En medio de una situación de incertidumbre económica por la escalada sin control de los precios, el gobierno buscará modificar por decreto el presupuesto 2022. Recordemos que el mismo corresponde a la prórroga del presupuesto del año anterior tras el rechazo de la oposición.

Es decir: se ajustará el presupuesto en función del acuerdo con el Fondo sin ninguna instancia de debate parlamentario. Buscando de esta manera preservar a Fernández en medio de la interna oficialista y con la oposición perfilándose como recambio de cara a las presidenciales 2023. Aunque muy probablemente, el coro de críticas estalle al día siguiente de su modificación.

La modificación del presupuesto contendrá un fuerte recorte del gasto, aunque el gobierno se maneja con total hermetismo, se espera reducción de partidas para obras públicas y otras áreas.

Los recortes serán otro sapo difícil de digerir para el sector kirchnerista de la coalición oficialista. Pero la implementación del presupuesto por DNU también representa un grato favor a Juntos, que evitará una situación embarazosa como fue votar el acuerdo con el Fondo junto con el gobierno.

Que la modificación no pase por el Congreso no es un dato menor. No se trata de una modificación de pisos y techos presupuestarios, sino de una reformulación integral del presupuesto a partir de los parámetros macroeconómicos del acuerdo.

Yendo a los números, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece una meta fiscal del 2,5% del PBI para el presente año. La situación macroeconómica sufrió algunas modificaciones por la guerra en Ucrania, que supuso un aumento en los costos de la energía. El déficit energético, que se preveía en 3 mil millones, podría ser de 5 mil millones en 2022. Además, la inflación se espera que quede más cerca del 6% que del 5% como se anunció en su momento.

El gobierno ya anticipó que el tope de inflación del 48% establecido en el presupuesto no se cumplirá. Guzmán había anunciado un rango inflacionario de entre el 35% y el 45%. Aunque estos números a la baja funcionan como maniobra para pautar paritarias que pulvericen los salarios con la complicidad de los dirigentes de las centrales sindicales.

La primera misión del Fondo, correspondiente a las evaluaciones trimestrales pautadas en el acuerdo, se adelantó a mayo. Son las revisiones mediante las cuales, vulnerando toda soberanía nacional, el FMI buscará imponer sus intereses sobre las políticas económicas y macroeconómicas de nuestro país.

Tras firmar el acuerdo, el gobierno ha mantenido una comunicación diaria con el FMI, que le ha trasmitido su descontento por algunas medidas. Incluso paliativos mínimos como el bono de 6 mil pesos a jubilados y pensionados es mirado con malos ojos por los técnicos del Fondo.

Otro de los puntos sensibles al bolsillo es el aumento de tarifas. El acuerdo prevé un aumento del 20% para sectores medios y la eliminación para el 10% más pudiente. Pero, tarde o temprano, las subas afectarán a todos los consumidores.