El miércoles 26 de noviembre se votó en la cámara de Diputados de Mendoza un paquete de proyectos que atentan contra la protección de la cordillera y del agua, que le dan impulso a la Megaminería contaminante.

En primer lugar, la Cámara votó la creación de un Fondo de Compensación Ambiental. Es decir, un fondo financiado con los impuestos a vecinos y vecinas destinado a compensar los daños ambientales generados por los emprendimientos mineros.

Por otro lado, aprobaron una ley de Regalías Mineras de solo el 3% para la provincia, que en los hechos reduce el porcentaje de impuestos a la megaminería.

Estos dos proyectos juntos, en la práctica, garantizan que el capital privado se lleve las riquezas de la provincia, dejando destrucción a su paso mientras la población paga las consecuencias.

Pero lo más grave de esta serie de votaciones fueron las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para 27 proyectos de explotación en Malargüe Distrito Minero Occidental II y el Proyecto San Jorge ahora llamado PSJ Cobre Mendocino.

La aprobación de estas declaraciones de impacto ambiental permitiría el avance de una serie de emprendimientos de megaminería de consecuencias catastróficas para los ecosistemas y la salud de las personas. Estos proyectos ya se encuentran en tratamiento en el senado provincial, y se espera que se voten en los próximos días.

Mendoza se pone de pie contra la megaminería contaminante

Movilizaciones masivas frente a la media sanción al saqueo de la Cordillera.

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— Izquierda Web Noticias (@IzquierdaWeb) December 3, 2025

El proyecto Minero San Jorge está promovido por la Minera San Jorge S.A. Metals Gmbh y Grupo Alberdi. Consiste en una mina a cielo abierto de cobre (con trazos de oro) en Uspallata, en el departamento de Las Heras. Se encuentra aproximadamente a 100 km al noroeste de la ciudad de Mendoza. Los empresarios recibieron un aval técnico-ambiental de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM). Tras analizar los estudios y más de 150 observaciones ciudadanas, expertos científicos y asambleístas denuncian una serie de problemas estructurales que el gobierno de Cornejo oculta. Este proyecto implicaría un consumo de agua muy importante.

Pero además, el proceso de extracción requiere de añadir productos químicos peligrosos como el Xantato o el ANFO (nitrato de amonio con combustible) para fracturar la roca. El uso de estos productos liberaría partículas que se dispersan por el aire, el suelo y el agua ocasionando con el contacto, por inhalación, ingestión o a través de la piel, enfermedades respiratorias crónicas, trastornos neurológicos, afecciones musculares y nerviosas, irritación ocular grave, lesiones cutáneas, entre otras.

Estas enfermedades impactarían tanto a los trabajadores de la mina como a toda la población que comparte la cuenca hídrica, afectado también el cultivo, el ganado y la fauna silvestre. El impacto se sentiría no solo en la salud sino también en la economía regional.

Las trampas de la Declaración de Impacto Ambiental

Los dictámenes técnicos del Departamento General de Irrigación (DGI), la Fundación UNCuyo (FUNC) y el IADIZA-CONICET señalaron serias debilidades estructurales en la evaluación ambiental del proyecto San Jorge. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) fue otorgada sin evidencia hidrogeológica suficiente, y se difiere la definición de la línea de base del caudal y calidad del arroyo El Tigre, un requisito indispensable para evaluar impactos reales sobre el agua.

Además, el balance hídrico presentado se basa en datos antiguos (2008‑2010). Niega así la variable del cambio climático ni sus proyecciones actuales, dejando sin sustento científico la evaluación de riesgos.

A su vez, se detectaron vacíos y lagunas importantes en otros estudios. El informe arqueológico presentado es obsoleto y carece de metodología clara, no hay relevamientos recientes, y la falta de un archivo geográfico con el layout del proyecto impide evaluar públicamente los límites, distancias a napas, fuentes de agua y zonas sensibles. Tampoco se detallan con precisión las especificaciones para aplicar la Declaración Jurada de “Buenas Prácticas”, generando dudas sobre cómo se gestionarán los residuos y relaves.

A pesar de estas alertas, la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) ratificó técnicamente el proyecto, condicionando su aprobación al cumplimiento de estos requerimientos. Esto evidencia que muchos compromisos ambientales y controles futuros dependen de la buena voluntad de la empresa y de que los organismos de control cumplan su rol, dejando en manos del capital privado la responsabilidad sobre la vida, el agua y el territorio.

La Ley 7722 fue impulsada por años de lucha y debates del pueblo mendocino. Establece límites a los permisos mineros mediante la prohibición de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, así como la ratificación legislativa de proyectos y participación ciudadana para las presentaciones de proyectos mineros.

En 2015, la Corte Suprema provincial ratificó su vigencia, pero en el 2019 con la reforma de la ley se realizó una modificación de su artículo 1 que establecía la prohibición absoluta del “uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares”, modificando a: “todas las sustancias químicas tóxicas similares”, y permitiendo el uso de “sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas”. Esta modificación hoy le permite a la empresa minera presentar nuevamente el proyecto que fue rechazado hace 14 años y sortear el primer artículo. Si bien no se utilizarán cianuro o mercurio, la utilización de ANFO es en base a sustancias declaradas tóxicas para la salud humana y de los ecosistemas.

Con respecto al proceso de evaluación de Impacto Ambiental, se excluyó deliberadamente a municipios que deberían haber participado, siendo que la ley exige que se convoque a todas las regiones potencialmente afectadas. Esta decisión política evitó incorporar municipios no alineados con el oficialismo, acelerando la aprobación y concentrando el control en los partidarios del gobierno. En tiempos de ultracapitalismo mileísta, las leyes vigentes parecen más una formalidad que una garantía de protección ambiental, por lo que es necesario estar en constante alerta en defensa de nuestros recursos.

Un día antes de la votación, el CONICET Mendoza redactó un comunicado de informe científico riguroso, basado en evidencia empírica y elaborado por trabajadores, que fue bajado de la página oficial horas antes de la votación. El mismo considera que el proyecto presenta deficiencias importantes, datos desactualizados, base insuficiente y metodologías débiles que impiden una evaluación confiable, solicitando aplicar y corregir el estudio antes de avanzar con la Declaración de Impacto Ambiental.

Cuando la Cámara de Diputados provincial discutía y votaba, el comunicado fue removido de la página oficial.  La Asamblea de trabajadores del CONICET denunció ésta eliminación como un acto de censura institucional y explicó que el comunicado se redactó a partir de un informe científico riguroso.

Ante la baja del documento, la propia Asamblea de trabajadores decidió volver a publicar y difundir el informe por sus canales. Una vez más, vemos como este gobierno prioriza las ganancias de unos pocos. Recurren al negacionismo del cambio climático y al oscurantismo contra la ciencia para censurar evidencia que incomoda a sus negocios extractivistas.

La resistencia del pueblo mendocino y los recuerdos del mendozazo de 2019

En Agosto de 2025, se hizo una audiencia pública convocada por el gobierno en Uspallata, lejos de la ciudad y a espaldas al pueblo. Pero los mendocinos y mendocinas no se quedaron quietos y realizaron una audiencia pública paralela que convocó a asambleas y vecinxs con una importante caravana en rechazo al proyecto minero San Jorge.

A partir del debate, se realizaron manifestaciones frente a la legislatura y una vigilia la noche anterior a la votación con intervenciones de asambleas ambientales, vecinos, organizaciones sociales y artistas en defensa por el agua en una congregación pacífica.

Las movilizaciones no juntan todavía la masividad con que años anteriores se rechazaron las avanzadas mineras y extractivistas. Sin embargo, la resistencia va creciendo en rechazo al proyecto. Luego de la media sanción, el distrito de San Carlos salió a la ruta con decenas de vecinos para realizar un cacerolazo frente a la terminal de Eugenio Bustos. Este es el lugar donde en el 2019 comenzó una lucha que duró diez días hasta la derogación de la modificación de la ley 7722. Al ritmo de “El agua no se negocia”, los mendocinos y mendocinas resisten en sus zonas frente a la avanzada megaminera.

A fines del 2019, asumió como gobernador Rodolfo Suarez, miembro de la UCR y del Frente Cambia Mendoza, quien impulsó el reemplazo de la Ley 7722 por la Ley 9209 como parte de su propuesta de gobierno. La modificación ingresó a la legislatura el 10 de diciembre del 2019 e implicaba cambios e incorporación de nuevos artículos, alterando sustancialmente el original, permitiendo la minería metalífera con uso de sustancias químicas como cianuro y ácido sulfúrico y abriendo paso a decenas proyectos mineros metalíferos en la provincia. Estos hechos impulsaron la alerta de ambientalistas, asambleas y sectores sociales que defienden el agua. Surgieron así protestas en distintos puntos de Mendoza, con los primeros reclamos en la localidad de Valle de Uco, como San Carlos.

Las protestas se transformaron en una masiva movilización que se autodenominó “la marcha más grande de la historia de Mendoza” en los días 22 y 23 de diciembre luego de la media sanción a la modificación. En la capital, miles de personas se concentraron en la casa de gobierno con consignas como “El agua de Mendoza no se negocia” o “ La 7722 no se toca”.

Al estilo de gobiernos saqueadores, Suarez mandó a reprimir. Hubo denuncias de infiltrados generando disturbios para luego justificar la violencia policial, con balas de goma, al pueblo que rechazaba la modificación de la ley. Lejos de generar la dispersión o el miedo, impulsó mayor resistencia del pueblo, que continuó en las calles generando así una presión social que se hizo sentir con fuerza.

Esta movilización empujó al gobierno de Suárez a dar marcha atrás, y a anunciar que no reglamentaría la norma, con un llamado a dialogar e informar, y proponiendo la suspensión de su aplicación. Muchos activistas y asambleas consideraron esa maniobra como una ”trampa”, ya que la ley seguía vigente, y su reglamentación quedaba en suspenso, lo que dejaba abierta la posibilidad de que en cualquier momento se pudiese activar. El pueblo salió a las calles, la desconfianza llevó a seguir con las movilizaciones masivas en la capital y en los distintos departamentos, arrancándole así al gobierno la derogación definitiva.

Al calor de la movilización popular, quienes habitan y producen en el territorio comprendieron que la contaminación y el saqueo profundizan la dependencia y precarizan la existencia. La derrota de la reforma fue conquistada en las calles, fue una afirmación histórica de que el derecho a la vida y al agua no puede ser mercancía ni sacrificarse en nombre del lucro capitalista.

A los saqueadores de Milei y Cornejo los derrotamos en las calles

El 13 de noviembre de 2025, en Corrientes, durante un evento del Congreso de economía Regional, organizado por el «Club de la Libertad», Milei anunció que enviaría al Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Glaciares. Con ella, la zona glaciar y la periglaciar deben definirse provincialmente con la excusa de devolver el federalismo a las provincias.

Agregó que la propuesta le fue sugerida por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y afirmó que con ese cambio se habilitarán inversiones mineras de gran escala, especialmente de proyectos de cobre. El 18 de noviembre, el gobierno de Mendoza presentó una “Guía de la Autoridad Ambiental Minera de Mendoza: Estudios Glaciares y Ambientes Periglaciares”^[1]. Un protocolo que exige estudios geológicos, hídricos, climáticos y glaciológicos con data científica durante al menos 2 o 3 años. Pese a la retórica institucional sobre “cuidar” los ambientes periglaciares, el nuevo protocolo opera como un dispositivo de legitimación del extractivismo. Se produce una burocracia técnico administrativa que aparenta rigurosidad científica, pero que en la práctica tiende a subordinar el conocimiento glaciológico a los intereses del lobby minero.

No es casualidad que mientras Milei prepara su avanzada nacional sobre los glaciares, Cornejo se adelantara queriendo habilitar el saqueo y la contaminación de nuestras cuencas. El gobierno nacional firmó un acuerdo comercial con los Estados Unidos que implica el paso de nuestro país a una economía primarizada y dependiente, a ser el patio trasero de la potencia norteamericana. Un acuerdo comercial que va en sintonía con permitir a los capitales extranjeros llevarse en pala el cobre de nuestra cordillera, poniendo en riesgo las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestra provincia, y la salud de los vecinos y vecinas.

Pero ya les frenamos una vez: en 2019, con la organización popular se logró torcer el rumbo y defender la Ley 7722 en las calles, con una lucha masiva que se transformó en ejemplo para el país. Esa memoria sigue presente, es fuerza y es advertencia.

Hoy Mendoza vuelve a estar en alerta en defensa por el agua. La única garantía de que no avancen sobre nuestros glaciares, nuestras montañas y ríos, es la organización social sostenida, la participación comunitaria y la movilización. Porque el agua no es mercancía, es nuestra fuente de vida, por eso, el agua no se vende, se defiende.

^[1] El ambiente periglaciar refiere tanto al ambiente que rodea a un regiones de procesos significativos de congelación y descongelación del suelo. Tanto los glaciares como los ambientes periglaciares representan reservas importantísimas de agua dulce y cumplen una función de regulación del clima y de las cuencas hídricas.