Traducido del portugués al español por Víctor Artavia

Cuando cerrábamos esta nota, el “PL de la Dosimetría”, léase PL de la Amnistía, estaba siendo votado en el Senado Federal después de haber tenido su informe aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) en un “acuerdo de procedimiento” por la dirección del gobierno en el Senado. Terminamos, así, el año con una importante victoria táctica de la contraofensiva ultrarreaccionaria (Centrão y bolsonarismo), que reduce drásticamente las penas de Bolsonaro y de los demás golpistas.

Pero, también, llegamos al final del año con dos huelgas nacionales —petroleros y trabajadores de Correos— que se enfrentan al gobierno y a la clase dominante. Frente a esto, es necesario que la izquierda socialista combine el apoyo a las huelgas en curso con la lucha para que la condena del golpismo, una victoria histórica, no sea secuestrada por la extrema derecha.

El castigo al golpismo es saboteado por el lulismo

Lula 3 se caracterizó desde el comienzo de su mandato como un gobierno burgués de conciliación de clases que intenta normalizar el régimen democrático burgués desde arriba, otorgando fuertes concesiones a la clase dominante, en contraposición a las débiles concesiones que da a la clase trabajadora. Esta estrategia política solo puede llevarse a cabo mediante un proceso permanente de desmovilización, desvío, traición y ataque a las luchas de los trabajadores y oprimidos.

Yendo a los hechos más recientes, mientras el gobierno negocia lo innegociable con el ultrarreaccionarismo, este pasa a la contraofensiva tras el decreto de prisión de Bolsonaro. Este movimiento se realiza a través de una serie de ataques que no afectan solo el equilibrio entre los poderes, como suelen señalar los analistas de los grandes medios, sino que son ataques que afectan a los derechos políticos, económicos y sociales de los trabajadores y oprimidos en su conjunto.

Verificamos una importante reserva de combatividad, pues existen determinadas fronteras —derechos democráticos y conquistas— que sectores de masas no permiten que sean sobrepasadas. Por eso, incluso con la estrategia de desmovilización del lulismo, las manifestaciones del 21 de septiembre —que llegaron a movilizar cerca de 40 mil personas en São Paulo— hicieron que el bloque ultrarreaccionario retrocediera de la PEC del Blindaje.

Sin embargo, la táctica del lulismo es aislar cualquier proceso de movilización para que no escape a su control, es decir, para que las masas no marquen la tónica política en las calles y no estorben los acuerdos por arriba. Lo que ciertamente favoreció la contraofensiva ultrarreaccionaria que terminó con la aprobación del PL de la Amnistía en el Senado y que también ha significado otros retrocesos.

Por su parte, las manifestaciones del último domingo (14 de diciembre), convocadas centralmente contra el PL de la Amnistía, reunieron a un número menor de personas en relación con las del 21 de septiembre: en São Paulo 13,7 mil personas y en Río de Janeiro 18,9 mil. No obstante, incluso ante un número menor de participantes debido a la débil convocatoria del oficialismo, estas manifestaciones tuvieron repercusiones políticas importantes.

Aun así, la lucha en las calles contra la amnistía a los golpistas fue traicionada por el lulismo. En lugar de pedir vistas para que la votación se trasladara al próximo año, lo que nos daría más tiempo para organizar la resistencia, la dirección del gobierno en el Senado (Jaques Wagner) hizo un acuerdo que permitió la tramitación de la amnistía en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y su posterior votación en el Pleno del Senado, a cambio de un proyecto que aumentaría en cerca de 22 mil millones la recaudación del gobierno el próximo año con la imposición a las big techs, apuestas, etc.

Al ser cuestionado sobre este acuerdo, Wagner afirma que “no había el menor motivo para empujar la decisión hacia adelante”, porque la oposición tenía votos para aprobarlo ahora o el año que viene de la misma forma. Esto es de un cinismo traidor sin igual, pues un político experimentado como él sabe que en política los tiempos son fundamentales, y haber llevado esta votación al año que viene habría sido tácticamente mucho más ventajoso para la perspectiva de derrotar esta contraofensiva, en la medida en que podríamos haber tenido más tiempo para movilizar en las calles contra su aprobación.

Tampoco nos convencen las declaraciones de Lula de que no fue consultado sobre la maniobra de Wagner y de que vetará este peligrosísimo proyecto… ¿Cómo una maniobra política como esta pasaría sin el visto bueno de Lula y de sus ministros más cercanos antes de ser implementada por la dirección del gobierno?

De cualquier manera, es responsabilidad política de Lula y de su gobierno que el ultrarreaccionarismo haya terminado este año con una victoria importante —aún temporal, pues podemos derrotarla el próximo año con movilización en las calles— que reduce la pena de Bolsonaro (de cerca de 7 años a 2 años y 4 meses) y de los demás jefes golpistas.

Esa maniobra traidora del gobierno —un gran acuerdo con el Congreso que involucró también al STF— permitió el secuestro temporal de una victoria inédita que pone en riesgo los derechos democráticos: la reducción de la pena abarata enormemente el castigo a los ataques contra los derechos democráticos. Por eso, el castigo a Bolsonaro y a todos los golpistas vuelve a ser una lucha central en el próximo período (de forma combinada con las huelgas en curso).

Impunidad para los golpistas y represión contra los luchadores

La contraofensiva autoritaria no se limita a la aprobación del PL de la Dosimetría. Se completa con el punitivista “PL AntiFacción”, proyecto que preferimos llamar PL de la Represión. Este proyecto de carácter punitivista, inicialmente propuesto por el gobierno federal, se transformó abiertamente en un proyecto autoritario con la relatoría de Guilherme Derrite. Así, si el PL de la Amnistía realimenta el golpismo, el PL de la Represión ataca los derechos democráticos de organización y de lucha bajo el discurso de combate a las facciones criminales.

Este PL establece como delito prácticas asociadas al “control social”, la “intimidación de autoridades” y el “ataque a servicios e infraestructura esenciales”, creando el delito de “dominio social estructurado” y previendo penas que pueden llegar a 30 años de prisión, incluso para individuos que no integren facciones criminales. Este encuadramiento deliberadamente abstracto abre margen para que huelgas, ocupaciones de tierra, piquetes, bloqueos de carreteras y protestas en general sean encuadrados como acciones criminales. De este modo, la lucha político-social de los explotados y oprimidos, que ya es tratada como un caso policial en Brasil, pasa a ser totalmente criminalizada por este PL.

El carácter de clase de esta contraofensiva es evidente. Mientras el Congreso —ante la complicidad del poder judicial y del gobierno— se mueve para garantizar impunidad a los golpistas, también endurece la legislación contra quienes luchan por sus derechos políticos, económicos y sociales.

Se trata de un ataque sin frenos a los derechos democráticos de lucha y organización que deja al descubierto el carácter de clase del Estado burgués brasileño: mientras el crimen político cometido por la burguesía tiende al perdón, la lucha colectiva de la clase trabajadora tiende a la represión; eso, si las calles no son ocupadas efectivamente por la movilización independiente. Este conjunto de proyectos que tramitan en el Congreso no son rayos en cielo despejado, sino parte de una estrategia de recomposición autoritaria del régimen que busca imponer a la clase trabajadora brasileña un nivel cualitativamente superior de opresión y explotación.

Este escenario se desarrolla bajo un gobierno de conciliación de clases que busca gobernabilidad negociando con el ultrarreaccionarismo, la gran burguesía y las fuerzas represivas del Estado. Como vimos más arriba, al apostar por la conciliación de clases, el gobierno de Lula, así como todos los gobiernos lulistas de ayer y de hoy, abre espacio para el avance de la extrema derecha y para una agenda que amenaza directamente los derechos democráticos más importantes, es decir, los de organización y lucha.

Fracaso del oportunismo y límites del economicismo

El PL de la Amnistía tiene como objetivo no solo reducir penas, sino abrir el camino para el perdón y la rehabilitación política total de Bolsonaro y de los demás jefes golpistas. Este proyecto de ley, así como otros que están en curso, no es una medida aislada para favorecer a los golpistas. Estamos, sí, ante medidas que buscan establecer un régimen político en el que no existan garantías democráticas efectivas para las masas.

En este sentido, el 8 de enero de 2023 fue un escenario de prueba —un golpe farsesco— que en aquella ocasión, por una cuestión de correlación de fuerzas, no contó con el apoyo de la mayor parte de la burguesía, de los jefes de las fuerzas armadas, del poder judicial, de los grandes medios y del imperialismo estadounidense. Pero, a pesar de los importantes procesos de resistencia en todo el mundo, nos encontramos ahora en una nueva coyuntura política internacional más reaccionaria con la elección de Trump, con su ofensiva sobre Venezuela y sobre América Latina.

Frente a un nuevo escenario electoral similar al de 2022 —una coyuntura en la que la disputa política nacional vuelva a darse de forma ultrapolarizada— no está descartado que el imperialismo y la mayor parte de la clase dominante se coloquen a favor del golpismo y del cierre del régimen.

Este es un escenario político que no podemos descartar para octubre del próximo año; por el contrario, es necesario considerarlo en toda su extensión. Pero esta alerta no puede servir para justificar la conciliación, el campismo y la pérdida total de la independencia política, como hacen corrientes como Resistencia-PSOL, que utilizan los peligros provenientes de la extrema derecha como un espantajo para justificar su integración total en el frente político con el PT y la burguesía.

La dirección de la corriente citada arriba, así como lo hace la amplia mayoría de las corrientes del PSOL, promueve una confusión deliberada entre táctica electoral y estrategia política. Al decir que solo Lula puede vencer electoralmente al Centrão y al Bolsonarismo, quieren justificar una línea oportunista que desarma frente a lo fundamental, que es mantener la lucha en las calles.

Contrariamente a la conclusión abiertamente oportunista de estas direcciones, el programa, las estrategias y las tácticas políticas se ven directamente afectados cuando se forma parte de un frente político o de un gobierno de conciliación de clases con la burguesía. Como ejemplo reciente, la desmovilización de las calles después de las manifestaciones del 21 de septiembre permitió la contraofensiva reaccionaria que se manifiesta a través del PL de la Amnistía y otros ataques que no fueron mínimamente combatidos por el PSOL y sus corrientes mayoritarias.

El acuerdo del gobierno con el ultrarreaccionarismo que permitió la tramitación del PL de la Amnistía es un ejemplo dramático de lo que estamos diciendo. De forma totalmente contraria a lo que afirman Arcary y los demás dirigentes del PSOL, los gobiernos de conciliación de clases, tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, terminan atacando los intereses de los trabajadores.

La participación en gobiernos de conciliación de clases solo sirve para echar agua al molino de la conciliación, de la desmoralización y de la desmovilización. De este modo, esta línea solo sirve para preparar derrotas, pues se pierde lo que es fundamental en la política de la izquierda revolucionaria: la capacidad de actuar para luchar por rumbos políticos que interesen a los trabajadores y oprimidos, y eso no se puede hacer sin independencia de clase.

Pero también cabe aquí una crítica a la línea economicista y sectaria de una parte de la izquierda revolucionaria frente a la coyuntura política. De forma totalmente equivocada, organizaciones independientes, como el MRT y el PSTU, optaron por no poner el menor peso político en las movilizaciones del 21 de septiembre y del 14 de diciembre. Esto es un grave error político porque, aunque hayan sido actos dirigidos en parte por el lulismo, también tuvieron el peso que tuvieron debido a la presión desde abajo y, así, fueron fundamentales para hacer retroceder al ultrarreaccionarismo, aunque fuera tácticamente, en su afán autoritario.

Las manifestaciones —de vanguardia de masas y de vanguardia— señaladas arriba fueron contrapuntos importantes a la ofensiva de la extrema derecha. Por eso, era necesario convocarlas para que fueran masivas, así como construir columnas de la izquierda independiente para disputar la línea política.

Esta combinación de economicismo (que subordina las tareas políticas) y de sectarismo (que subordina la unidad de acción y los frentes de lucha) que domina a sectores de la izquierda independiente necesita ser superada. Pues no contribuyó a derrotar a la extrema derecha ni a construir una alternativa independiente de los trabajadores y oprimidos frente a la hegemonía del “luloboulismo”.

En una coyuntura de avance autoritario, pero también de importantes procesos de resistencia, como la huelga de los petroleros y de los trabajadores de Correos, la lucha de los pueblos originarios contra el Marco Temporal, de las mujeres contra el feminicidio, de la organización nacional de los repartidores por mejores condiciones de trabajo y de los demás explotados y oprimidos, es necesario trazar una línea política que combine consignas en defensa de los derechos democráticos con las económicas y sociales, tácticas de frente de lucha independiente y de unidad de acción para enfrentar los ataques de la extrema derecha, de la clase dominante y del gobierno.

Por último, frente a esta peligrosa contraofensiva del ultrarreaccionarismo, es necesario construir formas de organización que respondan a esta coyuntura. Por esa razón, insistimos en la propuesta que hicimos en la última Reunión de la Dirección Nacional de la CSP-Conlutas de convocar urgentemente una Plenaria Virtual Nacional de Luchadores para el inicio del próximo año. Al rechazar esta propuesta, la dirección de nuestra central (PSTU) se mantiene en un rutinismo que desarma a la vanguardia luchadora para enfrentar los dramáticos desafíos del momento. Necesitamos urgentemente una instancia nacional amplia de luchadores para elaborar un plan político-económico de los trabajadores y un plan de luchas independientes que combinen la lucha para derrotar la contraofensiva de la extrema derecha con la defensa y la unificación de las categorías en huelga y movilización.

¡Organizar la movilización independiente para derrotar en las calles el PL de la Amnistía!
¡Por la unificación de las luchas en curso!
¡Todo el apoyo a la huelga de los petroleros y de los trabajadores de Correos!
¡Todo el apoyo a la movilización de los repartidores por apps!
¡Contra la jornada 6×1, reducción de la jornada laboral a 30 horas semanales sin reducción salarial!
¡Contra el feminicidio y todas las formas de violencia contra las mujeres!
¡Repudiamos la agresión imperialista contra Venezuela! ¡Nos colocamos del lado del pueblo venezolano y defendemos incondicionalmente su derecho a la autodeterminación!
¡Que la dirección de la CSP construya una Plenaria Virtual Nacional de Luchadores Independientes!
¡Por un Plan Político y Económico anticapitalista y antiimperialista de los trabajadores!