En lo que va de este año, miles de hectáreas fueron desmontadas en el “Impenetrable”, como se conoce a la vasta región de bosques nativos que se extienden por las provincias de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Este aumento abrupto en el desmonte de uno de los ecosistemas más diversos de Argentina, se vio profundizado por la cooperación de los partidos burgueses tradicionales de la zona con el gobierno nacional de extrema derecha de Javier Milei. Desde el inicio de su mandato, el “anarco capitalista” incentivó la inversión extranjera para la explotación extractivista de los recursos del país, por lo cual desreguló y flexibilizó los controles estatales sobre la deforestación (como sucedió con el vaciamiento de la Ley de Bosques).

Entre los principales inversores de la deforestación en Chaco, se encuentran reconocidas empresas automotrices, como Ford, Toyota, Audi, Kia, entre otras, que adquieren taninos de la madera de Quebracho colorado (Schinopsis balansae) utilizados en la industria de las curtiembres, que se aplican a los tapizados de sus modelos más lujosos.

La adquisición de estos recursos no es directa, si no que se obtienen a través de empresas tanineras de origen europeo, como Indunor y Unitan, las cuales envían al exterior los taninos ya refinados.

Lo anterior fue denunciado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), que, desde el año pasado, logró llevar a la justicia federal una megacausa titulada como “la mafia del desmonte”, porque denuncia penalmente la complicidad de funcionarios del gobierno de Chaco con empresas privadas para el desarrollo de una red de desmontes ilegales en zonas protegidas, donde se tala, procesa y exporta sin registros los recursos de dicha madera. A la fecha, dicha causa sigue abierta, aunque el lobby empresarial presiona para desmantelarla.

Asimismo, otro de los intereses que destruyen el “Impenetrable” es el desmonte para la expansión de la frontera agropecuaria. De acuerdo a Greenpeace, solamente en lo que va del año se desmontaron 35.000 hectáreas de monte nativo en la provincia de Santiago del Estero, con la finalidad de desarrollar la actividad silvopastoril.

A pesar de ser presentada como “sustentable”, dicha práctica es abiertamente ecocida, pues garantiza el interés capitalista en la explotación de la madera y el reemplazo del bosque por la instalación de la ganadería y el monocultivo sojero, el cual está expandiéndose por todo el país desde inicios del siglo. Esto explica la presión sobre los bosques nativos del norte que, anteriormente, se veían protegidos por no ser áreas aptas para la producción, lo cual cambió con el desarrollo de semillas genéticamente modificadas resistentes a suelos más pobres y secos, como los del norte argentino.

Las condiciones de sostenibilidad en la ecorregión del bosque chaqueño se están viendo diezmadas. El desmonte conlleva a la masacre de múltiples especies animales y vegetales; en el caso de las comunidades originarias y los pequeños pueblos de la región, se ven expulsados de sus tierras por el interés extractivista.

Ante esto, el rol del gobierno de Milei es impulsar hasta sus últimas consecuencias la explotación desenfrenada de los ecosistemas, habilitando tierras protegidas, entubando los ríos, cambiando legislaciones para favorecer al agronegocio, etc.

Esto fue denunciado por un informe presentado por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, donde indican que el país atraviesa “el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación democrática”, producto de un “programa de saqueo planificado” impulsado desde la Casa Rosa en nombre de la “libertad económica”.