Una carta dictada por Mahmoud Khalil por teléfono desde un centro de detención de ICE [Immigration and Customs Enforcement, la agencia de inmigración de EE.UU.] en Luisiana. El activista está detenido ilegalmente desde el 8 de marzo.

Me llamo Mahmoud Khalil y soy un preso político. Les escribo desde un centro de detención en Luisiana, donde despierto en mañanas frías y paso largos días siendo testigo de las silenciosas injusticias que se cometen contra un gran número de personas privadas de las protecciones de la ley.

¿Quién tiene derecho a tener derechos? Ciertamente no los humanos hacinados en estas celdas. No el hombre senegalés que conocí, que está privado de su libertad desde hace un año, con su situación legal en el limbo y su familia al otro lado del océano. Tampoco el detenido de 21 años que conocí, quien puso un pie en este país a los nueve años, solo para ser deportado sin siquiera una audiencia.

La justicia escapa a los contornos de los centros de detención de inmigración de esta nación.

El 8 de marzo, agentes del DHS me detuvieron sin presentar una orden y acosaron a mi esposa y a mí cuando regresábamos de cenar. Para este momento, las imágenes de esa noche ya han sido difundidas públicamente. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, los agentes me esposaron y me obligaron a subir a un automóvil sin identificación. En ese momento, mi única preocupación era la seguridad de Noor. No tenía idea de si ella también sería arrestada, ya que los agentes la amenazaron con detenerla por no alejarse de mi lado. El DHS no me dijo nada durante horas: no sabía la causa de mi arresto ni si enfrentaba una deportación inmediata. En el 26 de Federal Plaza, dormí en el frío suelo. En la madrugada, los agentes me trasladaron a otro centro en Elizabeth, Nueva Jersey. Allí, dormí en el suelo y me negaron una manta, a pesar de que la había pedido.

Mi arresto fue una consecuencia directa de ejercer mi derecho a la libertad de expresión mientras defendía una Palestina libre y el fin del genocidio en Gaza, que se reanudó con toda su fuerza el lunes por la noche. Con el alto el fuego de enero ahora roto, los padres en Gaza vuelven a acunar sudarios demasiado pequeños, y las familias se ven obligadas a elegir entre el hambre o el desplazamiento ante las bombas. Es nuestro imperativo moral persistir en la lucha por su completa libertad.

Nací en un campo de refugiados palestinos en Siria, en una familia que ha sido desplazada de su tierra desde la Nakba de 1948. Pasé mi juventud cerca pero lejos de mi patria. Pero ser palestino es una experiencia que trasciende fronteras. Veo en mis circunstancias similitudes con el uso que hace Israel de la detención administrativa —prisión sin juicio ni cargos— para despojar a los palestinos de sus derechos. Pienso en nuestro amigo Omar Khatib, quien fue encarcelado sin cargos ni juicio por Israel cuando regresaba a su casa de un viaje. Pienso en el director del hospital de Gaza y pediatra, el Dr. Hussam Abu Safiya, que fue capturado por el ejército israelí el 27 de diciembre y que hoy sigue en un campo de tortura israelí. Para los palestinos, el encarcelamiento sin debido proceso es algo común.

Siempre he creído que mi deber no es solo liberarme del opresor, sino también liberar a mis opresores de su odio y miedo. Mi detención injusta es un reflejo del racismo anti-palestino que tanto la administración de Biden como la de Trump han demostrado en los últimos 16 meses, mientras EE.UU. siguió suministrando continuamente armas a Israel para matar palestinos e impidiendo la intervención internacional. Durante décadas, el racismo anti-palestino ha impulsado la expansión de leyes y prácticas estadounidenses destinadas a reprimir violentamente a los palestinos, a los estadounidenses de origen árabe y a otras comunidades. Precisamente por eso me están atacando.

Mientras espero decisiones legales que definirán el futuro de mi esposa y mi hijo, aquellos que permitieron mi persecución siguen cómodamente en la Universidad de Columbia. Los presidentes Shafik, Armstrong y la decana Yarhi-Milo prepararon el terreno para que el gobierno de EE.UU. me persiguiera al sancionar arbitrariamente a estudiantes pro-palestinos y permitir campañas de doxeo viral —basadas en el racismo y la desinformación— sin control alguno.

Columbia me atacó por mi activismo, creando una nueva oficina disciplinaria autoritaria para eludir el debido proceso y silenciar a los estudiantes que critican a Israel. Columbia se rindió a la presión federal al divulgar registros estudiantiles al Congreso y someterse a las últimas amenazas de la administración Trump. Mi arresto, la expulsión o suspensión de al menos 22 estudiantes de Columbia —algunos despojados de sus títulos de licenciatura a solo semanas de graduarse— y la expulsión del presidente de SWC, Grant Miner, en vísperas de negociaciones contractuales, son pruebas claras de esto.

Si algo demuestra mi detención, es la fuerza del movimiento estudiantil para cambiar la opinión pública en favor de la liberación palestina. Los estudiantes hace mucho tiempo vienen estando al frente del cambio – liderando la oposición a la guerra de Vietnam, estando en primera línea del Movimiento por los Derechos Civiles y encabezando la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Hoy también, aunque el público aún no lo comprenda del todo, son los estudiantes quienes nos guían hacia la verdad y la justicia.

La administración Trump me está atacando como parte de una estrategia más amplia para suprimir la disidencia. Titulares de visas, residentes permanentes y ciudadanos por igual serán perseguidos por sus creencias políticas. En las próximas semanas, estudiantes, activistas y funcionarios electos deben unirse para defender el derecho a protestar por Palestina. No solo están en juego nuestras voces, sino las libertades civiles fundamentales de todos.

Siendo plenamente consciente de que este momento trasciende mis circunstancias individuales, espero, sin embargo, ser libre para presenciar el nacimiento de mi primer hijo.