estar controlados por los para nada corruptos y super transparentes intendentes del conurbano sería una garantía de «transparencia» en la gestión de la asistencia social.

Por supuesto, el chiste se cuenta solo. En realidad, esta absurda «solución» sólo demuestra que el objetivo que realmente persiguen con el ataque las organizaciones sociales es lograr la estatización total y definitiva de la asistencia social.

Lo que buscan es que el poder político territorial pueda controlar definitivamente a esta enorme masa de la población que depende de una ayuda del Estado para poder subsistir, neutralizando así cualquier posibilidad de que esa organización sea orientada para reclamarle al propio Estado. No por nada las principales víctimas de la actual persecución son las organizaciones independientes de los gobiernos.

Aquí está en juego algo más profundo que una simple disputa de poder. La existencia de las organizaciones sociales como controladoras de los planes de asistencia social son un resabio de la organización popular y el movimiento piquetero de la crisis de 2001.

En aquel entonces, que el control de los planes sociales sea del propio movimiento fue un triunfo de la organización popular. Era un movimiento piquetero pujante, de masas y, sobre todo, consciente y autoorganizado. Obligar al Estado a que su asistencia deba pasar por la intermediación de la organización popular era una forma precisamente de limitar la influencia del Estado y evitar así la discrecionalidad, la manipulación y sobre todo el ajuste. En resumen, gobernadores, funcionarios e intendentes perdían poder en manos de un movimiento piquetero que estaba en auge.

Tras la salida de la crisis, la estabilización económica, la baja de la desocupación y la reinstitucionalización burguesa del país, el movimiento piquetero como tal fue diluyéndose, pero las organizaciones quedaron. La mayoría de ellas ya no expresaban a aquella fuerza social que desde abajo irrumpió en medio de la crisis, sino que pasó a jugar un papel mucho más «administrativo», integrándose de hecho la mayor parte al aparato asistencial del Estado. Es cierto que algunas organizaciones se mantuvieron independientes de los gobiernos, pero eso no evitó que quede relegado el componente de lucha y autoorganización popular en favor de la administración de la asistencia que proveía el Estado.

A pesar de ello, la subsistencia de las organizaciones como «intermediarias» de la ayuda estatal siguió siendo un dolor de cabeza para los gobiernos, en primer lugar porque no pueden ajustar tan fácilmente, y segundo porque aun aquellas organizaciones ligadas a los gobiernos continúan siendo un factor de poder que no responden de manera directa y sin contradicciones a los deseos de funcionarios y gobiernos.

Es precisamente esto lo que está en juego con la campaña anti-movimientos que vemos hoy. Lo que buscan es terminar de liquidar estos rasgos progresivos que subsisten en las organizaciones sociales como resabios de la rebelión popular de 2001. Y necesitan hacerlo, entre otras cosas, porque necesitan generar las condiciones para pasar el duro ajuste que se pactó con el Fondo Monetario.

Insistimos con esta idea porque es lo central: para hacer pasar este plan de ajuste, buscan pasar por arriba de cualquier resabio de organización popular. Para ello reproducen los prejuicios más atrasados y fascistas de una parte de la sociedad, acerca de que quienes reciben planes son «vagos» y que las organizaciones que los administran son «corruptas». Con esto buscan generar un clima social reaccionario para justificar el ajuste.

Un programa para confluir ocupados y desocupados

Es por esta razón que la demagógica campaña de «planes sin intermediarios» y las acusaciones de corrupción contra las organizaciones, así como la estigmatización clasista contra quienes perciben una ayuda estatal debe ser enérgicamente repudiada.

Incluso manteniendo críticas hacia la orientación y los métodos con que muchas de estas organizaciones intervienen en el movimiento de desocupados, este ataque por parte de distintos sectores del Estado burgués no encierra ningún elemento progresivo. Al contrario, buscan generar las condiciones para pasar el ajuste, por un lado, y avanzar con la cooptación estatal de los sectores populares, por el otro, neutralizando su capacidad de lucha y organización.

En este punto, las campañas fascistas que estigmatizan y piden represión sobre los beneficiarios de planes sociales y el discurso social-liberal de «ayuda sin intermediarios» van de la mano y tienen objetivos comunes. Ambas deben ser férreamente rechazadas.

En contraposición, es necesaria la puesta en pie de un programa que sea superador de la estrechez meramente reivindicativa con la que actúan la mayoría de las organizaciones sociales, incluso las de izquierda. Esta estrechez consiste en luchar por más y mejores planes y programa de asistencia, pero sin ofrecer una salida estratégica a la población desocupada y precarizada, que pasa por dar la pelea por trabajo asalariado genuino.

Defendemos los planes sociales contra los ataques de la burguesía y como paliativo inmediato frente a la miseria, pero es necesario plantear que el objetivo de fondo es trabajo para todos, con salario digno y todos los derechos laborales. Es precisamente bajo esta bandera que confluyen los intereses de los trabajadores ocupados y desocupados, contra la campaña desclasada y fascista promovida por la burguesía que busca enfrentar a unos con otros.

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