Así lo demuestra un informe reciente del Colegio de Abogados de la Capital Federal basado en las estadísticas judiciales a nivel nacional. La litigiosidad laboral en Argentina es baja en relación a la cantidad de trabajadores registrados y en la mayoría de los casos se debe a accidentes de trabajo. Es puro chamuyo que existan empresas que cierran sus actividades por juicios laborales. Un cuento para justificar reformas anti obreras y la super explotación.

Una de las ideas más propagandizadas por Milei y otros impulsores de la reforma laboral (desde la ultraderecha hasta el peronismo) es el cuento de la «industria del juicio». La idea es que existirían abusos masivos de la ley de contratos de trabajo que imponen cargas impagables a las empresas (en la formulación de los reformistas, sobre todo las «pymes») que obligan al cierre de firmas. En el mundo alternativo de los ideólogos de los negreros, los pobres empresarios son las víctimas del trabajador que pierde un dedo o un brazo en la máquina de picar carne de la explotación capitalista.

Esto es mentira de principio a fin. En primer lugar, porque la litigiosidad en Argentina es relativamente baja en relación a otros países. Así lo dice un informe del Colegio de Abogados de la Capital.

«Entre 2014 y 2023, se dictaron en la Justicia Nacional del Trabajo –que concentra el mayor volumen de causas laborales del país, con competencia territorial limitada al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires– unas 257.000 sentencias definitivas, lo que equivale a unas 25.700 por año. Si se compara este número con la población ocupada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (CABA y conurbano), estimada en alrededor de 5 millones de personas, se advierte que la cantidad de sentencias representa apenas el 0,5% anual de dicha fuerza laboral. Este dato confirma que la litigiosidad judicial laboral está lejos de ser masiva o abusiva. Incluso, proyectando sobre diez años, sólo un segmento reducido de la clase trabajadora que se desempeña en esta jurisdicción accedió a una sentencia judicial, lo cual desmiente la existencia de una ‘industria del juicio’ generalizada».

A nivel nacional, el porcentaje es todavía más bajo y se mantiene relativamente estable a través de los años. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo «en marzo de 2024 este fuero dictó 3.542 sentencias definitivas (aprox. 118 por día) y contabilizó 17.083 expedientes que estaban para el dictado de sentencia. Ese volumen de causas pendientes equivale apenas al 0,12% de la masa laboral total del país; proporción similar a la de años anteriores». De hecho, la gran mayoría de los juicios laborales no son por despido (como clama la derecha) sino por accidentes de trabajo. Y se dirigen, no a las empresas directamente, sino a las aseguradoras de ART.

Recesión y reforma laboral

Es absolutamente falso que la alta conflictividad judicial perjudique la creación o el sostenimiento de puestos de trabajo. Solo el 0,1% de los trabajadores del país acuden anualmente a los juzgados por causas laborales. La relación es exactamente inversa: la litigiosidad tiende a subir cuando se aplican políticas públicas de destrucción de puestos de trabajo como las que pretende imponer Milei. De hecho, el pico histórico de juicios laborales en el país se dio en el período 1990 – 1991, fruto de las privatizaciones menemistas que dejaron a miles de trabajadores en la calle.

Este dato reenvía al evidente gesto «preventivo» en la cruzada contra la «industria del juicio». El mileísmo y los sectores afines (con las patronales tras el telón) no quieren eliminar las indemnizaciones porque la litigiosidad sea alta hoy sino porque saben que, de aplicarse el plan de destrucción masiva del trabajo que propone Milei, la litigiosidad tenderá a subir. Entre la modificaciones a la legislación laboral que propone el gobierno se incluyen límites a la tasa de interés en sentencias laborales, topes en los honorarios legales, la creación de fondos de cese laboral (del tipo UOCRA) para eliminar las indemnizaciones y otras.

Ese es el sentido de la reforma mileísta y ya es la tendencia que impone su programa económico. Como señala el informe citado, la «destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses responde, como han reconocido entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina (UIA), a la abrupta caída del nivel de actividad. Sectores como la construcción, el textil, el calzado o los cueros registran contracciones del 20 al 30%, y la propia UIA ha señalado que desde marzo se pierden entre 1.000 y 1.500 empleos industriales por mes».

Y no hay que olvidar que la informalidad laboral llegó en estos días al 43% de la mano de obra empleada del país. En la franja de los 26 a los 24 años de edad, esta cifra trepa por encima del 60%. Es una porción enorme (casi la mitad del total y más de la mitad en la juventud) que no cuenta con derechos laborales reconocidos y en los cuáles acceder a un juicio por despido o por cualquier otra causa es mucho más difícil. Si estas son las proporciones del negreo en el mercado de trabajo argentino hoy, el panorama con la aplicación de la reforma que propone Milei resultaría monstruoso. No es una reforma para «terminar con la industria del juicio» y «favorecer el blanqueo». Es una reforma para someter a la clase trabajadora argentina a la hiper explotación legalizada y sin derechos.