La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) retomó sus operaciones en Bolivia. La agencia imperialista realizó varios sobrevuelos por zonas cocaleras de Cochabamba y Chapare, con el objetivo de establecer “posibles formas de cooperación” con el gobierno del centroderechista Rodrigo Paz.

La DEA fue expulsada del territorio boliviano en el 2008 durante el gobierno de Evo Morales, por intervenir en la política interna y articular complots en contra del entonces mandatario. Desde ese momento, la “cooperación” para el control de las drogas entre Bolivia y la Casa Blanca quedó suspendida.

Con el gobierno de Paz, la política exterior boliviana ha dado un giro, al buscar retornar la relación con Washington. Según el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiciano, la presencia de cárteles internacionales amerita una respuesta coordinada, pues sostiene que su gobierno es incapaz de “enfrentar el narcotráfico solo con la fuerza local; debemos integrarnos y necesitamos cooperación”. En otras palabras, La Paz busca el padrinazgo de Washington para importar la “guerra” contra las drogas al territorio andino.

De esta forma, el actual gobierno de Bolivia expresó su voluntad de sumisión ante la Casa Blanca, para lo cual dispuso el territorio de su país como una pieza más para sumar a la esfera de influencia del imperialismo norteamericano. Es muy similar a lo que ocurrió en Ecuador con Noboa, el cual impulsó la vuelta de las bases militares extranjeras.

Siguiendo esa línea, ahora el centroderechista boliviano busca colocarse a las órdenes de Trump. Sumado a lo anterior, es de remarcar que el gobierno de Paz utilice la retórica de lucha contra las drogas para apoyar el retorno de la DEA.

Sin embargo, tal cómo quedó demostrado luego del ataque estadounidense contra Venezuela y el secuestro de Maduro (casi en simultáneo con la liberación del ex presidente hondureño condenado en Estados Unidos por narcotráfico), lo que le importa al imperialismo norteaméricano no es la “guerra contra las drogas”, sino tener gobiernos sumisos a sus políticas en la región.

De hecho, en este caso la región de Chapare es donde se encuentra actualmente el ex-presidente Evo Morales, dado que ahí se encuentra su principal base de apoyo, el movimiento indígena y campesino.

Incluso, la intervención de la DEA no es nueva en Cochabamba. Entre las décadas de los 70 hasta los 90, con la política de guerra contra las drogas de ese entonces, la agencia estadounidense llevó adelante la quema forzada de plantaciones de cocales por agentes armados. Dicha política produjo enfrentamientos con los campesinos locales, lo cual dejó como saldo una veintena de asesinatos y arrestos.

Tras los sobrevuelos de la DEA se han levantado alarmas entre los movimientos populares bolivianos. Según el secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios, Aquilardo Caricari, la guardia campesina pasó de 2.000 a 7.000 integrantes. Esto en medio del temor por una eventual operación para que la DEA para secuestrar y deportar a Evo Morales.

El ex mandatario boliviano enfrenta desde hace más de un año una orden de detención vinculada a un caso de trata de una menor. Según Caricari, existe temor de un arresto y posterior extradición a Estados Unidos bajo cargos de terrorismo. En medio de dicha situación, Morales ha desaparecido de las actividades públicas.

Tras el accionar de Trump en Caracas, los temores por una eventual persecución contra los cocaleros o un eventual secuestro de Morales por parte de la Casa Blanca no resultan descabellados. Máxime tomando en cuenta la desestabilización política que atraviesa el país y las protestas que se levantaron contra el ajuste del gobierno de Paz al eliminar el subsidio a los combustibles, muchas de las cuales tuvieron su foco en Cochabamba por el peso y tradición de lucha de los grupos de campesinos y cocaleros.