El debate internacional sobre el petróleo de Venezuela volvió al centro de la escena política mundial tras la acción militar imperialista de Estados Unidos que culminó en la detención del presidente Nicolás Maduro en una operación extraterritorial sin respaldo en el derecho internacional.

Presentada por Washington como parte de una supuesta cruzada contra el “narcotráfico” y la “corrupción”, la ofensiva reveló, en la práctica, el viejo repertorio colonial del imperialismo norteamericano: criminalizar gobiernos indeseables, violar soberanías nacionales e imponer por la fuerza una reconfiguración política favorable a sus intereses estratégicos. Esta ofensiva se inscribe en el marco más amplio de la llamada “nueva orden mundial” en gestación, que no corresponde a un sistema estable o consensuado, sino a un período de transición caótica marcado por la disputa abierta entre grandes potencias por la redefinición de esferas de influencia, territorios y recursos estratégicos. En esta perspectiva, las amenazas, los ataques y las intervenciones están a la orden del día.

La operación militar de Estados Unidos denominada “Absolute Resolve”, anunciada como realizada el 3 de enero de 2026 en Caracas, representó una escalada abierta de la estrategia norteamericana contra el régimen venezolano. Fuerzas armadas y unidades de élite capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, fuera de cualquier jurisdicción venezolana, trasladando a ambos a Nueva York en un contexto de confrontación política directa. Lejos de expresar la fuerza de un orden internacional consolidado, la acción expone justamente la crisis de la antigua arquitectura geopolítica y el recurso creciente a la coerción directa como mecanismo de reorganización del poder mundial.

Desde 2017, Washington venía imponiendo sanciones económicas por medio del Departamento del Tesoro (OFAC), provocando una caída abrupta de la producción petrolera venezolana, de cerca de 3 millones a aproximadamente 600 mil barriles por día. Esa reducción afectó el principal eje de la economía nacional, cuya generación de divisas siempre estuvo concentrada en el petróleo. El impacto de las sanciones comprometió ingresos estatales, agravó el colapso económico y profundizó la crisis social. Este tipo de cerco económico funciona como instrumento estructural de la nueva etapa de la disputa imperialista, en la cual bloqueos, sanciones y estrangulamientos financieros sustituyen —o preparan— intervenciones militares directas.

El propio gobierno de Estados Unidos, bajo el mando de Trump, dejó claro que la operación “tiene todo que ver con el petróleo”. No se trata, por lo tanto, de una disputa moral o jurídica, sino de un conflicto material directo en torno al control de las mayores reservas petroleras del planeta. La detención de Maduro no inaugura este proceso: apenas deja al descubierto un movimiento histórico de larga duración, en el cual sanciones, bloqueos, sabotajes económicos y ahora la intervención directa se articulan como parte de una reconfiguración violenta del orden mundial, todavía en disputa, en la que el imperialismo busca asegurar posiciones estratégicas ante el agotamiento del antiguo equilibrio global.

Es a partir de este hecho político concreto que se impone la pregunta central: ¿por qué el petróleo de Venezuela es tan decisivo para Estados Unidos al punto de justificar una agresión abierta contra la soberanía de un país?

Formación geológica y centralidad política del petróleo

La formación del petróleo venezolano comienza mucho antes del conflicto político que hoy se desarrolla en torno al país. Resulta de procesos geológicos que se extienden por decenas de millones de años y que ayudan a explicar por qué este recurso ocupa un lugar central en las disputas en curso. Su origen se remonta al Mesozoico, sobre todo al Cretácico Superior, entre aproximadamente 100 y 65 millones de años atrás, cuando condiciones ambientales específicas permitieron la acumulación de grandes volúmenes de materia orgánica en las áreas que hoy corresponden a la cuenca de Maracaibo y al este del territorio venezolano.

En ese período, extensos mares someros favorecieron el depósito continuo de sedimentos marinos ricos en algas, plancton y microorganismos. Con el enterramiento progresivo, esa materia orgánica atravesó tres etapas a lo largo de millones de años. En la diagénesis, fase inicial, los restos orgánicos comenzaron a transformarse en una sustancia rica en carbono, todavía sin constituir petróleo. Con el aumento de la profundidad, la presión y la temperatura, se desarrolló la catagénesis, etapa en la que esa materia fue convertida en petróleo y gas natural, dentro de la llamada ventana del petróleo. A mayores profundidades, la metagénesis pasó a degradar el petróleo, transformándolo predominantemente en gas.

Movimientos tectónicos posteriores, en especial el choque entre las placas Sudamericana y Caribeña, ocurrido entre 65 y 30 millones de años atrás, produjeron pliegues, fallas y trampas geológicas que permitieron el aprisionamiento del petróleo en grandes reservorios. En la Faja del Orinoco, el petróleo fue sometido a procesos intensos de biodegradación, perdió fracciones livianas y adquirió características de crudo pesado y extrapesado, con elevada viscosidad y mayor concentración de carbono, azufre y metales.

Ese origen geológico explica el alto costo energético de la extracción y la dependencia de infraestructura industrial específica para su transformación en combustible. Un recurso formado a lo largo de millones de años pasa a ser incorporado a cadenas productivas controladas por pocas potencias, ligando la historia natural del territorio al conflicto político que se desarrolla en el presente.

La base material de la codicia de Estados Unidos

El interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano no deriva de una escasez global de petróleo, sino de una contradicción estructural de la propia industria energética norteamericana. El país figura entre los mayores productores mundiales, pero su producción se concentra mayoritariamente en petróleo liviano y de bajo contenido de azufre, más adecuado para la fabricación de gasolina.

El problema central está en el parque de refinación. Gran parte de las refinerías norteamericanas, sobre todo las ubicadas en la Costa del Golfo de México, fue diseñada a lo largo del siglo XX para operar con crudo pesado y ácido. La adaptación de esas unidades para procesar predominantemente crudo liviano exigiría inversiones elevadas y largos plazos de ejecución. Por esa razón, la industria de refinación de Estados Unidos mantiene una dependencia estructural de cargas pesadas importadas.

Durante décadas, el petróleo venezolano sostuvo ese arreglo de forma continua. La nacionalización del sector, el fortalecimiento del control estatal sobre Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y, posteriormente, la imposición de sanciones económicas interrumpieron ese flujo. A partir de ese punto, discursos centrados en democracia, combate a la corrupción y transición política pasaron a operar como justificaciones ideológicas para un objetivo material preciso: restablecer el control sobre reservas estratégicas compatibles con la infraestructura industrial norteamericana.

Esta lectura encuentra respaldo en análisis críticos formulados ya en el período inicial del chavismo. En 2007, Roberto Sáenz observaba que las reformas implementadas no sobrepasaban los límites del capitalismo. El proyecto no asumió un rumbo anticapitalista y preservó la lógica de convivencia entre capital privado y Estado. El deterioro posterior, profundizado bajo el gobierno de Maduro, amplió las fisuras internas y abrió espacio para la ofensiva imperialista. La crisis doméstica pasó a articularse rápidamente con presiones externas interesadas en redefinir el control sobre el sector energético.

Las petroleras en Venezuela: explotación, retirada y disputa por el retorno

La historia del petróleo venezolano está marcada por la relación entre el Estado nacional y grandes corporaciones internacionales. Desde comienzos del siglo XX, la industria fue organizada bajo fuerte dominio extranjero, sobre todo de empresas norteamericanas y europeas. Ese arreglo permitía la extracción con baja tributación y retorno limitado para la economía nacional.

Hasta la nacionalización de 1976, compañías como Creole Petroleum, vinculada a la antigua Standard Oil, controlaban extensas áreas de exploración. La creación de PDVSA transfirió formalmente el control del petróleo al Estado venezolano. En los años 1990, políticas de apertura al capital extranjero ampliaron nuevamente la presencia de multinacionales, en especial en los proyectos de crudo pesado de la Faja del Orinoco.

Ese movimiento fue parcialmente revertido durante el gobierno de Hugo Chávez. El Estado pasó a exigir control mayoritario de PDVSA en las joint ventures y elevó impuestos y regalías. Estas medidas afectaron directamente los intereses de las grandes petroleras internacionales y desencadenaron una retirada selectiva de empresas, proceso intensificado posteriormente por las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Entre las compañías que abandonaron el país se destacan ExxonMobil y ConocoPhillips. Ambas se negaron a aceptar las nuevas reglas, tuvieron activos expropiados e iniciaron disputas en tribunales arbitrales internacionales. Estos litigios pasaron a ser utilizados políticamente por Washington como prueba de expropiación indebida, alimentando la narrativa de inseguridad jurídica.

Otras empresas europeas, como Shell, redujeron o cerraron sus operaciones a lo largo de los años siguientes. Grupos como Repsol y Eni mantuvieron participación en proyectos específicos, sobre todo en el sector de gas natural, pero pasaron a enfrentar bloqueos financieros que dificultaron incluso el cobro de pagos de PDVSA.

En contraste, Chevron permaneció operando en Venezuela mediante licencias especiales concedidas por Washington. Esa excepción expone una contradicción central de la política norteamericana: mientras impone sanciones que asfixian la economía venezolana, preserva la actuación de una empresa considerada estratégica para sus propios intereses industriales.

Paralelamente, empresas estatales o semiestatales de Rusia y China ampliaron su presencia por medio de joint ventures con PDVSA, asegurando acceso al petróleo a cambio de financiamiento, tecnología y respaldo político. El sector petrolero pasó a funcionar como espacio de disputa entre potencias, con diferentes proyectos compitiendo por el control de las mayores reservas del mundo.

Viabilidad productiva y legalización de la apropiación

La ofensiva de las grandes petroleras para “volver” a Venezuela no se apoya en un proyecto real de reconstrucción productiva del país, sino en un intento explícito de transformar el saqueo imperialista en una operación jurídicamente blindada. Las propias declaraciones de los ejecutivos revelan que, sin garantías estatales de Estados Unidos, el negocio simplemente no se sostiene. Los debates que se vienen dando indican que se profundizará la constatación de que la supuesta revolución bolivariana, que muchas organizaciones de izquierda presentaban como un nuevo socialismo, no pasó de pequeñas reformas. Incluso después de las estatizaciones, empresas privadas trabajan en asociación con PDVSA; Roberto Sáenz refuerza en ese sentido: “…no se trata de que toda la economía venga a ser estatizada; las empresas estatales conviven lado a lado con las privadas… Dentro de las empresas estatales —con ‘infracciones’ aquí y allá— continúa funcionando la ley del valor-trabajo.”

El CEO de ExxonMobil, Darren Woods, fue explícito al afirmar que, en las condiciones actuales, Venezuela es “ininvertible”. Su declaración deja claro que el problema no es técnico ni geológico, sino político y jurídico: “Entramos por primera vez en Venezuela en los años 1940 y tuvimos nuestros activos confiscados dos veces. Para entrar una tercera vez, serían necesarias transformaciones muy relevantes respecto de lo que vimos históricamente y del estado actual del país.” Y añade, sin rodeos: “Si analizamos los marcos legales y comerciales existentes hoy en Venezuela, es inviable para inversión.” Es decir: las empresas quieren lucrar mucho y tener respaldo del robo; si algo sale mal, retirarse sin pagar un centavo.

Lo que Woods llama “confiscación” es, en realidad, la reafirmación de la soberanía estatal sobre el petróleo, materializada en las nacionalizaciones y en la exigencia de control mayoritario de PDVSA. Al exigir “cambios en los contratos comerciales, en el sistema legal y en las leyes de hidrocarburos”, Exxon no está pidiendo seguridad jurídica: está exigiendo la reversión de esas conquistas soberanas, es decir, la legalización retroactiva del robo.

La misma lógica aparece en la declaración del CEO de ConocoPhillips, Ryan Lance, que condiciona cualquier inversión a la intervención directa del Estado norteamericano en el financiamiento: bancos estadounidenses, incluido el Export-Import Bank, pueden necesitar participar en el financiamiento de inversiones petroleras en Venezuela.

Es decir: el “riesgo Venezuela” es demasiado alto para el capital privado. Sin dinero público, garantías diplomáticas y cobertura política de Washington, las empresas no entran. Esto desmonta la narrativa de que se trata de inversiones “naturales” del mercado: se trata de operaciones políticamente tuteladas por el imperialismo.

El caso de Shell es aún más revelador. Su CEO, Wael Sawan, afirmó que la empresa está “lista para avanzar”, pero condicionó explícitamente cualquier paso a la aprobación de licencias de Estados Unidos: “Tenemos algunos miles de millones de dólares en oportunidades de inversión, sujetas a la aprobación de las licencias.”

Aquí, la soberanía venezolana ni siquiera entra en la ecuación. La autorización decisiva no vendría de Caracas, sino de Washington. El petróleo de Venezuela pasa a ser tratado como un activo bajo jurisdicción política de Estados Unidos, incluso antes de cualquier cambio formal de gobierno.

Chevron aparece como el modelo preferido de esta nueva etapa de expoliación “legalizada”. Su vicepresidente, Mark Nelson, declaró que la empresa puede ampliar la producción hasta en un 50% en dos años, destacando que Chevron ya logró elevar la extracción de 40 mil a 240 mil barriles diarios bajo el régimen de licencias especiales concedidas por Estados Unidos.

Se trata de una prueba concreta de que las sanciones no son un bloqueo general, sino un mecanismo selectivo: estrangulan al Estado venezolano mientras preservan los intereses de empresas estratégicas norteamericanas.

El cinismo del proceso se vuelve aún más evidente cuando el propio presidente de Estados Unidos afirma que Venezuela ya entregó 30 millones de barriles de petróleo al país, al mismo tiempo que promete “ayudar” a las empresas a operar.

En síntesis, no hay viabilidad económica autónoma para este retorno de las petroleras. El petróleo venezolano es pesado, exige refinación cara, inversiones multimillonarias y estabilidad de largo plazo. Lo que vuelve el negocio “atractivo” no es la rentabilidad en sí, sino la posibilidad de imponer por la fuerza un nuevo orden jurídico, donde el saqueo sea reconocido como derecho y la soberanía venezolana, como obstáculo a ser removido.

La disputa actual no es, por lo tanto, sobre “invertir” o no en Venezuela. Es sobre quién paga los riesgos, quién se queda con las ganancias y quién legitima el robo. Y las propias palabras de los ejecutivos lo dejan claro: sin el Estado imperialista de Estados Unidos como garante, el capital no entra.

A esta inviabilidad jurídica y política se suma un factor decisivo, frecuentemente omitido en el discurso de las petroleras: el bajo precio internacional del barril de petróleo. En un escenario de precios deprimidos o inestables, la explotación del petróleo venezolano —mayoritariamente pesado y extrapesado— se vuelve aún menos atractiva desde el punto de vista estrictamente económico. A diferencia del petróleo liviano, el crudo venezolano exige costos elevados de extracción, dilución, transporte y, sobre todo, refinación, consumiendo más energía y demandando inversiones multimillonarias en infraestructura. Con el barril en niveles relativamente bajos, el margen de ganancia se estrecha drásticamente, lo que explica por qué las propias empresas admiten que, sin garantías estatales, subsidios indirectos y protección jurídica total, el negocio no cierra. En otras palabras: no es el mercado el que empuja a estas empresas de vuelta a Venezuela, sino la promesa de socialización de los riesgos y privatización de las ganancias, financiada por el Estado imperialista norteamericano.

Energía fósil, degradación ambiental y el cuello de botella estratégico de la refinación

Los impactos ambientales asociados al petróleo de la Faja del Orinoco derivan directamente de su composición físico-química y de la cantidad de energía necesaria para volverlo utilizable. Se trata de uno de los perfiles más intensivos en emisiones de la industria petrolera contemporánea. El alto contenido de azufre, la baja proporción de hidrógeno y la elevada viscosidad del crudo aumentan significativamente las emisiones de dióxido de carbono por barril producido, haciendo que la extracción y el procesamiento del petróleo venezolano figuren entre los más contaminantes del sector energético global.

La producción venezolana también está entre las mayores fuentes globales de emisiones de metano, resultado de la quema continua de gas asociado. Este fenómeno se intensificó por años de desinversión, deterioro de la infraestructura y restricciones económicas severas, que ampliaron el desperdicio de gas natural y agravaron el impacto climático de la actividad petrolera en el país. El problema no se limita a las emisiones atmosféricas. Entre 2010 y 2016, la propia PDVSA registró oficialmente decenas de miles de derrames de petróleo, afectando manglares, ríos, áreas costeras y fuentes de agua potable. La interrupción posterior de la divulgación sistemática de esos datos no se correspondió con la eliminación de los derrames: monitoreos independientes continúan identificando ocurrencias recurrentes, sobre todo en las regiones productoras.

Este patrón ambiental no es accidental. Resulta de la combinación entre dependencia extractivista, crisis institucional prolongada y cerco económico externo. En esas condiciones, la actividad petrolera deja de operar apenas como fuente de ingresos estatales y pasa a actuar como vector permanente de degradación ambiental, concentrando daños ecológicos en los territorios productores y profundizando desigualdades regionales. En el contexto de la crisis climática global, este cuadro adquiere relevancia adicional: pese a la creciente evidencia de los límites ambientales del modelo energético vigente, las decisiones políticas siguen orientadas por la expansión de la producción fósil, con la transición energética subordinada a las exigencias inmediatas del capital. Bajo el gobierno de Trump, esta orientación se volvió explícita, con la influencia directa del lobby petrolero sobre la política energética y la marginación sistemática de consideraciones ambientales.

Es en este punto que la disputa en torno al petróleo de Venezuela se desplaza de la extracción a la refinación, etapa decisiva de la cadena energética y uno de sus principales cuellos de botella estructurales. El petróleo crudo, tal como se extrae del subsuelo, no tiene utilidad directa. Su incorporación al sistema productivo depende de la transformación en combustibles y derivados industriales por medio de procesos complejos realizados en refinerías. En el caso venezolano, esa transformación es particularmente costosa, intensiva en energía, tecnología y capital.

La refinación consiste en la separación y transformación de una mezcla extremadamente compleja de hidrocarburos en fracciones comercializables —como gas, gasolina, diésel, queroseno, lubricantes y asfalto—, proceso que ocurre principalmente de acuerdo con el punto de ebullición de cada componente. Antes incluso de la refinación propiamente dicha, el petróleo pasa por un pretratamiento destinado a remover impurezas provenientes de la extracción, como agua salada, arena, arcilla y fragmentos de roca, mediante decantación y filtración, etapas necesarias para reducir la corrosión y preservar los equipos industriales.

La etapa central de la refinación es la destilación fraccionada, en la que el petróleo se calienta a temperaturas cercanas a 400 °C y se introduce en torres de destilación. A medida que los vapores ascienden y se enfrían, los componentes se condensan en distintos niveles según sus puntos de ebullición. Sin embargo, en el caso del crudo pesado y extrapesado, predominante en Venezuela, esta etapa inicial es insuficiente. Gran parte del material permanece como residuo denso, exigiendo destilación al vacío, que reduce la presión interna de la torre para permitir la separación de fracciones muy pesadas sin descomposición térmica.

Incluso después de estas etapas, el rendimiento en combustibles livianos permanece limitado. Por ello se emplean procesos de conversión, como el craqueo térmico o catalítico, que fragmenta moléculas grandes en moléculas menores más adecuadas para la producción de gasolina, diésel y GLP. Residuos aún más pesados pueden ser sometidos al coqueo, que reduce el exceso de carbono y produce coque sólido, mientras libera fracciones líquidas aprovechables. El hidrocraqueo, por su parte, combina altas temperaturas, alta presión e hidrógeno para romper moléculas pesadas y remover impurezas como el azufre, resultando en derivados de mayor calidad. En la etapa final, el hidrotratamiento reduce contaminantes para atender normas ambientales, elevando aún más el consumo energético del proceso.

El conjunto de estas operaciones vuelve la refinación del petróleo venezolano estructuralmente más onerosa y ambientalmente más agresiva que la refinación de petróleo liviano. Es precisamente en ese punto que el petróleo de Venezuela adquiere centralidad estratégica para la estructura energético-industrial de Estados Unidos. Muchas refinerías norteamericanas, especialmente en la Costa del Golfo, fueron diseñadas para procesar crudo pesado importado. En ausencia de ese tipo de carga, esas unidades operan con menor eficiencia en la producción de diésel y derivados industriales, generando cuellos de botella logísticos, aumento de costos y presión sobre el transporte y la producción.

El problema central, por lo tanto, no es la escasez global de petróleo, sino la compatibilidad entre la materia prima disponible y la infraestructura de refinación existente. Controlar el petróleo venezolano significa controlar un elemento crítico de ese sistema, con impacto directo sobre la eficiencia industrial, la estabilidad de la producción de combustibles estratégicos y la reproducción del modelo energético fósil. Por eso la refinación ocupa un lugar central en la ofensiva imperialista sobre Venezuela, articulando degradación ambiental, dependencia tecnológica y disputa geopolítica en torno a un recurso formado durante millones de años, pero consumido bajo la lógica predatoria del capitalismo contemporáneo.

El petróleo de Venezuela en la disputa geopolítica de fondo

Detrás del discurso sobre “transición política”, “seguridad jurídica” y “retorno de inversiones” opera un objetivo geopolítico central de Estados Unidos: sacar el petróleo de Venezuela de la órbita de China. En las últimas dos décadas, frente al cerco económico impuesto por Washington, China se convirtió en el principal destino del petróleo venezolano, además de financista estratégico del Estado venezolano por medio de préstamos, acuerdos de suministro y joint ventures con PDVSA. Ese petróleo no circula libremente en el mercado: funciona como activo geopolítico, garantizando a China acceso estable a energía y reduciendo su dependencia de rutas y proveedores controlados por Estados Unidos.

Eso es exactamente lo que Washington busca desmontar. Al capturar a Nicolás Maduro, imponer un nuevo arreglo político y prometer “abrir” el sector petrolero a las grandes corporaciones occidentales, Estados Unidos no pretende apenas explotar el petróleo venezolano, sino reorientar sus flujos internacionales, desplazando exportaciones hoy destinadas a China hacia refinerías y mercados bajo control norteamericano. Se trata de una operación clásica de guerra económica y energética, cuyo objetivo es debilitar a un competidor estratégico global, al tiempo que se refuerza la propia base industrial y logística de Estados Unidos.

En ese sentido, Venezuela aparece como pieza clave de la disputa interimperialista contemporánea. Controlar su petróleo significa no solo garantizar diésel, refinación y márgenes de ganancia para empresas estadounidenses, sino también interrumpir un eslabón energético vital para China, dificultando su seguridad energética de largo plazo. El petróleo venezolano, formado a lo largo de decenas de millones de años, se convierte así en instrumento inmediato de disputa entre grandes potencias —y la soberanía del pueblo venezolano es tratada, una vez más, como obstáculo descartable.

Geología profunda, impasse histórico y ofensiva imperialista inmediata

El petróleo de Venezuela expresa una contradicción estructural de larga duración. Formado a lo largo de decenas de millones de años por procesos geológicos lentos e irreversibles, es sometido, en el capitalismo contemporáneo, a la lógica acelerada de la acumulación, que convierte recursos naturales en activos a ser rápidamente explotados y apropiados, incluso si ello implica devastación ambiental, destrucción territorial y profundización de la desigualdad. La temporalidad profunda de la geología entra en choque directo con la temporalidad corta, predatoria y violenta del capital.

La detención de Nicolás Maduro se inscribe plenamente en este contexto. No deriva de ninguna preocupación humanitaria, jurídica o democrática, sino que constituye una ofensiva imperialista directa, orientada a restablecer el control norteamericano sobre un recurso estratégico fundamental para la reproducción de la industria, el transporte y la logística de Estados Unidos. Se trata de una operación de fuerza que busca resolver, por la vía coercitiva, aquello que los mecanismos diplomáticos, económicos e institucionales ya no lograron asegurar.

Esta ofensiva, sin embargo, no se sostiene solo en la presión externa. Se apoya en límites reales de la experiencia política venezolana. El chavismo, aunque promovió nacionalizaciones y amplió el papel del Estado en el sector energético, no rompió con las relaciones capitalistas de producción ni construyó mecanismos duraderos de control democrático de la clase trabajadora sobre el proceso productivo. La crisis prolongada expuso estas fragilidades estructurales y amplió el margen de maniobra para la intervención externa. Nacionalización no equivale a socialización, y soberanía formal sobre recursos naturales no implica, por sí misma, ruptura con el imperialismo.

En ausencia de una reorganización socialista de la producción y de una estrategia política independiente de la clase trabajadora, el sector petrolero permaneció vulnerable tanto a la burocratización interna como al cerco externo. Este doble bloqueo —administrativo por dentro, imperialista por fuera— creó un terreno fértil para que la crisis económica, energética y social fuera instrumentalizada como pretexto para una nueva forma de recolonización, ahora centrada en el control directo de las cadenas estratégicas de la energía.

El conflicto en curso, por lo tanto, no se reduce a la disputa por el control de un gobierno o de un aparato estatal. Lo que está en juego es quién decide sobre el destino de una riqueza formada por la propia historia geológica del planeta y en beneficio de qué intereses sociales será utilizada. El petróleo venezolano permanece como pieza central de la engranaje imperial contemporáneo, y la lucha por su control vuelve a colocar, en escala internacional, la necesidad histórica de una alternativa anticapitalista, socialista e internacionalista, capaz de enfrentar simultáneamente la dominación imperial, la crisis ambiental y los límites de las soluciones meramente estatales.

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