Transcurrieron varias semanas desde que concluyó el Paro Nacional de octubre. El país continúa sumergido en una profunda crisis social derivada de un cúmulo de acontecimientos que se arrastran desde comienzos de año y que encontraron su punto más álgido en el momento de mayor radicalización de las movilizaciones. Ese proceso de hartazgo acumulado —contra el ajuste, el autoritarismo y la profundización de la agenda neoliberal— no se disipó con el fin de las protestas; por el contrario, se manifestó con fuerza en las miles de boletas depositadas el 16 de noviembre durante la consulta popular.

Lo que podría parecer una simple sucesión de episodios aislados se revela, en realidad, como una cadena coherente de respuestas sociales frente a las políticas del gobierno, que le propinaron un golpe contundente al Ejecutivo.

Abordaje del paro nacional

El Paro Nacional de 2025 convocado oficialmente el 18 de septiembre, por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se trató de una movilización indefinida en respuesta al aumento del precio del diésel. Pero el “caldo” venía calentándose desde hace rato. En apenas dos años de gobierno, Daniel Noboa acumuló una serie de medidas, contradicciones y choques que fueron tensionando la vida social: reformas impopulares, giros autoritarios, acuerdo con el FMI, militarización creciente, deterioro del sistema de salud y educación, salarios congelados y condiciones de vida cada vez más precarias. Cada uno de estos episodios dejó su propia huella en la conciencia popular, y juntos prepararon el terreno para que la eliminación del subsidio actuara como detonante.

Justamente por esta razón, antes de abordar lo que fue el paro como tal, es importante entender porque se produjo tal evento. Entender qué sectores se movilizaron, qué demandas articularon y cómo se expresaron esas tensiones es fundamental para comprender no solo el paro mismo, sino la crisis social y política que atraviesa el Ecuador.

1.- Minería y extractivismo sin consulta previa

Uno de los ejes del conflicto es la expansión minera y petrolera sin consentimiento de las comunidades locales. En provincias como Zamora Chinchipe y Morona Santiago —en la cordillera del Cóndor—, así como en Intag (Imbabura) y la región amazónica del Napo, el Estado otorgó concesiones mineras sin cumplir con la consulta previa, libre e informada, un derecho constitucional de los pueblos indígenas y campesinos. Estas concesiones han provocado desplazamientos, contaminación y ruptura del tejido comunitario, generando una resistencia que hoy converge en las calles junto a los demás reclamos nacionales.

2.- Petroecuador y los ríos de la Amazonía

En paralelo, la política petrolera continúa devastando los territorios amazónicos. Proyectos impulsados por PetroEcuador afectan directamente a pueblos como los Waorani, Kichwa, Achuar y Shuar, quienes han denunciado reiteradamente la destrucción de sus medios de vida y la contaminación de sus fuentes de agua.

Uno de los casos más recientes fue el derrame de crudo en el río de Esmeraldas, que afectó a más de medio millón de habitantes. El gobierno tardó más de 48 horas en pronunciarse, y, como ha sido su costumbre, evitó asumir cualquier tipo de responsabilidad institucional.

Este no fue un hecho aislado: a inicios de 2025, un nuevo derrame en los ríos Coca y Napo volvió a poner en evidencia la fragilidad ambiental del país y la impunidad con que operan las empresas estatales y privadas del sector petrolero. Estos desastres se repiten con frecuencia, sin sanciones reales ni reparación ambiental ni social.

3.- Deudas perdonadas: el doble estándar del “milagro económico”

Mientras el pueblo enfrenta recortes, alzas de precios y desprotección social, el gobierno de Daniel Noboa ha demostrado una celeridad asombrosa para aliviar las cargas financieras de los grandes grupos económicos. En un hecho que ha despertado indignación, se conoció que las deudas millonarias con el Servicio de Rentas Internas (SRI) fueron reducidas drásticamente: de 98 millones de dólares en junio de 2025 a apenas 21,7 millones en julio.

Un “milagro económico”, como muchos lo han llamado con ironía, que deja en evidencia la inequidad con que se administra el Estado. Mientras se exige austeridad a las familias y se justifica el alza de combustibles en nombre del equilibrio fiscal, las élites empresariales reciben condonaciones y beneficios que minan las arcas públicas.

4.- La dichosa “reestructuración estatal”

La “reestructuración estatal”, presentada por el Ejecutivo como una medida de optimización administrativa. En julio de 2025, el presidente Daniel Noboa anunció la fusión de ministerios, pasando de 20 a 14, y la reducción de nueve secretarías a solo tres. Según la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, el objetivo era “modernizar” el aparato público y eliminar la “burocracia improductiva”.

Sin embargo, tras esa narrativa de eficiencia se escondía una ola de despidos masivos: más de 5.000 trabajadores públicos fueron desvinculados en cuestión de semanas. El gobierno aseguró que se habían elaborado informes individuales sobre cada funcionario para determinar su productividad, y que los despidos se ejecutaron con las indemnizaciones correspondientes.

Pero los gremios estatales y analistas laborales denunciaron lo contrario: procesos arbitrarios, despidos sin sustento técnico y sin diálogo previo. Detrás del discurso tecnocrático, lo que muchos vieron fue un recorte estructural que debilitó la capacidad del Estado para responder a la crisis social que se avecinaba.

5.- Un país de muertos y heridos

Mientras todas estas causas se incubaban —la crisis económica, la desconfianza política y el desmantelamiento del Estado—, un factor crecía silenciosamente hasta convertirse en una presencia imposible de ignorar. Día tras día, en cada barrio, en cada ciudad, ese fenómeno fue tomando fuerza hasta convertirse en el rostro más visible del colapso nacional: la inseguridad.

Ecuador ocupa hoy uno de los primeros lugares de criminalidad en América Latina. Guayaquil, Durán y Esmeraldas figuran entre las ciudades más violentas del continente, con una tasa de homicidios que, según informes de la ONU, supera los 40 por cada 100.000 habitantes, muy por encima de países como México, Brasil o Colombia.

Solo en el primer trimestre de 2025 se registraron alrededor de 2.300 muertes violentas, cifra que apunta a un récord histórico si la tendencia se mantiene. Esta ola de violencia está estrechamente vinculada a la expansión del narcotráfico, un fenómeno que ha penetrado el sistema económico y político del país. Las rutas marítimas del Pacífico se han convertido en corredores del crimen organizado, y los puertos ecuatorianos en epicentros de tráfico internacional. En lo que va del año, autoridades europeas y estadounidenses han interceptado dos cargamentos de droga escondidos en contenedores de exportación bananera, reavivando el debate sobre el llamado “narcotráfico bananero”, un entramado que combina el comercio legal con operaciones ilícitas de gran escala.

6.- Un sistema económico que asfixia

El deterioro social y la pérdida de fuentes laborales formaron un cóctel explosivo que terminó por estallar cuando, de un día para otro, el gobierno anunció el incremento del precio del diésel, pasando de 1,80 a 2,80 dólares por galón (un incremento del 56%) que golpeó de lleno a todos los sectores populares pues, no se trata de un ajuste menor ni un tecnicismo fiscal: en un país donde la vida cotidiana depende del transporte público, de la movilidad laboral y del traslado constante de alimentos desde las zonas rurales, el alza del diésel se tradujo inmediatamente en más caro vivir, más caro comer y más caro trabajar.

La medida, claramente parte del acuerdo de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, fue interpretada por amplios sectores sociales como un acto de hipocresía política, considerando que durante la campaña electoral de 2023 y los primeros meses de gestión, Noboa había prometido no afectar el precio de los combustibles.

En defensa, Noboa anunció que el alza se hacía para “redirigir el dinero hacia los más necesitados” (quitándoselo justamente a los más necesitados), y justificó la eliminación del subsidio afirmando que esos recursos “se desviaban al contrabando, la minería ilegal y beneficios indebidos”. Ese argumento, además de endeble, es un monumento a la doble moral. Se llena la boca hablando de contrabando cuando existe una serie de denuncias graves —respaldadas por documentos policiales y reportes mediáticos— de contenedores vinculados a empresas de la familia Noboa interceptados con cocaína en tres ocasiones. Habla de minería ilegal cuando la legitimó de facto suprimiendo el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y absorbiéndolo dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEN), fusionando bajo una misma cartera la regulación ambiental y el impulso extractivista. Y habla de “beneficios indebidos” después de haber logrado condonar una deuda millonaria con el SRI: según informes, lo que figuraba como una deuda de decenas de millones fue reducido abruptamente como por arte de magia.

Esa moralidad que invocan para avalar el aumento del diésel apesta al cinismo; es un acto de clase contra clase, disfrazado de “austeridad” y “justicia fiscal”.

El gobierno sostiene que eliminando el subsidio ahorraría unos 1.100 millones de dólares, que serían dirigidos a bonos asistenciales y, obviamente, al cumplimiento de los compromisos con el FMI, una deuda ilegítima que termina pagándose con la vida, el hambre y el tiempo de trabajo del pueblo. Esa es, sin eufemismos, la verdadera lógica de la medida: demostrar “seriedad macroeconómica” sacrificando salud, educación y condiciones de vida de quienes ya sostienen sobre sus espaldas toda la crisis. No hay maquillaje posible para esta realidad: la eliminación del subsidio es una transferencia regresiva de riqueza, un ajuste clásico que golpea la canasta básica, el transporte de alimentos, la movilidad popular y la producción campesina. En nombre del equilibrio fiscal, precarizan aún más la existencia de millones.

En ese contexto, el paro nacional se convirtió en la expresión de un país exhausto: trabajadores públicos despedidos, comunidades afectadas por el extractivismo, familias que ya no pueden sostener su economía y una población que vive bajo la sombra de la violencia y la impunidad.

La respuesta estatal, lejos de abrir canales de diálogo, fue la represión. Se denunciaron violaciones a derechos constitucionales, como el bloqueo de cuentas bancarias a dirigentes indígenas y políticos opositores, además de censura a medios de comunicación, con militares rodeando antenas transmisoras y la suspensión temporal de señales en canales críticos, como reportó El Universo.

Lo que comenzó con una subida del diésel terminó exponiendo algo mucho más profundo: una crisis estructural del Estado, incapaz de sostener la estabilidad sin sacrificar derechos. El paro nacional no es solo una protesta contra el alza del combustible, sino contra un modelo político que ha priorizado la eficiencia administrativa sobre la justicia social, la estabilidad financiera sobre la vida digna y la seguridad del capital sobre la seguridad de su pueblo.

Las jornadas de octubre dejaron no solo gases y heridas, sino nombres propios que hoy pesan sobre la conciencia del país.

El primero fue Efraín Fuerez, un joven indígena que cayó abatido por tres balas que le atravesaron el cuerpo, balas que —como bien recuerdan los manifestantes en las movilizaciones— fueron pagadas con los impuestos del pueblo ecuatoriano. La escena posterior solo acentuó la indignación: militares pateando e intentando llevarse el cuerpo, en un acto que evocó la memoria dolorosa de los cuatro de las Malvinas, buscando silenciar la voz de los que con plomo padecieron por el simple hecho de manifestarse por una vida digna.

Mientras tanto, desde el Gobierno, la respuesta fue la negación. La vocera Carolina Jaramillo no habló de responsabilidad estatal, sino de culpables externos. “Queda bastante claro —dijo— que los actos de violencia que provienen del presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, quien hace menos de una semana llamaba a tomarse pozos petroleros, pueden terminar derivando en la pérdida de un ser humano”. Así, la narrativa oficial trasladó la culpa al movimiento indígena, a quienes el poder acusa de “alborotadores”, aun cuando las víctimas se cuentan entre sus filas.

El presidente Daniel Noboa, firme en su postura, declaró que no habrá concesión ni diálogo. Según él, negociar con los manifestantes equivaldría a “atentar contra la democracia”. Sin embargo, la CONAIE —a través de su presidente— expresó disposición al diálogo, sobre la base de demandas claras y legítimas: derogatoria del Decreto 126, rechazo a las medidas económicas que encarecen la vida, exigencia de mayores recursos para salud y educación pública, respeto al derecho de protesta y organización social, y un firme no a la expansión minera y petrolera que amenaza la Amazonía ecuatoriana. También se suma el pedido de reducir el IVA del 15% al 12%, un reclamo que nace del hambre cotidiana del pueblo.

Pero las balas no se detuvieron.

El 14 de octubre, en Otavalo, cayó José Alberto Guamán, comunicador kichwa que documentaba la protesta. Recibió un disparo en el pecho.

Un día después, el 15 de octubre, Rosa Elena Paqui, mujer kichwa Saraguro de Loja, perdió la vida tras sufrir un paro cardiorrespiratorio al inhalar gas lacrimógeno durante una intervención policial en El Durazno.

Las cifras oficiales hablan de más de 473 personas heridas y 206 detenidas durante las jornadas del paro. Pero detrás de esos números hay historias truncas, familias quebradas y comunidades azotadas, que siguen esperando justicia. Cada nombre, cada cuerpo, cada herida, es un recordatorio de que, en Ecuador, las únicas personas que parecen merecer ser escuchadas son aquellas que se relacionan con el gobierno, sus verdaderos iguales, cualquier reclamo que se salga de aquellos parámetros no representa sino otra cosa que un “atentado” a la democracia.

Suspensión del paro nacional: una decisión sin precedentes

Tras 31 días de paro, el más largo registrado en la historia reciente del Ecuador, la CONAIE anunció la suspensión de las movilizaciones el 22 de octubre. Lo extraordinario no es solo la duración de la protesta, sino que el levantamiento terminó sin que se lograra ninguna negociación con el gobierno ni se revirtieran las medidas económicas que motivaron la movilización. Desde su fundación en 1979, la CONAIE nunca había tenido que enfrentar un escenario en el que un paro de tal magnitud finalizara sin acuerdos ni compromisos estatales, además del hecho de que en las manifestaciones de 2019 y 2022 que llevaban como bandera el mismo reclamo (el alza al Diesel) se pudo llegar a un consenso en aquel momento con los presidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso correspondientemente

El presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, explicó que la decisión fue tomada para proteger la vida del pueblo, después de haber sufrido la pérdida de tres manifestantes y la represión estatal que se extendió durante todo el conflicto. Vargas subrayó además la falta de condiciones para un diálogo real, señalando que la negativa del gobierno a negociar hizo insostenible continuar con las protestas sin poner en riesgo a quienes participaban.

Este desenlace marca un punto de inflexión histórico, porque evidencia la profunda desconexión entre el Estado y los pueblos indígenas, así como la magnitud de la crisis social y política del país. La suspensión del paro sin que mediara una negociación es un claro reflejo de que, aunque las calles hayan permanecido activas durante un mes, las demandas legítimas del pueblo ecuatoriano aún no encuentran respuesta en las instituciones que deberían protegerlas.

El laboratorio político de otra consulta hecha a medida

La tan comentada consulta popular, que en un inicio se anunciaba con siete preguntas y terminó reducida a cuatro, puso sobre la mesa el verdadero proyecto de Noboa para arrasar con el país. ¿Qué significa esto? Las preguntas finalmente presentadas no surgieron de la nada: venían resonando en el imaginario político del pueblo ecuatoriano incluso antes de la convocatoria al paro, porque estaban directamente vinculadas a la agenda neoliberal y a la ofensiva autoritaria que el gobierno intentó acelerar en los últimos meses. Lo que se propone en este apartado es desmenuzar cada una de estas preguntas y revelar por qué operan como piezas estratégicas dentro de un tablero geopolítico que excede las fronteras nacionales, alineándose con los intereses del capital transnacional y la injerencia estadounidense en la región.

1.- Reinstalación de bases militares estadounidenses en Manta

Uno de los ejes de la consulta impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, proponía autorizar la presencia de fuerzas militares extranjeras —principalmente estadounidenses— en la costa ecuatoriana y en las islas Galápagos. Según el discurso oficial, esta medida busca fortalecer la seguridad nacional y combatir el narcotráfico, dos de los temas más recurrentes en la narrativa presidencial. Noboa ha defendido la iniciativa como un gesto de “cooperación internacional” frente al avance del crimen organizado, apelando al ejemplo de personajes como Javier Milei o Nayib Bukele, a quienes ha elogiado por su supuesta “mano dura” y eficacia.

Sin embargo, detrás del relato de seguridad y orden se oculta un viejo mecanismo de subordinación: el imperialismo. El despliegue de tropas estadounidenses —presentado como un acto de defensa y modernización— implica, en los hechos, una cesión directa de soberanía territorial y política, al entregar el control de zonas estratégicas del país al poder militar norteamericano. No se trata de cooperación, sino de dependencia.

El campo objetivo de esta medida se ha venido configurando desde hace meses. Como reveló Castillo en su intervención sobre el caso de Efraín, durante la misma conferencia anunció una cuarta visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad estadounidense, para definir los términos de instalación de bases vinculadas al programa Homeland Security, es decir, infraestructura militar en territorio ecuatoriano. Este proyecto se conecta directamente con una de las preguntas de la consulta popular y, de fondo, con una reinterpretación de la Constitución de 2008, que prohíbe expresamente la presencia de tropas extranjeras permanentes en el país.

El retorno de una alianza militar con Estados Unidos no es una novedad: la historia reciente del Ecuador lo demuestra con el caso de la base de Manta (1999–2009). A pesar de haber sido instalada bajo el pretexto del “control antidrogas”, terminó funcionando como un centro regional de inteligencia estadounidense, con libre acceso a información y recursos nacionales. Su verdadero objetivo fue garantizar los intereses estratégicos de Washington en la región, no proteger al pueblo ecuatoriano.

Por eso, cuando el actual gobierno insiste en que la presencia de tropas estadounidenses busca combatir el narcotráfico, resulta inevitable preguntarse a quién beneficia realmente esta medida. La ubicación de las islas Galápagos, punto clave en las rutas marítimas del Pacífico, revela el trasfondo geopolítico de la decisión: no es el crimen organizado lo que preocupa a Estados Unidos, sino su dominio sobre el corredor del Pacífico Sur.

En definitiva, esta propuesta no responde a una preocupación genuina por la seguridad ciudadana, sino a la necesidad del gobierno de proyectar autoridad mediante símbolos de fuerza, al tiempo que cumple con los intereses estratégicos del imperialismo norteamericano. En nombre del “combate al narcotráfico”, se busca normalizar la intervención extranjera y reabrir las puertas a una nueva etapa de dependencia política, militar y económica.

Ecuador ya vivió esa experiencia, y sus consecuencias fueron claras: pérdida de autonomía, intromisión en la política interna y subordinación de las fuerzas nacionales. Aceptar de nuevo la presencia militar estadounidense no fortalecerá nuestra soberanía, sino que la disolverá en nombre de una falsa seguridad.

2.- El fin del financiamiento público: hacia una democracia de mercado

Otra de las medidas planteadas en la consulta popular apuntaba a eliminar el financiamiento estatal de las campañas electorales, bajo el argumento de “reducir gastos” y “evitar el despilfarro de recursos públicos”. Nuevamente, un argumento que aparente una enorme racionalidad económica pero que esconde bajo las sábanas un golpe directo a la “igualdad democrática” y a la participación política de los sectores populares.

En un país con profundas desigualdades sociales y económicas, quitar el financiamiento público equivale a privatizar la competencia electoral. Solo quienes dispongan de respaldo empresarial o fortunas personales (como los Noboa) podrán sostener una campaña con alcance real, mientras que las organizaciones políticas pequeñas, comunitarias o de base quedarán automáticamente excluidas del escenario electoral.

Esta medida no busca transparentar la política, sino legalizar el financiamiento oscuro: abrir la puerta a que los grandes grupos económicos, las corporaciones mediáticas y los capitales extranjeros determinen quiénes pueden llegar al poder y bajo qué condiciones. El resultado es un sistema electoral cada vez más proscriptivo y elitista, donde la representación política deja de ser una disputa de proyectos para convertirse en una puja entre los distintos sectores del capital.

Además, eliminar el financiamiento estatal vulnera uno de los principios fundamentales de las democracias burguesas liberales: la supuesta equidad en la contienda política. No se trata solo de dinero, sino del acceso a los medios, la capacidad de comunicación y la posibilidad de que las mayorías tengan una voz real en el proceso electoral.

En términos concretos, esta medida institucionaliza la desigualdad, garantizando que solo los candidatos funcionales al orden establecido puedan competir con éxito. Lo que se presenta como una reforma técnica, en realidad reconfigura el sistema político hacia una democracia donde ganan preponderancia los grandes intereses económicos en las campañas electorales y,por tanto, se condiciona el voto popular al promocionar a las candidaturas burguesas.

3.- El recorte de asambleístas de 150 a 70

Esta pregunta proponía reducir drásticamente el número de asambleístas, pasando de aproximadamente 150 a 70, mediante un nuevo esquema de representación que fijaba diez asambleístas nacionales, uno por provincia y un adicional por cada 400.000 habitantes. El gobierno justificó esta reforma bajo el argumento de “modernizar” y “optimizar” el funcionamiento de la Asamblea, afirmando que la reducción de escaños permitiría simplificar el trabajo legislativo, disminuir gastos y encaminar al país hacia una institucionalidad “más eficiente”.

Sin embargo, detrás de esta retórica tecnocrática se esconde una lógica profundamente autoritaria: al recortar la representación popular, el Ejecutivo buscaba consolidar una ecuación política en la que menos voces, menos diversidad y menos contrapesos fortaleciera su propio margen de maniobra. El discurso de Noboa se sostuvo, además, sobre una falsa dicotomía —“estar con el país o estar contra él”— que criminaliza el disenso y pretende invertir el sentido mismo del debate democrático, presentando como modernización lo que, en realidad, es un retroceso en términos de participación y pluralidad política. De este modo, la pregunta no se limitaba a un ajuste numérico, sino que se inscribía en una estrategia más amplia para reconfigurar el sistema institucional a favor del Ejecutivo, bajo la apariencia de una decisión técnica y neutral.

4.- La renovación de la Constituyente

“Por un Ecuador libre de violencia, que impulse el desarrollo tecnológico que priorize la seguridad y el progreso de las comunidades” expresó uno de los tantos Spots publicitarios presentados (probablemente con plata del estado). Esto ya ni siquiera se trata de un intento de eufemismo como hemos visto en otras situaciones, hoy por hoy ni siquiera se tiene entendido como se iba a reformular la constitución, esta pregunta era básicamente apostar a lo ciego, a un horizonte desconocido porque “el pueblo ecuatoriano tiene que confiar en su presidente”.

Es importante detenernos en este punto para analizar algunos resultados particularmente reveladores. Empecemos por lo ocurrido con la pregunta 4, donde se pretendía derogar la Constitución vigente y abrir el camino a una nueva carta magna hecha a la medida. El rechazo contundente demuestra que, para el pueblo ecuatoriano, una de las constituciones más progresistas del mundo sigue siendo un límite real al proyecto del magnate bananero.

No es un dato menor que la población haya decidido poner un freno al intento presidencial de avanzar sobre la arquitectura constitucional. La Constitución de 2008, como se indicó previamente, es una de las más avanzadas a escala internacional: fue la primera en reconocer derechos de la naturaleza, incorporó garantías ampliadas para las mujeres y consagró en varios de sus artículos el principio del Sumak Kawsay (Buen Vivir).

Este concepto, arraigado en los pueblos del Ecuador, afirma que el desarrollo no es un privilegio individual sino un proceso colectivo: se alcanza a través del protagonismo popular y del despliegue de las fuerzas productivas, orientadas hacia la satisfacción de las necesidades sociales y no hacia la acumulación privada. El Buen Vivir es, por lo tanto, un horizonte que se protege y no se entrega a los caprichos de un gobierno que busca reconfigurar el país en función de intereses empresariales.

Desde una perspectiva marxista, defender las conquistas democráticas presentes en la Constitución de 2008 y oponerse a la reforma constitucional de Noboa no implica idealizar las instituciones actuales del Estado burgués, sino comprender que toda constitución expresa una correlación de fuerzas entre las clases en un momento histórico determinado. Como explica Marx en El Manifiesto, el Estado no es un árbitro neutral, sino una herramienta de dominación de una clase sobre otra, aun cuando incorpore concesiones arrancadas por la presión de las masas.

En ese sentido, las particularidades de la Constitución ecuatoriana de 2008 no fue un regalo desde arriba, sino el resultado concentrado de décadas de lucha: los levantamientos indígenas de los ’90, las movilizaciones populares de inicio de siglo, la caída de varios gobiernos y una acumulación de fuerzas que obligó a las élites a aceptar reformas que de otro modo jamás habrían concedido. Que incluya el Sumak Kawsay, los derechos de la naturaleza, los derechos de las mujeres, y una ampliación de derechos sociales, no es una expresión del “progresismo de palacio”, sino el reflejo institucional de conquistas arrancadas desde abajo.

Defender estas conquistas frente a ataques reaccionarios es necesario, pero sin transformarlas en fetiche ni confundirlas con una vía de transformación estructural del país. Incluso las constituciones más avanzadas permanecen dentro del derecho burgués: siguen sometidas a la lógica de la propiedad privada, del mercado y del capital transnacional.

Por eso defender las conquistas democráticas presentes en la Constitución de 2008 y oponerse a la reforma constitucional de Noboa no se basa en un principio jurídico: es política y estratégica. Es la defensa de una trinchera conquistada por la movilización popular, frente a un gobierno que buscaba reconfigurarla en favor del capital y del imperialismo. No se trata de proteger una “Carta Magna progresista” por sí misma, sino de impedir que el ajuste autoritario avance liquidando derechos que costaron décadas de lucha.

Además, exigir su cumplimiento —por ejemplo, en materia de derechos de la naturaleza, participación popular o soberanía— debido a que significa justamente, empujar al Estado capitalista hacia sus propias contradicciones. Un ejemplo claro es el correísmo: proclamó el Buen Vivir, pero gobernó mediante extractivismo, endeudamiento con China, criminalización selectiva y ampliación del modelo dependiente. Esa contradicción no es un desvío moral: es el límite estructural de intentar aplicar una Constitución progresista dentro de un régimen capitalista subordinado.

Justamente por eso, derrotar la reforma constitucional entreguista y pro imperialista de Noboa tensiona y desestabiliza el modelo existente, porque obliga a mostrar la imposibilidad material que tiene de garantizar las conquistas democráticas existentes bajo la dominación de las élites y del capital. Y al hacerlo, fortalece la organización popular, levanta la moral de lucha y mantiene viva la perspectiva de un futuro que vaya más allá del orden actual.

Cada batalla, por parcial que sea, forma parte de una estrategia mayor: resistir hoy para conquistar mañana un poder distinto, nacido de la voluntad colectiva de los sectores explotados y oprimidos y no de la imposición de las élites.

Resultados de la consulta

En un intento fallido de establecer una nueva hegemonía, las calles y las urnas marcan un camino diferente demostrando que no hay derrota. En el país sudamericano donde se viene realizando una experiencia con este gobierno atada desde hace años a un modelo entreguista y neoliberal, pero que hoy en día se encuentra mostrando su cara más agresiva el programa global maquinado por el magnate millonario norteamericano, sufre un enorme golpe, Ecuador no agacha la cabeza y la polarización se acentúa, noticias que recibió la casa blanca en Washington luego de que Noboa tras los resultados de la consulta popular viajara (nuevamente) a Estados Unidos, para sorpresa de nadie.

Este 16 de noviembre se llevó a cabo la dichosa consulta popular, cuyos resultados — anticipados mucho antes de que se concretaran— terminaron confirmando lo que ya se veía venir:

Pregunta A (bases militares y concesiones):

Con el 98,63% de las actas procesadas, el NO se impuso con 60,65%, frente al 39,35% del SÍ. Esta pregunta buscaba levantar la prohibición constitucional que impide instalar bases militares extranjeras en el país o entregar instalaciones militares nacionales a fuerzas armadas de otros Estados.

Pregunta B (financiamiento a organizaciones políticas):

Con el 98,59% de actas contabilizadas, el NO obtuvo 58,10%, mientras que el SÍ alcanzó 41,90%. La propuesta pretendía eliminar la obligación del Estado de destinar fondos del Presupuesto General a los partidos y organizaciones políticas.

Pregunta C (reducción de asambleístas):

Con el 98,60% de actas procesadas, el NO llegó al 53,49%, superando al SÍ, que obtuvo 46,51%. La iniciativa planteaba disminuir el número de curules legislativos de 151 a 80, aplicando nuevos criterios de representación.

Pregunta D (Asamblea Constituyente):

Con el 98,58% de actas escrutadas, el NO alcanzó 61,65%, frente al 38,35% del SÍ. Esta pregunta proponía convocar e instalar una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, la cual sólo entraría en vigencia si luego se aprobaba en referéndum.

Fue un contundente NO al intento de concentrar el poder reduciendo la representación parlamentaria; un NO categórico a la subordinación internacional en el plano político, económico e ideológico; un NO firme a la exclusión de nuevas voces y perspectivas; y, en suma, cuatro veces NO a este proyecto de vasallaje sobre derechos conquistados, expresado en un decisionismo contemporáneo que pretende colocar la voluntad de una sola autoridad por encima del marco jurídico, los procedimientos democráticos y los necesarios contrapesos institucionales. Una verdadera parodia de soberanía popular.

Los resultados de la consulta popular en Ecuador no pueden entenderse sin la experiencia acumulada de lucha que atravesó el país en los últimos años. Las protestas, los paros y la resistencia organizada hicieron visible, en la práctica, el carácter represivo del gobierno de

Noboa, que durante las movilizaciones mostró su rostro más crudo: persecuciones, detenciones arbitrarias, militarización y un desprecio absoluto por las condiciones de vida del pueblo trabajador. Esa experiencia directa —más que cualquier campaña institucional— fue la que operó como un factor decisivo para que, en la mayoría de las provincias, la población votara mayoritariamente por el NO en todas las preguntas.

Si bien algunas propuestas de la consulta (bases militares, reformas constitucionales, políticas de seguridad) podrían generar rechazo por experiencias previas, el dato político central es que incluso las preguntas que no parecían tan impopulares en sectores de centro terminaron siendo rechazadas. ¿Qué expresó este “NO” unificado? No fue simplemente un rechazo técnico a reformas puntuales: fue un rechazo político generalizado al rumbo del gobierno y a la clase que representa.

Durante dos años de administración Noboa, hemos sido testigos de cómo se caían de una a una las tantas promesas convergentes en el discurso electoral que lo llevó a asumir su cargo presidencial.

Las promesas de “seguridad” quedaron desmentidas por el aumento del crimen organizado, los disturbios en las cárceles de provincias como Manta o Esmeraldas, los coche bomba convertidos en rutina y el crecimiento de las extorsiones. La “reactivación económica” se tradujo en deforestación, avance del extractivismo, derrames petroleros y desprotección de comunidades. Su discurso de “transparencia institucional” terminó en fusiones improvisadas de ministerios, funcionarios sin preparación y negociaciones opacas con el FMI.

Es ese cúmulo de experiencias concretas —la agresividad contra los sectores populares, el deterioro cotidiano de la vida, la represión durante los paros, la evidente continuidad de un modelo de política externa e interna dependiente— lo que produjo la crisis de legitimidad del gobierno, incluso después de invertir enormes recursos en propaganda amable y estética de influencer.

El “NO” de la consulta popular expresa, por lo tanto, una fisura política: el agotamiento de un proyecto burgués. La tarea de las organizaciones revolucionarias es transformar ese descontento en una alternativa política independiente de la burguesía, que levante un programa transicional capaz de unir las luchas ambientales, obreras, estudiantiles, campesinas y urbanas en un frente único que abra el camino hacia un gobierno de las y los trabajadores.

El golpe se atiza más allá de las urnas

Las manifestaciones y la expresión contundente del rechazo al proyecto gubernamental en las urnas marcan un camino distinto y demuestran que no hay derrota estratégica para los sectores populares. Pero esta realidad no puede leerse sólo en clave nacional: Ecuador es hoy una pieza clave dentro de la estrategia geopolítica de los Estados Unidos, en la que la administración de Trump —en su intento por recomponer una hegemonía que le permita ordenar su patio trasero — choca con una creciente polarización interna y rechazo de sectores de la clase trabajadora, la juventud y la comunidad migrante, producto del aumento de la inflación, la pobreza y el descontento social.

A esto se suma la abierta complicidad de Washington con el Estado genocida de Israel y el impacto que esto tiene en el temperamento popular, visible en las masivas movilizaciones por Palestina, las protestas contra las razzias y la ICE racista, e incluso en la votación sorpresiva de Mamdani en Nueva York: señales claras de que la estabilidad interna norteamericana está resquebrajada. Ese es el telón de fondo que explica la presión sobre países dependientes como Ecuador y, al mismo tiempo, el significado político del resultado de la consulta popular: un golpe al plan continental neoliberal impulsado desde Washington, que busca disciplinamiento social y control geoestratégico. En este contexto, el nuevo viaje de Noboa a Estados Unidos después de la derrota no fue una formalidad diplomática, sino la confirmación de que su proyecto —sin consenso interno— necesita apoyo externo para sostenerse. No obstante, es fundamental señalar que el resultado del 16 de noviembre no implica que la mayoría del pueblo ecuatoriano haya roto de manera definitiva con el gobierno. Lo que expresó la votación fue, ante todo, un rechazo puntual a una consulta construida desde arriba, diseñada para simular que la población intervenía en decisiones que jamás fueron debatidas de forma abierta y democrática. El mensaje es claro: el gobierno no logró imponer su hoja de ruta autoritaria, pero el escenario sigue abierto y la tarea histórica es construir una alternativa independiente de la clase trabajadora que dispute la orientación política del país.