Una nueva condena, mucha lucha por delante
“Verónica Castelli, hija de detenidos desaparecidos, afirmó que la sentencia le dejó ‘sabor a poco’, porque ‘nada va a reparar lo que nos quitaron, pero como sociedad argentina nos merecemos condenas mejores para que sean reparatorias’.” (…) “Para Silvia Saladino, sobreviviente de ese campo clandestino de detención, el final del proceso le dejó sensación de ‘poco’, porque consideró que ‘las condenas fueron bajas’ y que ‘la justicia fue tardía’.” (Página 12, 1/4/22)
Se conoció el veredicto del juicio llamado Vesubio III, iniciado el 1ro de noviembre de 2019.
Este centro clandestino estuvo en funcionamiento (se calcula que entre el 76 y el 79, desmantelado al llegar la CIDH) en la Autopista Ricchieri y Camino de Cintura, en La Matanza, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.
Se condenaron a seis agentes del SPF y a dos militares. Penas de prisión perpetua les correspondieron al ayudante de 5° Milcíades Luis Loza, al oficial adjutor Hugo Rodríguez y al coronal David Cabrera Rojo, por considerarlos coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos. El adjutor principal Eduardo David Lugo fue condenado a 15 años de prisión, el ayudante de 5° Olegario Domínguez a 14 años y los subayudantes Roberto Horacio Aguirre y Florencio Esteban Gonceski a 13 años y 6 meses, al considerarlos partícipes secundarios. Asimismo, el exteniente Eduardo Cubas fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión. Fue considerado coautor del delito de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa por el caso de Mario Ruben Arrosagaray.
La fiscalía había solicitado 7 condenas a prisión perpetua y una pena de 10 años era la más baja solicitada.
Las votaciones de los jueces intervinientes fueron por mayoría de 2 a 1 en la consideración de “partícipes secundarios” o “coautores” (favoreciendo con la primera categoría) a los condenados con penas menores, a los que la fiscalía había solicitado perpetua. Así como en la calificación de que las condenas de lesa humanidad (consideración resuelta por unanimidad) fueran en el marco de un genocidio. Una figura que no sólo es legal, sino política, ya que se cuestiona de esa manera el objetivo de exterminio de un sector de la población. Exterminio que a lo largo de la historia ha tenido distintos colores (raza, origen, adhesión política), pero el mismo objetivo: no dejar huella de un sector de la población, en nuestro caso, de una amplia vanguardia luchadora de muchos miles “bancada” por millones de trabajadores y jóvenes que apoyaban un cambio social.
“Sabor a poco”. Con estas palabras expresó su sensación después de conocer el veredicto una de las querellantes, hija de desaparecidos. Festejaron los avances, pero no se vieron reconocidas en el sufrimiento y el horror que vivieron sus familiares en las condenas recibidas que no fueron prisión perpetua.
Esa “sensación” es la misma que sentimos nosotros al escribir estas líneas. Porque, más allá de las consideraciones puntuales y las disidencias entre los/as jueces actuantes, hay un abismo real entre las atrocidades cometidas por los acusados y el veredicto. Los testimonios recogidos evidencian, según los querellantes, que los “partícipes necesarios” actuaron con la misma crueldad que el resto, que su responsabilidad no era menor en la efectividad de sus crímenes y torturas.
Celebramos este avance, aun con los limites expresados por las víctimas, y seguimos bregando por la aceleración de los juicios y que los detenidos dejen sus domicilios y vayan a cárcel común y efectiva. Estas medidas urgentes y necesarias son las que desde el gobierno y los máximos organismos de la Justicia deben poner en marcha para que las demostraciones masivas del 24 de Marzo sean tenidas en cuenta, no sólo “para la tribuna” y correspondidas desde las jerarquías supremas del Gobierno y la Justicia.
