Milei anunció la incorporación de dos responsables del «Plan Bonex» a su «equipo económico». Se trata de dos ex funcionarios del gobierno de Menem: Carlos Rodríguez y Roque Fernández. Milei pretende que Rodríguez sea el jefe del Consejo de Asesores Económicos de la presidencia y que Fernández forme parte de ese equipo.

Dos estafadores se suman al brainstorming de ideas para el ajuste

Milei no quiere que se le escape nada, ninguna perspectiva que sirva para aplastar a los trabajadores. Es por esto que también trae a su equipo a dos grandes pensadores de estafas económicas. Estos dos exfuncionarios menemistas fueron parte de y aún defienden las estafas de los 90.

Carlos Alfredo Rodríguez ocupó el cargo de jefe del Gabinete de Asesores del ministro de Economía y secretario de Política Económica durante el gobierno de Menem entre 1996 y 1998. Rodríguez se autodenomina «liberal» en términos ideológicos y suele expresar su rechazo a todas las medidas de regulación económica, especialmente las intervenciones del Banco Central.

Por otro lado, Roque Fernández fue ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem, después de haber ocupado el cargo de presidente del Banco Central de la República Argentina desde febrero de 1991 hasta principios de agosto de 1996, durante la gestión de Domingo Cavallo como ministro de Economía. Durante este período, Argentina adoptó el régimen de convertibilidad y dejó atrás un largo historial de alta inflación que había resultado en dos episodios de hiperinflación en 1989 y 1990. Algunos economistas consideran a Fernández como el autor del Plan Bonex en 1989.

El Plan Bonex, una estafa a los ahorristas

En Argentina los plazos fijos han sido una de las herramientas de ahorro a la que suelen recurrir los sectores de ingresos medios o incluso bajos, obreros, comerciantes, profesionales, etc. Los capitalistas por lo general usan otro tipo de herramientas financieras, como bonos valuados en dólares, acciones, etc.

El Plan Bonex de 1989 consistió en el canje compulsivo de los depósitos a plazo fijo de los ahorristas por bonos que se pagarían a 10 años junto con los intereses correspondientes.  De esta manera, se hizo que los ahorristas asumieran también el costo de la crisis hiperinflacionaria. Estos se vieron impedidos de retirar sus depósitos, los cuales se convirtieron en bonos que no podían liquidarse hasta transcurridos 10 años. La situación se volvió aún más grave si se considera que los bancos no informaban adecuadamente que la tenencia o custodia de los bonos tenía un costo. Como resultado, muchos ahorristas descubrieron 10 años después que debían pagar más de lo que iban a recibir en concepto de liquidación debido al costo de la custodia. Además, la custodia de los bonos no era opcional para los ahorristas, una estafa completa.