El decreto ley 21382 de Inversiones Extranjeras, aún vigente, fue producto de la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz en 1976, (…) anulando un importante número de regulaciones que se establecían sobre el ingreso de los capitales extranjeros al país. (…) El gobierno de Carlos Menem aprobó el texto reordenado del decreto ley 21382 y no sólo ratificó el decreto de la dictadura, sino que lo hizo aun más liberal, estableciendo la colocación de capitales extranjeros sin aprobación previa y la repatriación de sus utilidades en cualquier momento.

Diario Rio Negro. 14/10/15

Parándose sobre el decreto de la dictadura, Menem impulsó durante sus años de gobierno, pero fundamentalmente entre 1993 y 1995, una serie de leyes, modificaciones y normativas que permitieron el establecimiento de grandes empresas mineras transnacionales en Argentina, fundamentalmente en provincias andinas como Catamarca, San Juan, Mendoza y Santa Cruz.

Es a partir de este momento que podemos empezar a hablar de mega minería en la Argentina. Para el impulso de estas leyes, Menem se apoyó sobre el entonces presidente de la comisión de minería de la cámara de diputados, José Luis Gioja, quién años más tarde sería gobernador de San Juan.

La minería a cielo abierto

Para comienzos de los años 2000 ya se habían establecido las principales grandes empresas en la mayoría de los grandes yacimientos mineros que conocemos hoy, y particularmente las que traerían a la Argentina un nuevo método de extracción de recursos: la minería a cielo abierto. Este método de extracción, que reduce notablemente los costos de inversión a las empresas transnacionales que lo eligen, consiste en dejar de construir galerías subterráneas y empezar a remover inmensas cantidades de tierra mediante “explosiones controladas”. Se generan inmensos cráteres en el suelo que pueden llegar a tener hasta 1000 metros de profundidad. Mediante procesos químicos se separan los minerales de la tierra y, a medida que estos se van agotando, los cráteres se amplían cada vez más, y así hasta que deje de resultar rentable.

Para extraer metales como oro y plata se utiliza cianuro, un compuesto altamente tóxico de múltiples usos industriales (por ejemplo, la fabricación de plaguicidas). Para la extracción de metales se utiliza disuelto en agua, la cual es desviada previamente de ríos o arroyos de alta montaña. Luego de realizado el proceso, el agua se desecha. Las cantidades de agua que se desperdician en este proceso son difíciles de dimensionar pero podemos decir que cada gramo de oro extraído precisa al menos más de 1000 litros de agua. En 2013, un informe del CONICET demostró la contaminación con cobre en canales provenientes de la mina “bajo la alumbrera”, en Catamarca, que llevan agua al río Salí, uno de los principales que desembocan en la laguna de Mar Chiquita, Córdoba.

La lucha arranca leyes contra la mega minería

En abril de 2003, en Chubut, se sancionó la ley 5001, que prohibía la minería a cielo abierto y el uso de cianuro en la provincia. Para el 2009, Pan American Silver Corp. iniciaría el proyecto navidad para extraer plata y plomo en el norte de la provincia. En 2012 al gobierno provincial de Martin Buzzi (FpV) comenzaría a impulsar medidas que promuevan la actividad minera. Estas medidas no solo no prosperaron sino que para fines de ese año Pan American Silver anunciaría la suspensión de su proyecto, y dos años más tarde se sancionaría la ley XVII n° 127, que establece la aprobación de las comunidades aledañas a los yacimientos mineros proyectados como requisito para su puesta en práctica. Hoy Pan American Silver, a pesar de no poder desarrollarlo plenamente, no ha abandonado el proyecto.

En junio de 2007, tras grandes jornadas de protesta y movilizaciones en toda la provincia, se aprobó la ley 7722 en la provincia de Mendoza, que prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el ácido sulfúrico en la actividad minera e impone serias normas y controles a la obtención de permisos para emprender los proyectos, entre otras cosas. Fundamentalmente son esas las normativas que intentó modificar el gobernador Suárez estas últimas semanas, con el apoyo del Frente de Todos y el mismísimo Alberto Fernández. Pero fue la misma receta que conquistó la ley en 2007 la que frenó las modificaciones 12 años después. La movilización popular impuso la derrota del gobierno y obligó a los legisladores a derogar la ley que ellos mismos habían aprobado.

También en 2007, pero en La Rioja, el entonces gobernador Ángel Maza (kirchnerista) hizo un acuerdo con la Barrick Gold (empresa con grandes instalaciones en San Juan, y un extenso historial de accidentes, derrames y derrumbes) para extraer oro a cielo abierto en la zona de las viejas minas de la localidad de Famatina. Nuevamente, fue la organización y la movilización la que le puso el freno al acuerdo. Grupos de docentes y vecinos empezaron a realizar cortes de ruta en los accesos a los yacimientos, que ante el endurecimiento de la posición de Maza, se prolongaron por meses. Esto acabó generando una crisis política, que no solo le puso fin al acuerdo, sino que terminó con el entonces vice gobernador, Luis Beder Herrera, impulsando medidas en la legislatura que culminarían en el pedido de juicio político que culminó con la destitución de Maza.

El agua y la salud no entran en el acuerdo social

Desde los años 90’ hasta el 2015, las regalías y retenciones que las empresas mineras deben dejar en las provincias y el país han sido miserables: aumentando progresiva y lentamente del 3% al 5% aproximadamente, contando incluso con pequeños reintegros y reembolsos promovidos por todos los gobiernos nacionales hasta la fecha. La megaminería ha logrado ser siempre una actividad de saqueo en el sentido más literal posible.

En el 2016, entre los brutales tarifazos, Macri decidió retirarles las retenciones a todas las empresas mineras transnacionales e incluso implementar un subsidio a los servicios que las mismas consumían.

Las modificaciones a las leyes vigentes impulsadas en Mendoza y Chubut no son coincidencias. Las empresas transnacionales que destruyen nuestros recursos naturales para obtener riquezas inmensas son parte del acuerdo social que promueve el gobierno de Alberto Fernández.

La mega minería es una de las demostraciones más crudas de la lógica capitalista. Se explotan miles de hectáreas de montaña, se contaminan cientos de miles de litros de agua potable, se enferma a la población y se destruye el medio ambiente solo para llenar los bolsillos de unas pocas empresas extranjeras, empobreciendo regiones enteras. Todo siempre con la plena complicidad de los gobiernos que son fieles a sus intereses. Las fortunas se las llevan al exterior y en el interior queda tierra arrasada.

En los últimos años, grandes cantidades de jóvenes han salido a las calles de todo el mundo en defensa del medio ambiente, contra la contaminación y el cambio climático, en muchos casos incluso responsabilizando directamente al capitalismo. El pueblo mendocino demostró que la única forma de frenar el avance de las mega mineras es mediante la organización y la lucha en las calles.

Un plan de desarrollo nacional racional sólo puede venir de la mano de la prohibición de la megaminería contaminante en todas sus formas, la expropiación de las mineras sosteniendo los puestos de trabajo. La minería puede ejercerse sin destruir el suelo y las poblaciones aledañas, pero para eso es necesario animarse a tocarles los bolsillos a los empresarios, que usan los métodos megamineros para ahorrarse inversión y llevarse ganancias extraordinarias con consecuencias dramáticas para el suelo, el agua y el territorio que tenga la mala suerte de tener oro bajo tierra.

La única salida al problema ambiental es anticapitalista.