“Empecé con Madres, un grupo chico, veintitantas, yo habré ido a mediados de abril. Antes iba a la iglesia Stella Maris, ahí fue donde Azucena Villaflor dijo: ‘¡Vamos a la Plaza, que acá estamos perdiendo el tiempo!’. Como el cura era de la Marina, les daba a los marinos la información que le dábamos, en el Ministerio del Interior hacían lo mismo.

​Y ahí empecé a militar en Madres, yendo a la Plaza. (…) Cuando se daban cuenta que estábamos ahí intentaban sacarnos, entonces salíamos por una punta y entrábamos por otra, el caso es que durábamos media hora.” (Educación y Memoria, Carmen Aguiar de Lapacó, Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora e integrante del CELS, fallecida en 2017, que compartió con su hija Alejandra el secuestro en el Atlético y posteriormente fue liberada y no paró de luchar.)

Se inicia un nuevo juicio y se reabren las expectativas de seguir avanzando. Los juicios sigue a cuentagotas, pero los imputados se multiplican. La causa es la que conocemos: los responsables del genocidio son miles y a algunos les llega muy tarde su presencia ante la justicia. A otros no les ha llegado todavía.

Este es uno de los problemas que enfrentamos los familiares, luchadores, organismos y personalidades de derechos humanos que no bajamos los brazos, que no nos conformamos con palabras y gestos. Bregamos por condenas firmes y su cumplimiento efectivo.

De acuerdo a la información hecha pública por las querellas, es el quinto juicio del circuito ABO que se puso en marcha, a cargo del Tribunal Oral Federal N°2 de CABA. Un día anterior a la fecha de inicio, establecida para el 1ro de junio, se postergó para el 15 del mismo mes.

Hijos Capital, querellante en el mismo, reclaman que las audiencias sean, además de con menor intervalo entre ellas, presenciales. Las víctimas por las cuales se reclama justicia son 382. Los señores imputados que llevaron al calvario, a los vuelos de la muerte, a los más horrendos tormentos, son 5 (eran 6 y uno de ellos, José Ahmed Estrada, exsubcomisario de la Policía Federal con funciones en la Superintendencia de Seguridad Federal falleció antes de su inicio), que involucran su actuación en 3 centros clandestinos: Atlético, Olimpo y Banco.

“ (…)José Ahmed Estrada, exsubcomisario de la Policía Federal con funciones en la Dirección General de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal y luego en el Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal; Carlos Alberto Infantino, exoficial principal en el Departamento de Asuntos Políticos de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía Federal; Miguel Víctor Pepe, exsargento de la Gendarmería Nacional Argentina con destino formal en el Destacamento Móvil I de Campo de Mayo; Miguel Pablo Lugo, excabo de la Gendarmería Nacional con asiento formal en el Destacamento Móvil I de Campo de Mayo; Sergio Raúl Nazario; ex primer alférez de la Dirección de Inteligencia de la Gendarmería Nacional; y Hugo Luis Medina, exsegundo jefe y exjefe de la plana mayor del Destacamento Móvil I de Campo de Mayo de la Gendarmería Nacional.” (Hijos Capital, 15/6/22)

Las investigaciones realizadas comprobaron que se trató de un circuito con un funcionamiento conjunto, que funcionó desde principios del 77 hasta los primeros meses del 79. Una batería de genocidas y de equipamiento acorde a sus “tareas” para que nada fallara.

Allí actuaron “todos”: Ejército, Batallón de Inteligencia 601, Policía Federal Argentina, Servicio Penitenciario Federal y Gendarmería Nacional. Seguro que las restantes fuerzas armadas también realizaron su “aporte”…como en los vuelos de la muerte que se ejecutaron desde allí.

Redoblemos la pelea para que se haga efectiva la cárcel común a todos los represores

Aunque el tiempo y las “vistas gordas” desde el Estado y sus instituciones han logrado que responsables importantes ya hayan fallecido, la pelea sigue y 5 de estos señores están sentados en el banquillo de los acusados, enfrentando los valientes testimonios de familiares y sobrevivientes que no perdieron la Memoria y que son consecuentes en la búsqueda de Verdad y Justicia.

Las páginas de nuestra historia se siguen escribiendo. E incorporan nuevas sentencias contra represores, como seguramente se concretarán en este caso. Pero, así como se da ese avance, se retrocede por vía del mismo circuito judicial. Se otorgan domiciliarias a genocidas con “chapa”, a cargo del plan de tormento y exterminio, no a simples “ayudantes”.

Según datos de la Agencia Andar, citados en IndymediaArgentina el 16 de junio, por delitos de lesa humanidad “hay 750 personas detenidas, de las cuales menos de 200 cumplen sus condenas en prisión”. Entre los que gozan de prisión domiciliaria se encuentran Julio César Garachico, Santiago Omar Riveros, Luis Firpo y Mario Ocampo, además del beneficio de la aplicación de la pena más benigna (tiene condenas de cadena perpetua y de 30 años de arresto) a Jorge “Tigre” Acosta y el sobreseimiento a un exgerente de Mercedes Benz, empresa emblemática, entre otras, de la colaboración con las fuerzas represivas.

Nuestras voces de reclamos tienen un grito común y así debemos hacerlo sentir en las calles:

¡Aceleración de los juicios a militares y cómplices civiles y eclesiásticos!

¡Ningún beneficio a los genocidas! ¡Todos a cárcel común y efectiva!