El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos de fraude procesal y soborno a testigos, revirtiendo la sentencia condenatoria que había sido emitida meses atrás. Según el fallo, los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para demostrar que Uribe, a través de su abogado Diego Cadena, intentó manipular testigos con el fin de limpiar su nombre frente a las acusaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares.

Esta decisión anuló la condena impuesta en julio pasado, que lo responsabilizaba por haber impulsado una red de sobornos y maniobras judiciales para silenciar o revertir declaraciones que lo implicaban con la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Uribe había sido procesado originalmente por el delito de manipulación de testigos, un caso que surgió cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda, quien lo había señalado de mantener nexos con paramilitares. La Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia y, al contrario, inició una investigación contra el ex presidente, al descubrir que personas de su entorno buscaban sobornar testigos para que se retractaran de sus declaraciones.

Entre los testimonios más importantes, figuraba el del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, quien sostuvo que Uribe y su hermano Santiago, participaron en la conformación del Bloque Metro durante los años noventa. La condena de primera instancia reconocía estas maniobras como un intento deliberado de encubrir vínculos con estructuras paramilitares que operaron en Antioquia bajo protección institucional.

Aquel fallo representó un paso histórico en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto. Por primera vez, el aparato judicial colombiano había tocado a uno de los máximos exponentes del poder político y militar que promovió la guerra interna y la represión bajo el nombre de “seguridad democrática”.

La condena a Uribe, aunque parcial y tardía, fue vista como un precedente que podía abrir el camino para que las víctimas del paramilitarismo y de las políticas de exterminio estatal obtuvieran verdad y reparación. No se trataba solo de un juicio individual, sino de un símbolo del cuestionamiento al proyecto de Estado basado en la violencia, el despojo y la connivencia entre las élites y los grupos armados reaccionarios.

La absolución borra de un solo golpe ese mínimo avance y reafirma la impunidad estructural que caracteriza a la justicia colombiana. El Estado, a través de sus tribunales, volvió a proteger a uno de los arquitectos de la violencia institucional que arrasó el campo, desplazó millones de campesinos y consolidó el dominio de los terratenientes y las empresas transnacionales.

La decisión del Tribunal representa la complicidad del sistema con los responsables de miles de asesinatos y masacres cometidos en nombre del orden. Al absolver a Uribe, el Estado se absuelve a sí mismo de sus crímenes, demostrando una vez más que en Colombia la justicia no existe para las víctimas, sino para blindar a los verdugos.