El gobierno de Alberto Fernández acaba de acordar un “entendimiento” con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo hizo con la espada de Damocles, cómo dijo el presidente, de dos vencimiento por mil millones de dólares entre el viernes 28 de enero y el martes 1ero de febrero y otro de casi tres mil millones de dólares en marzo, que el gobierno ya no tenía fondos para abonar. Las cartas estaban en manos del organismo internacional.

El gobierno del Frente de Todos ahora quiere transformar esta negociación en el principal hito de su gestión. Nos quieren hacer creer que ahora sí, renegociada la deuda de Macri, comienza finalmente la tan postergada reconstrucción de la Argentina. Antes del entendimiento “no teníamos futuro”, pero ahora conseguimos “un acuerdo razonable que nos va a permitir llevar adelante nuestras políticas de crecimiento, desarrollo y justicia social”, afirmó el presidente. Lejos de crecimiento, desarrollo y justicia social, el acuerdo solo puede traer recesión, dependencia y miseria. En este artículo destruiremos todas las mentiras y maniobras de este acuerdo que lejos de ser un acto de soberanía es una capitulación. Constituye la entrega del país a manos del organismo internacional: la Argentina se convierte en un virreinato cuyo soberano, el FMI, la visitará religiosamente todos los trimestres para evaluar su desempeño.

El acuerdo

Si bien al gobierno le interesa hacer como si el acuerdo ya se hubiera firmado, en realidad esta es la primera maniobra, la primera mentira. No hay ningún acuerdo firmado, solamente un “entendimiento”. Resta aún que el verdadero acuerdo, cuyos detalles no se conocen, sea ratificado por la Junta Directiva del FMI y por el Congreso de la Nación Argentina, para darle lo que le faltó al de Macri: legitimidad institucional por parte de toda la burguesía argentina y sus principales partidos políticos. Es una maniobra porque el gobierno se apresuró a presentar el entendimiento como cosa cerrada en pleno enero, durante las vacaciones, en el momento políticamente más frío posible.

El acuerdo entre el gobierno y el FMI contempla un desembolso “contable” por parte del organismo. Durante los próximos dos años y medio el Fondo transferirá a la Argentina el monto de las cuotas que debería devolver el crédito “stand by” que solicitó el gobierno de Macri. Además, le transferirán paulatinamente al país las cuotas que ya se pagaron del crédito anterior, para “ayudar a fortalecer las reservas del Banco Central”. Estos desembolsos configuran un nuevo crédito por parte del organismo internacional, esta vez uno de “facilidades extendidas”, un tipo de programa de largo plazo pero que exige mayores condicionamientos a la Argentina. Esto constituye la segunda maniobra, el FMI se asegura el pago de la totalidad del préstamo “de Macri” mediante sus desembolsos ficticios. El crédito que quedará, por 44,5 mil millones de dólares será el crédito del Frente de Todos, sancionado por el Congreso. El FMI quiere asegurarse que el nuevo préstamo sea un compromiso de la totalidad del establishment argentino.

Si bien no se conocen detalles importantes, cómo el cronograma de devolución del préstamo, el entendimiento si aclara algunos elementos. El primero es que el nuevo préstamo se comenzará a devolver en 2026 y finalizará en 2032. Con esto el gobierno entrega al país a diez años de servidumbre al Fondo pero con una alegría: no deberá transferir ni un solo dólar durante su gestión. Le patea el problema al próximo gobierno.

Sin embargo, los condicionamientos del FMI empiezan desde el día uno. El acuerdo implica que la argentina recibirá la visita de su majestad el Fondo de manera trimestral, para verificar que se cumplan los lineamientos del acuerdo. Los mismos establecen un cronograma del ajuste que tiene que hacer el gobierno, especialmente en materia de déficit fiscal primario (aquel que no incluye el pago de intereses de deuda) y emisión monetaria cómo porcentajes del PBI^[1]:

También trascendió que el FMI no le exigirá al gobierno que implemente contrarreformas legislativas: en el acuerdo no se incluye ni una reforma jubilatoria ni laboral. Veremos enseguida que poco auspiciosa es esta ausencia.

Implicancias del acuerdo

En primer lugar, que no se exija ni reforma previsional ni laboral, cosa que el gobierno quiere vender cómo un triunfo, no es tal. En primer lugar, el FMI sabe que es muy difícil llevar adelante, en un país como el nuestro, contrarreformas con el estatus de ley. El recuerdo de las jornadas del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra el gobierno de Macri sigue fresco, tanto para la burguesía argentina como para el imperialismo. Por eso el gobierno está impulsando, junto con la patronal y con la complicidad y apoyo de la burocracia sindical, la reforma laboral “por lugar de trabajo”, sin necesidad de pasar por la instancia totalizadora del parlamento. Tenemos el caso testigo de Toyota^[2] para ilustrar esta política. Y la reforma previsional en realidad este gobierno ya la comenzó: con la nueva fórmula de Fernández se disocia el cálculo de los haberes de la inflación, condenando a los jubilados a recibir aumentos por debajo de la suba de precios. Es otra maniobra del acuerdo, que no parezca que están haciendo las reformas que ya están en camino.

En segundo lugar, el gobierno intenta convencer a la población de que no habrá condicionamientos por parte del Fondo, porque el préstamo se comenzará a devolver recién en 2026. Pero esta es otra mentira, como vimos, el acuerdo incluye metas de reducción del déficit fiscal que comienzan inmediatamente, este mismo año. El presidente Alberto Fernández afirmó en Twitter que el acuerdo no exige “défict cero”^[3]. Lo hizo sobre la base de mostrar solamente el cronograma de reducción del déficit fiscal entre 2022 y 2024, obviando que para el año siguiente el Fondo ya exige que la cifra sea del 0%. Esto ya no califica de maniobra, es directamente una mentira para ocultar lo obvio: que el acuerdo es una entrega absoluta por parte de este gobierno a los dictados del imperialismo y a su cantinela de “déficit cero”.

La magnitud de la reducción del déficit impuesta por el FMI es enorme. Ese 0,5% que se exige reducir entre 2021 y 2022 es realmente mucho mayor a lo que muestra a simple vista el número. En primer lugar, en 2021 se tuvieron ingresos extraordinarios, por tres vías distintas. Aumento extraordinario del precio de los commodities, especialmente la soja, y una muy buena cosecha; impuesto a las grandes fortunas, cobrado por única vez por decisión del Frente de Todos; derechos especiales de giro transferidos por el FMI. Estas tres fuentes de ingresos ya no existen, por lo que el impacto de ese 0,5% en realidad es mayor al 1% del PBI. Y esto se sigue profundizando a lo largo de los años hasta llegar al escalofriante déficit cero en 2025.

Bajando a tierra la “reducción del déficit fiscal”

El déficit fiscal es la diferencia entre los ingresos de un Estado y sus gastos. En la actualidad, prácticamente la totalidad de los países del mundo, especialmente los del centro imperialista, se manejan con abultados déficits fiscales. Estos países suelen financiarlos con colocaciones de deuda en sus propias monedas, que son fuertes: dólares en Estados Unidos, euros en Alemania o Francia, libras en Gran Bretaña. Estas deudas nunca se pagan realmente, los inversores cobran sus intereses y los Estados toman continuamente nuevas deudas para pagarlos. En ningún caso se espera que liquiden sus deudas, al contrario. En cambio, el FMI exige que Argentina deje de tener déficit porque quiere, justamente, que el país pague la totalidad de su deuda con el organismo.

El gobierno afirma que esta reducción del déficit no es un ajuste, porque va a lograrse mediante un supuesto “fuerte crecimiento cómo el que tuvimos en el año 2021”. El déficit fiscal puede reducirse mediante el crecimiento de dos maneras. La primera, si hay crecimiento económico significa que crece el PBI, el Producto Bruto Interno. Si el gobierno mantiene fijo el déficit, incluso en términos reales (es decir, teniendo en cuenta la inflación), al aumentar el producto disminuye el porcentaje del déficit^[4]. Esto parece inofensivo, pero vale la pena resaltar algo. Congelar el déficit fiscal al nivel actual, incluso en términos reales, implica condenar a la Argentina al pauperismo y el atraso. El PBI argentino no crece desde hace 10 años, desde el 2011. El gasto público y el déficit fiscal, que tanto “preocupan” al FMI y a la burguesía, en realidad tienen la misma magnitud que hace 10 años. En todo el mundo, y especialmente en los países desarrollados, los estados gastan cada vez más, acompañando el crecimiento de sus economías. Esto les permite invertir, desarrollar mayor infraestructura, nuevas tecnologías aplicadas, etc. Es una condición básica para el desarrollo capitalista. En cambio, el congelamiento del gasto implica que el Estado argentino se prohíbe a sí mismo realizar las inversiones que el país necesita para desarrollarse. Es la condena al atraso sancionada por el gobierno y toda la burguesía, e impuesta por el FMI.

La segunda forma de bajar el déficit mediante el crecimiento es a partir del aumento natural que se genera en los ingresos. Si la economía crece, el estado recauda más impuestos, sin necesidad de aumentar las retenciones o cobrar un impuesto especial a los empresarios. El simple hecho de que la economía crezca significa que hay más ventas a las cuales cobrarles el IVA, mayores ingresos vía retenciones, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, etc.

El problema de dejar todo librado a la esperanza del crecimiento es obvio: Argentina no crece hace 10 años, ¿qué está haciendo este gobierno que no sea más de la misma administración capitalista del estado que ya conocemos? El mismo acuerdo con el FMI, con el conjunto de sus condiciones, pone en entredicho que en los próximos años se viva un cualquier tipo de crecimiento en el país. La misma reducción del déficit es recesiva, y el resto de las condiciones, cómo veremos más abajo, no hace más que reforzar las tendencias a la crisis y la recesión.

Hay que ser muy ilusos para imaginar que el gobierno podrá reducir el déficit por la vía del crecimiento. Sólo quedan dos opciones. La primera es por la vía de aumentar los ingresos por la vía de nuevos impuestos. No parece que sea el rumbo elegido por el gobierno. El mismo Frente de Todos tomó la decisión de cobrar un miserable impuesto a las grandes fortunas por única vez en 2021, para recaudar un poco pero sin enfrentarse con la burguesía. La única vía realista de acuerdo con los planes e intereses del gobierno del Frente de Todos para garantizar la reducción del déficit que exige el acuerdo con el FMI es la reducción del gasto público: lisa y llanamente, profundizar el ajuste actual.

Hay muchos puntos donde se pueden esperar fuertes recortes, el primero es el sueldo de los trabajadores estatales. El segundo, el aumento de las tarifas de los servicios de gas, electricidad y agua. Cualquier parecido con las medidas del gobierno de Macri no es coincidencia. Pero incluso con el aumento de tarifas Fernández tiene más problemas que soluciones. No es tan sencillo cobrar las tarifas “por lo que valen” en Argentina. Las tarifas son relativamente bajas, sí, pero no por casualidad: es un tributo a la rebelión popular del 2001. Es una suerte de salario indirecto, que paga el estado vía subsidios a las empresas privatizadas. Un fuerte aumento de las tarifas, para intentar reducir los subsidios, puede desatar una nueva rebelión. Y, además, el peligro es que cualquier aumento se quede corto. Ya comenzaron las conversaciones para un tarifazo del 20% o 40%. Sin embargo, al mismo tiempo, producto de la crisis abierta en Ucrania, el precio de los hidrocarburos, especialmente el gas, amenaza con aumentar de manera permanente. Es decir que la inestabilidad internacional puede llevarse puestos los “esfuerzos” del gobierno por aumentar las tarifas… Una cosa es afirmar, acordar, votar y sancionar que se van a reducir los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, otra cosa es realmente poder hacerlo. Por eso Cristina, que todavía no dijo una palabra, es tan reacia a permitir el aumento de tarifas, que es responsabilidad directa de militantes de su espacio político en altos puestos del ministerio de economía.

Otros rubros que sufrirán el ajuste serán salud y educación, que ya sufrieron ataques hace algunas semanas, antes de cualquier tipo de entendimiento entre el gobierno y el fondo. Es fundamental entender que el gobierno de Macri hizo un brutal ajuste, que este gobierno también hizo un gran ajuste^[5], y sin embargo no alcanza, se viene un ajuste muchísimo mayor y todos los trabajadores, las mujeres y los jóvenes tenemos que prepararnos para enfrentarlo en todos los terrenos.

Emisión monetaria

Por último, hay que desarrollar el problema de la emisión monetaria, sobre la que se dijo poco, pero que es uno de los condicionamientos más importantes que impone el FMI. El déficit fiscal debe ser financiado, de alguna u otra manera. Cómo vimos, el método más utilizado por los países imperialistas es el endeudamiento en su propia moneda fuerte. Otros países se endeudan en moneda extranjera, por ejemplo en dólares. Argentina tiene cortado el acceso al crédito internacional desde el año 2018. Tampoco hay espacio para endeudarse en pesos. La principal y prácticamente única fuente de financiamiento que tiene actualmente el gobierno es la emisión monetaria por parte del Banco Central. Es decir, la impresión de billetes para cubrir el déficit fiscal. El FMI quiere recortar esta fuente de financiamiento, cómo parte de un programa “ortodoxo” para reducir la inflación y las presiones devaluatorias sobre el peso. Esto tiene importantes consecuencias. La principal es que el gobierno deberá buscar una nueva fuente de financiamiento para el déficit de los próximos años. En la siguiente tabla se verá la diferencia entre el déficit fiscal “máximo” permitido por el Fondo y la emisión monetaria habilitada:

Esto significa que, si el gobierno quiere ajustar “solamente” lo que exige el FMI, necesita hacerse de fondos de otra fuente, del endeudamiento. Es decir que el acuerdo con el Fondo, cuyo supuesto objetivo es “ayudar” a que el país pueda superar el flagelo de la deuda externa, en realidad nos condena a endeudarnos. Para que pueda existir este endeudamiento, el Fondo exige que el gobierno fije una “tasa de interés real positiva”. Esto significa que el Banco Central establezca como referencia una tasa de interés mayor a la inflación, mayor al 50%. Las consecuencias del aumento de la tasa de interés son enormes, y todas recesivas. Se encarece el consumo para los trabajadores, aumentando los precios de las cuotas, el interés de la tarjeta de crédito, liquidando los préstamos personales. También aumenta fuertemente las tasas a las que se endeudan los empresarios y aumenta los beneficios de poner los capitales en el circuito financiero. Esta receta trae siempre las mismas consecuencias: es más difícil invertir en el circuito productivo y mucho más rentable hacerlo en la timba financiera. Marx señalaba en El Capital que no existe una “buena gestión monetaria” que pueda eliminar las contradicciones profundas del sistema capitalista. Pero si un gobierno hace desaguisados con su política monetaria puede producir una crisis específica o profundizar una que ya existe. Estas imposiciones monetarias del FMI, con una economía estancada hace diez años, salarios reales por el piso y en el marco de una profundización en el ajuste, sólo pueden abonar aún más a todas las tendencias recesivas actuales. El resultado es comprometer aún más las posibilidades de crecimiento económico. Es directamente un programa recesivo para el país. En resúmen, el acuerdo con el FMI no es sin ajuste, es con un fuerte recorte del gasto público. No es inclusivo, es con miseria. No es con crecimiento, es con recesión. Y no es soberano, es con visitas trimestrales del FMI para evaluar el perfecto cumplimiento de las imposiciones. Es una capitulación, una entrega.

El programa de algunas fuerzas burguesas y de la izquierda frente al acuerdo

El conjunto de la burguesía argentina y sus partidos políticos, incluyendo a la mayoría del Frente de Todos y a la oposición de derecha de Juntos, se ubicó a favor del acuerdo de manera enfervorizada. Se está conjugando una unidad nacional entre las principales fuerzas del empresariado a favor del pago de la deuda externa.

Algunos sectores del Kirchnerismo, como Claudo Lozano, Leopoldo Moreau y Alicia Castro, hicieron declaraciones en contra del acuerdo, sosteniendo que el default es una mejor alternativa. A ellos los llamamos a pasar de las palabras a los hechos e impulsar una fuerte movilización unitaria en las calles contra el acuerdo. Pero desde la izquierda planteamos una alerta: el no pago de la deuda tiene que ser soberano, y tiene que ser con medidas anticapitalistas, para que realmente impulse el desarrollo del país. Tiene que acompañarse por la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior y del cambio, para frenar la fuga de capitales y poner el conjunto del ahorro nacional al servicio del desarrollo del país. Sin medidas anticapitalistas el no pago no es una alternativa real. Mientras tanto Cristina Kirchner no hizo ninguna declaración, demostrando que los K no tienen realmente un programa alternativo.

Tampoco es una verdadera salida querer pagar la deuda mediante impuestos a algún sector particular de la burguesía argentina. Obviamente al lado de que la deuda la paguemos los trabajadores con ajuste, que una parte aunque sea la paguen los patrones del campo, por ejemplo, parece progresivo. Pero ello no resuelve el problema del sometimiento nacional al FMI y la persistencia del atraso y el subdesarrollo. Muchas veces los políticos burgueses defienden los intereses de un sector de la burguesía contra otro, pero no deja de ser una política patronal. Nosotros desde el Nuevo MAS tenemos un punto de vista clasista, desde los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores.

Lo que está en discusión en el fondo es adonde va el fruto de la explotación capitalista de los trabajadores argentinos, su plusvalía. Es absolutamente falso el discurso liberal, que sostiene que entre los salarios de los trabajadores y los “impuestos del estado” a los empresarios no les queda nada. La verdad es que en Argentina se genera muchísima plusvalía, que cobran los capitalistas de los distintos sectores, industriales, comerciales, financieros agrarios, bajo la forma de ganancias o rentas. La burguesía argentina es incapaz de desarrollar el país no porque no pueda explotar a sus trabajadores, sino porque elige no reinvertir sus ganancias en el país, sino fugarlas. Ese es el sustrato material de que “los argentinos” (es decir, la burguesía local), tengan más dólares per cápita que los ciudadanos de Estados Unidos^[6]. La solución a los problemas del país no es quitarles un poco de plusvalía a los burgueses argentinos y multinacionales para que en lugar de “invertirlos” en lujosas propiedades en Miami se lo lleve el Fondo Monetario Internacional.  Un planteo de este tipo en el fondo no hace más que defender los intereses del imperialismo. Argentina para crecer necesita capitalizarse. Necesita reinvertir la plusvalía en el propio país. Por eso nuestro programa es el no pago soberano: queremos no pagar y apropiarnos del conjunto de la plusvalía para invertirla en satisfacer las necesidades de los trabajadores y desarrollar el país. La única clase social que puede llevar adelante este programa es la clase obrera, con una política revolucionaria y anticapitalista.

Aún no hay ningún acuerdo firmado. Hay un enorme espacio político para impulsar la pelea contra el acuerdo con el FMI. La deuda con el Fondo que tomó el gobierno de Mauricio Macri es una estafa. Desde el Nuevo MAS impulsamos la convocatoria a un espacio unitario con todos los sectores que se oponen a este acuerdo para desarrollar una lucha en común contra el acuerdo con el Fondo, por el no pago de la deuda externa, tanto la que está en manos de los organismos internacionales cómo la de los bonistas privados e impulsar medidas anticapitalistas que defiendan los intereses del país y de los trabajadores.

^[1] Se suele utilizar una comparación con el PBI, que es la suma de todo el valor agregado producido en una economía en un año, para poder dimensionar la verdadera magnitud del déficit. El déficit primario del gobierno argentino del año 2021 fue de $1.407.641 millones de pesos. Si bien para cualquier ciudadano de a pie esto es un número sideral, incalculable, en un país como Estados Unidos es un vuelto, aproximadamente un 0,05% de la producción anual de ese país. Dicho de otra manera, el déficit argentino que tanto preocupa a la burguesía argentina equivale a menos de 4 horas de lo que se produce en Estados Unidos. En cambio, en nuestro país, es un 3% del PBI.

^[2] https://izquierdaweb.com/toyota-traicion-historica-del-smata/

^[3] https://twitter.com/alferdez/status/1487068755511283712

^[4] Para entenderlo con un ejemplo sencillo, si el PBI de la economía es de $1.000 y el déficit fiscal es de $100, esto significa que el déficit es del 10% del PBI. Si la economía crece un 50%, a $1.500 y el déficit se mantiene en $100, el porcentaje disminuirá al 6,67%.

^[5] Por ejemplo, recortó en un 26% en términos reales el presupuesto de las Universidades Nacionales: https://izquierdaweb.com/el-ajuste-del-gobierno-llega-a-todas-las-universidades-nacionales/

^[6] Ver La deuda externa macrista: fuga, fuga, fuga: https://izquierdaweb.com/la-deuda-externa-macrista-fuga-fuga-fuga/