Una nueva condena que “suma” pero debemos salir a las calles para “multiplicar”.

“Los exmilitares del Ejército Argentino, Juan Carlos Jöcker, Juan Manuel Giraud, Héctor Alberto Raffo y Eduardo Sakamoto recibieron la pena de cadena perpetua. Los exintegrantes de la Bonaerense: Juan José Ruiz y Julio Alejandro Pérez fueron penados con 20 y 19 años de prisión, respectivamente. Mientras que Carlos Alberto Guardiola resultó absuelto. La fiscalía no había pedido pena para él.”(Télam, 13/10/22)

Los condenados deberán cumplir condena en cárcel común, pero les harán un examen médico previo para acreditar si su estado de salud lo permite… ¿Esto ya lo escuchamos alguna vez, no?

Las víctimas, asesinadas siete de ellas; secuestradas, torturadas, las otras, eran militantes y referentes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y estaban realizando una reunión el 28 de marzo de 1976 en la quinta La Pastoril, donde irrumpieron las fuerzas represivas. Se llevaron a los sobrevivientes (entre ellos un niño de 7 años), con excepción de tres militantes que lograron escapar.

Los represores dijeron lo mismo de siempre: que eran inocentes, que no cometieron ningún atropello, que no sabían… Nunca se hacen cargo de sus ultrajes ni, menos que menos, aportan algún dato que ayude a encontrar a los/as nietos/as apropiados/as. Son fieles a su disciplina militar y, si de defender a su “causa” se trata, a rajatabla lo hacen.

Los genocidas condenados no deben gozar de ningún privilegio. Para que se haga justicia en serio, deben cumplir su condena en cárcel común, efectiva. Los que lograron escapar del país y aún están en el “exilio” (22 prófugos), deben ser traídos a nuestro país para ser juzgados.

Retomemos las calles por las cuentas pendientes y los ataques fascistoides

En una video conferencia el 18 de agosto pasado organizada por el dr Ricardo Lorenzetti, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uno de los magistrados participantes se refirió a las cuentas pendientes(*).

Señaló correctamente, opinamos, la ausencia casi total de civiles que fueron condenados, así como la segunda desaparición de Jorge Julio López, entre otras. Pero no se refirieron al alud de prisiones domiciliarias y el planteo de borrado de la figura de genocidio en las sentencias futuras (ya tenemos una firme).

Y la figura que intentan “acomodar” para bajar los decibeles de las monstruosidades cometidas debe ser rechazada de plano.

La figura de genocidio fue incorporada en sentencia del 19 de setiembre de 2006 en la que fue condenado Miguel Ángel Etchecolatz y fue cuestionada en este debate. El doctor Daniel Rafecas la señaló como incorrecta, y expresó que la incorporación de la misma en las sentencias de lesa humanidad no hace al prestigio y la coherencia que ha alcanzado la justicia argentina en el tema, debilitando su imagen. Toma como referencia la sentencia reciente de la Cámara de Casación Penal de La Plata que, a pesar del pedido de las querellas, no la incorporó en la resolución final.

“La Cámara Federal de Casación descarta aplicar la figura de genocidio en un caso de crímenes de lesa humanidad. SENTENCIA CÁMARA FEDERAL DE CASACION PENAL CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 11 de Julio de 2022 Id SAIJ: NV34800 SINTESIS. En el marco del recurso de casación interpuesto por la defensa de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en las localidades de La Plata, Berisso y Ensenada, descarta la aplicación de la figura de genocidio al referido tipo de delitos. Refiere que el móvil es el elemento diferenciador entre estos dos tipos de delitos, y alega que lo que motivó el plan sistemático de desaparición y tortura no fue la nacionalidad de las víctimas, sino su oposición al plan implementado. (…)”

Que la situación de los juicios de lesa humanidad sea tema de exposición pública de destacados jueces, encabezados por un miembro de la Corte Suprema de Justicia de trayectoria como el dr Lorenzetti no es circunstancial. Sigue siendo un tema de agenda de las máximas autoridades de la Justicia porque es un tema político que sigue estando en el candelero y en este mundo polarizado, intentan pegar un volantazo para la derecha. No tan brutal (y que les salió tan mal) como el fracasado 2 x 1 a los genocidas del recién asumido presidente Macri. Un volantazo medido y controlado dentro del ámbito de los tribunales, pero un retroceso en relación a inmensos avances.

Porque la sentencia que rechazó la figura de genocidio no es un tema menor. Sienta un precedente sobre el cual intentan seguir avanzando para que esta catarata democrática contra los crímenes de la dictadura termine alguna vez. Como no pueden parar los juicios ya instalados, intentan atemperar las figuras más “incómodas”, más cuestionadoras de raíz a la destrucción desde el Estado de una generación de luchadores que iban contra el sistema capitalista y sus lacayos.

Es una necesidad imperiosa no solamente por lograr justicia por los crímenes de ayer, sino para enfrentar a los intentos fascistoides que intentan liquidar las libertades democráticas y dar un patadón brutal a las luchas que libran en nuestro país y el mundo los trabajadores, las mujeres y la juventud.

¡Son 30.000, fue genocidio!

¡Retomemos las calles para acelerar los juicios pendientes, frenar las domiciliarias y las intenciones de borrar la figura de genocidio en las sentencias, que es una conquista histórica!

(*) Videoconferencia del 18 de agosto pasado. El dr Ricardo Lorenzetti, junto a los doctores Andrés Basso, juez del Tribunal Oral Federal N° 3 de Capital Federal; Fernando Poviña, titular del Juzgado Federal de Tucumán N°2 de; Daniel Rafecas, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N°3 de Capital Federal y el dr Sergio Torres, juez integrante de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, realizaron una video conferencia que, bajo un título general, desarrollaron una temática crucial e histórica y muy presente en nuestro país. El título era: “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial: los nuevos desafíos”, y el punto en exposición Los juicios por crímenes de lesa humanidad.