Para justificar su cruzada contra la ciencia y el activismo por Palestina, Trump acusa a las Universidades de ser un foco de propagación del “antisemitismo” y promotoras de agendas radicales de izquierda. Para un gobierno de extrema derecha como el suyo, es intolerable que las universidades no sancionen a quienes se oponen al genocidio que lleva a cabo el Estado colonial y supremacista de Israel contra la población palestina.

Además, expresa su obstinación por acabar con todo espacio de pensamiento crítico que reivindique los derechos de las mujeres o la población LGBTIQ+, por citar dos temas identificados con la agenda “woke”.

En cuanto a los estudiantes, los persigue porque protagonizaron la ola de campamentos de solidaridad con Palestina que sacudió a los Estados Unidos en 2024 y que tuvo gran repercusión internacional. Trump es consciente de la tradición de lucha del movimiento estudiantil y el papel que desempeñó en décadas anteriores, por ejemplo, como parte del movimiento por los derechos civiles o las protestas contra las guerras de Vietnam.

Por ello, quiere cortar de cabeza con el activismo estudiantil que puede transformarse en un adversario en las calles a su agenda reaccionaria, algo que se tornó más tangible tras la movilización nacional del pasado 5 de abril (ver Hands off!: el grito contra Trump y Musk que movilizó a cientos de miles en los Estados Unidos).

Harvard: escenario central de la “batalla cultural” trumpista

La Universidad de Harvard es, sin duda alguna, la principal institución de educación superior estadounidense. Fue fundada en 1636, esto es, 140 años antes del nacimiento de los Estados Unidos como nación independiente (1776). En sus casi cuatrocientos años de existencia formó a ocho ex presidentes norteamericanos y su presupuesto supera el PBI de casi cien países.

Es decir, no se trata solamente de una universidad. Harvard es un pilar en la formación del pensamiento cultural, científico y político estadounidense.

A pesar de eso (o, posiblemente, a causa de eso), esta semana la Casa Blanca lanzó una ofensiva en contra de Harvard, a la cual exige acceso a sus datos de contratación y, más grave aún, la contratación de un “auditor externo” para garantizar la “diversidad de perspectivas” en sus departamentos académicos.

¿Qué significa la “diversidad de perspectivas”? Tratándose de Trump, puede significar cualquier cosa, desde la contratación de “científicos” negacionistas del calentamiento global o anti-vacunas, de “historiadores” especialistas en Medio Oriente que justifican el genocidio sionista contra el pueblo palestino, o “filósofos” con tratados contra el aborto y los derechos de la población transgénero.

En otras palabras, el gobierno estadounidense quiere cercenar cualquier atisbo de autonomía universitaria y someter a Harvard a su visión anticientífica de mundo. El actual modelo universitario representa el “viejo orden” y en parte representa los consensos científicos, culturales y democráticos que Trump pretende destruir. Ese ese el contenido real de la llamada “batalla cultural” por la cual abogan las nuevas extremas derechas a nivel internacional: es un manotazo autoritario que pretende acabar con la libertad de pensamiento y disenso. Y que es enemigo de la ciencia.

Semanas atrás, el gobierno realizó exigencias similares a la Universidad de Columbia, que, ante el peligro de perder 400 millones de dólares provenientes de los fondos federales, se sometió a los mandatos de Trump. Por ejemplo, Columbia aceptó la supervisión de su Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África, lo cual abre las puertas para que el gobierno federal persiga las voces críticas contra Israel y el colonialismo.

Las autoridades de Harvard, por su parte, se negaron a acatar las exigencias de la Casa Blanca, argumentando que son una institución privada y, por tanto, ningún gobierno podía imponerles restricciones sobre la contratación de profesores, ni dictar el tipo de enseñanza que podían dar en sus aulas.

En respuesta a eso, el gobierno decretó el congelamiento de 2.200 millones de dólares en subvenciones federales que recibe dicha universidad, así como la anulación de un contrato por 60 millones de dólares.

Con este gesto, la Casa Blanca dejó en claro que va a fondo en la pelea contra Harvard, un caso que, a criterio de muchos analistas, se puede tornar un ejemplo de disciplinamiento a las universidades y, en caso de salir victorioso, Trump asestaría un golpe a lo que considera como el predominio del progresismo en la educación superior.

En este sentido, aunque las autoridades de Harvard defienden la autonomía desde la perspectiva de la educación privada capitalista, es un hecho significativo que opusieran resistencia a las exigencias de la “batalla cultural” trumpista.

En primer lugar, porque dado el peso cultural que tiene Harvard a nivel nacional, puede tener un efecto en cadena que motive la resistencia de otros centros universitarios que están en la mira del gobierno federal.

Por otra parte, la negativa de las autoridades de Harvard (¡que no tienen un gramo de izquierdistas!) expresa una tensión real, a saber, que hay una conquista democrática que el gobierno no puede barrer tan fácilmente, sino que tendrá que jugarse un pulso donde puede desencadenar la resistencia de muchos sectores sociales.

Desde la izquierda revolucionaria defendemos la libertad de pensamiento y la autonomía universitaria ante los gobiernos burgueses, sean liberales o (con más razón) de extrema derecha. Es una conquista democrática básica que permite el desarrollo del pensamiento crítico y científico.

Además, es particularmente importante la defensa de los Departamento de Estudios de Medio Oriente, Asia Meridional y África, que, en el caso de las universidades anglosajonas, suelen reunir muchos académicos de orientación marxista, críticos del imperialismo y del colonialismo sionista.

Ciertamente, para detener el avance del trumpismo contra la educación superior será necesario enfrentarlo en las calles. Por ahora esa perspectiva parece distante, pero como demostró la movilización “Hands off!”, hay reservas de lucha en la sociedad estadounidense.

Deportaciones arbitrarias para descabezar al movimiento estudiantil

Al mismo tiempo que ataca a las universidades en cuanto instituciones, la administración Trump libra una persecución contra los principales dirigentes estudiantiles que protagonizaron el movimiento en solidaridad con Palestina.

Lo anterior confirma la complicidad de la Casa Blanca con el genocida de Netanyahu y la extrema derecha sionista, por lo cual pretende acallar todas las voces críticas de la masacre perpetrada contra el pueblo palestino.

Para ello recurre al mismo expediente ultra reaccionario que utiliza el sionismo a nivel internacional, a saber, alentar la confusión de que toda posición contraria al expansionismo colonial y supremacista de Israel es sinónimo de antisemitismo.

En un artículo anterior informamos sobre las detenciones ilegales de Mahmoud Khalil y Rumeysa Ozturk, así como la cancelación arbitraria de visas a más de 300 estudiantes extranjeros, acusados falsamente de ser simpatizantes o integrantes de grupos terroristas.

Esta semana se produjo la detención arbitraria y escandalosa de Mohsen Madawi, un estudiante de origen palestino y residente en los Estados Unidos desde 2014. Su detención se produjo cuando asistió a una cita en Vermont para obtener su nacionalización, debido a que participó de las movilizaciones estudiantiles del año pasado.

De acuerdo a un reportaje de The Economist, el gobierno estadounidense tiene en la mira a un amplio grupo de estudiantes extranjeros, cuyas publicaciones en redes sociales son monitoreadas con ayuda de la inteligencia artificial. De esta forma, las autoridades migratorias seleccionan a quienes públicamente se pronunciaron contra Israel y la política cómplice del gobierno estadounidense.

Sus visas son canceladas de forma automática y sin notificación alguna. De esta forma, son detenidos alegando que son indocumentados, aunque ellos no lo sepan.

Todo esto lo “validan” amparándose en una ley de inmigración de 1952, la cual fue empleada durante las campañas anticomunistas de la época.

Como resultan algunos analistas, las deportaciones de los estudiantes pro palestinos tiene un doble objetivo. Primero, reprimir al movimiento estudiantil y sembrar pánico entre las voces críticas del gobierno. Segundo, utilizarla como “insumo” para legitimar las deportaciones masivas de migrantes.

Por todo ello, representan una medida ultra reaccionaria propia de un Estado de excepción, donde cualquier crítica hacia la política del gobierno puede generar la deportación.

En realidad, el término “deportación” en estos casos sirve de eufemismo legal para encubrir que se trataría de un exilio político contra residentes que se oponen a un genocidio y critican a la Casa Blanca por su complicidad con el mismo.