La noche en que se conocieron los resultados de las últimas elecciones parlamentarias, Alberto Fernández habló en cadena nacional para anunciar que en el mes de diciembre se anunciaría un «primer entendimiento» con el FMI, así como se enviaría al Congreso un proyecto de «Programa Económico Plurianual».

Estando ya a 10 de enero, nada se supo ni del «primer entendimiento» ni del proyecto de ley. Y mientras los funcionarios van y vienen de Washington de reunión en reunión (la semana que viene viajará el Canciller, Santiago Cafiero), los días corren, y el calendario aprieta. La primer línea roja: marzo de 2022. Sólo entre hoy y esa fecha, Argentina deberá pagar unos 2.600 millones de dólares de Deuda. El problema es lo que viene después: 19.000 millones (aprox.) al Fondo, a lo largo del corriente año.

Y mientras Guzmán resalta que en dos de los tres principales ejes de negociación ya se ha llegado a un acuerdo, las señales del Fondo indican que el organismo se mantiene firme en sus pretensiones ajustadoras. El equipo técnico del organismo, aunque casi por completo renovado después del fracaso del Stand By otorgado a Macri, no muestra síntomas de ablandamiento. Exigen que el déficit fiscal debe ser como máximo de un 2,5% este año, de ser posible menos, hasta llegar al equilibrio fiscal en 2025.

El gobierno, lejos de cuestionar el ridículo dogma neoliberal que pone como meta el déficit cero, sólo reclama un poco más de plazos para lograrlo. A Guzmán le gustaría poder llegar al equilibrio fiscal en 2027, y mientras poder mantener un déficit por encima del 3% este año.

Es decir: los desacuerdos entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario no son tanto cuestiones de fondo como de ritmos. Guzmán plantea un escenario fantasioso de «ajuste con crecimiento», o incluso de «ajuste virtuoso». El miércoles pasado, cuando Fernández y Guzmán organizaron una reunión con gobernadores con el objetivo de volver a mostrar consenso político en torno a la negociación por el acuerdo, Guzmán se encargó de remarcar que estaban haciendo los deberes: «El déficit primario bajó más del doble que en el 2020. Hubo una reducción muy fuerte del déficit, pero de manera virtuosa».

Pero el cretinismo del gobierno no conoce límites. Cree que puede convencer al Fondo con buenas intenciones. Cuando Macri quiso convencer a todo el mundo en 2018 de que el Fondo «ya no era el mismo» (que el que nos llevó a la crisis en 2001), daría la sensación de que fueron precisamente los kirchneristas los únicos que le creyeron.

¿Cómo se explica la paradoja de que si están «tan» de acuerdo en casi todo, las negociaciones estén estancadas? Por la sencilla razón de que el Fondo cuenta con que la actitud cretina y arrastrada del gobierno simplemente haga su trabajo, y termine cediendo. Alberto Fernández se encarga a cada paso de reafirmar que «va a haber acuerdo» y que el default «no es una posibilidad». Cree que con esto está mandando buenas señales a «los mercados», pero en realidad sólo está allanando el camino a su propia claudicación.

El cristinismo, por su parte, apela a una estrategia más confrontativa. No porque estén dispuestos a romper con el Fondo (recordemos el orgullo con el que portan su título de «pagadores seriales»), sino porque necesitan resguardar su perfil político para sobrevivir políticamente al ajuste que saben que se aproxima y del que serán parte. A pesar de los discursos encendidos de Kicillof y las cartas atronadoras de Cristina, tampoco plantean un giro rotundo en la política con respecto a la deuda.

Son días clave para el futuro de la negociación. Y es factible que el gobierno busque acelerar los trámites para aprovechar el relajamiento político del país en enero. Ni el Fondo ni el Gobierno quisieran que el nuevo acuerdo se anuncie y se firme en marzo, coincidiendo con el fin del período vacacional. Y con el comienzo de las paritarias.