También se establecería una Canasta Básica Energética (CBE). La misma estaría regionalizada y mediría el abastecimiento energético necesario para cada hogar con criterios de subsistencia. Es decir que el gobierno busca que cada hogar tenga únicamente la cantidad de energía necesaria para no morir. Calefaccionarse en invierno o usar ventilador en verano sería un lujo de la casta.
Mientras se acerca la fecha de la Audiencia Pública, el gobierno extrema las restricciones para acceder a subsidios energéticos. Con el pasar de las horas se suman cada vez más sectores excluidos. Entre los últimos se cuentan:
- Quienes hayan viajado el exterior (países no limítrofes) en los últimos 5 años.
- Quienes hayan comprado moneda extranjera.
- Quienes posean un automotor de antigüedad menor a 5 años o dos automotores con antigüedad menor a 10 años cada uno.
- Quienes paguen una prepaga no laboral.
- Quienes tengan gastos de telefonía mayores a $50.000.
- Quienes realicen gastos de tarjeta de crédito o billeteras electrónicas mayores a 5 salarios mínimos.
Para estos ajustes el gobierno se servirá del recientemente devaluado Salario Mínimo, Vital y Móvil, que Milei y sus ministros fijaron en míseros $180.000. Nótese que el valor está alrededor de un 60% por debajo de la Canasta Básica, hoy en torno a los $600.000.
Como si fuera poco, aquellos hogares que no queden excluidos por sus ingresos recibirían un subsidio de únicamente el 10% del valor fijado por la CBE. En resumen, la intención del gobierno es llevar los valores de las tarifas al límite de la supervivencia.
