Ecuador lleva 7 días sumergido en un paro encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El banderazo para las protestas fue un decreto presidencial que eliminó el subsidio al diésel, el cual produjo un encarecimiento del costo de la vida en las zonas agrícolas de hasta el 56%.

La Conaie presentó diez demandas al Gobierno, entre las que destacan la eliminación del Decreto 126, la reducción del IVA del 15% al 12% y el rechazo a la consulta popular para conformar una nueva Asamblea Constituyente.

En su séptimo día, el paro mantenía bloqueadas seis provincias. Imbabura se coloca como el centro de las protestas. Este escenario recuerda a la rebelión popular contra el gobierno de Lasso, la cual estalló luego de que intentara aumentar el precio de los combustibles.

Daniel Noboa responde a las protestas con fuertes operativos represivos que, al momento de escribir esta nota, ya dejan a una persona muerta, 48 personas heridas, 63 arrestos y 6 desaparecidos.

El fuerte despliegue represivo y militar preocupa a organizaciones sociales, pues, según denuncian, representa un riesgo real de violación de los derechos humanos contra las personas manifestantes.

Paulina Verkoutere, viceprefecta de Imbabura, denunció que, en su caso, “nos han bloqueado nuestras cuentas, nos han retenido, estamos en cero (…) Además, me he enterado de que, junto a varios líderes del movimiento indígena nacional, defensores de la naturaleza y algunas autoridades, como es mi caso y la del prefecto, estamos en una lista de una presunta investigación por enriquecimiento ilícito”.

Con el transcurrir de los días, las protestas contra el encarecimiento en el costo de vida se convirtieron en un pulso entre el Ejecutivo y el movimiento indígena. En ese marco, el presidente Noboa intentó aplicar una estrategia de “divide y reinarás”, comenzó a trasladarse en un convoy militar a los distintos puntos álgidos de las manifestaciones para entregar ayudas en bonos económicos y productivos.

La caravana de Noboa fue atacada en Cotacachi, según el gobierno, como resultado del asalto 17 militares fueron “secuestrados”, las dirigencias indígenas niegan estar involucradas con dicha acción, ya que no son extorsionadores.

Dicha situación le ha dado insumos al gobierno para mantener una narrativa, según la cual las protestas estarían incitadas por “infiltrados del Tren de Aragua”. De esta forma, busca justificar la escalada de la represión y, ese mismo día, circuló en redes sociales imágenes que evidenciaron el uso de balas por parte de los soldados. “Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas”, denunció la Conaie.

El país andino entró en los últimos 5 años en una espiral de aumento de la narco-violencia. En ese contexto, Noboa -un derechista autoritario- optó por una salida punitiva, dirigiendo más recursos a construir cárceles e, incluso, en la pasada campaña electoral contrató al grupo paramilitar Blackwater para “enfrentar a las pandillas”.

Ahora, el presidente ecuatoriano utiliza la narco-violencia y la narrativa de la “guerra contra las drogas”, para legitimar el uso desproporcionado de la violencia contra la población civil que sale a las calles a protestar por el encarecimiento del costo de vida.

La Constituyente de Noboa: un regalo para el imperialismo estadounidense

El 24 de septiembre, en medio de la convulsión social, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable para que se convoque a una consulta popular que permita, entre otras cosas, la instalación de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución y, así, levantar la prohibición de las bases militares extranjeras en territorio nacional.

En primera instancia, el mandatario intentó saltarse la consulta a la Corte Constitucional. Sin embargo, debido al incremento de las críticas, tuvo que retroceder y optó por realizar la consulta popular.

Ya con la aprobación para llevar adelante la consulta, Noboa está presionando al Consejo Electoral para que el país acuda a las urnas el 26 de noviembre. Esta institución puso el acelerador y aprobó de forma inmediata el inicio del proceso de convocatoria a elecciones.

Si la consulta popular da el sí a la propuesta de Noboa, tendrán que iniciar el proceso para votar y elegir 80 asambleístas constituyentes que redactarán el nuevo texto constitucional que, para entrar a regir, deberá ser aprobada en otra elección nacional.

El apremio de Noboa se da luego de la gira que hizo el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en la cual se discutió el apoyo financiero por parte de Washington para el armamento del ejército ecuatoriano y se dejó abierta la posibilidad de reabrir una base militar en el país sudamericano.

La posibilidad de instalar bases estadounidenses en Ecuador fue barajada por Noboa desde su reelección. En aquel momento cerró dos acuerdos con el imperialismo estadounidense para: 1) instalar una base militar yankee en las islas Galápagos —que de paso, podría convertirse en un ecocidio—, y 2) reabrir la base militar en Manta, la cual fue cerrada en 2010, cuando entró en vigencia la ley constitucional que prohibía las bases militares extranjeras. Ahora, Noboa quiere quitarse el lastre de esa prohibición constitucional.

Con la propuesta actual del gobierno cipayo de Noboa, el imperialismo estadounidense estaría recibiendo la “invitación” que esperaba para realizar un despliegue militar en el país. Esto debe leerse, también, en el marco de las amenazas contra Venezuela. Al momento de hacer la gira, Rubio lo “justificó” bajo la excusa de combatir el narcotráfico y señaló a Maduro como el líder de una organización criminal y terrorista.

Sin duda alguna, las protestas en Ecuador (así como las de Perú) muestran la posibilidad de que ocurra un mayor dinamismo de la lucha de clases en la región. Ambas tienen un contenido de protesta contra las condiciones precarizadas de vida para amplios sectores de la población trabajadora y la juventud.