La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en 2022 marcó un hecho histórico: por primera vez un dirigente de origen popular y con trayectoria en la izquierda alcanzó el poder en un país gobernado durante décadas por élites conservadoras y liberales.

Su triunfo fue posible gracias al impulso de la rebelión social que expresó el hartazgo de millones frente a la desigualdad, la violencia y la precariedad de la vida cotidiana. La expectativa era que su mandato significara una ruptura con el neoliberalismo y con la institucionalidad heredada, abriendo la posibilidad de un nuevo ciclo político, sin embargo, rápidamente esa aspiración se vio diluida.

Dejando atrás el estallido social

El gobierno de Gustavo Petro surgió como consecuencia política directa de la rebelión popular de 2021, una movilización masiva contra el paquete neoliberal impulsado por Iván Duque y contra décadas de exclusión y violencia. Esas jornadas, protagonizadas por la juventud precarizada, sectores populares, comunidades indígenas y campesinas, pusieron en jaque la gobernabilidad del país y evidenciaron el hartazgo con el modelo político tradicional.

El triunfo electoral de Petro se nutrió de ese impulso, capitalizando el rechazo a los sectores políticos oligárquicos y las expectativas de un cambio profundo. Sin embargo, tras la victoria, el resultado electoral no sé trasladó directamente hacia el espíritu de ruptura que animó las calles. El nuevo gobierno, que definimos como social-liberal, se ha limitado a buscar reformas (progresivas, si) pero dentro de los límites de la institucionalidad, sin romper abiertamente con el gran capital y el “estado de cosas” heredadas.

Esta orientación encontró de inmediato un escenario adverso con una economía con déficit fiscal elevado, dependencia de las exportaciones extractivas, inflación presionada por los precios internacionales de los alimentos y la energía, y un Congreso fragmentado con fuerte presencia de la derecha.

En el plano internacional, el gobierno se mueve entre la presión de Estados Unidos, principal socio comercial y aliado militar, y las relaciones con los proyectos homólogos de la región (Brasil, Chile), lo que limita su margen de maniobra. No se puede quedar bien con dios y con el diablo. La consecuencia de esto es un mandato marcado por la renuncia a medidas que confronten de raíz las estructuras económicas y políticas que la rebelión popular cuestionó.

En la región, los gobiernos que se definen como “progresistas” (social-liberales o liberales-sociales como Boric y Lula 3) explícitamente funcionan como diques de contención a procesos de movilización popular, trasladando esa fuerza de la plaza al palacio. Además, enfrentan una correlación de fuerzas desfavorable que les impide fortalecer sus proyectos (siempre dentro del marco reformista) al estilo de Chávez en Venezuela o de Lula durante su primer mandato.

El peso de las deudas externas y la dependencia de la exportación de materias primas dejan sus economías atadas a los vaivenes del mercado internacional, obligándolos a sostener políticas fiscales y monetarias que priorizan la confianza de los inversionistas antes que las demandas sociales.

Las presiones de organismos como el FMI y el Banco Mundial se combinan con el poder de las oligarquías nacionales, que controlan los principales medios de comunicación, el sistema financiero y los aparatos productivos. Esto genera un cerco que empuja a estos gobiernos a evitar choques frontales con el capital, so pena de provocar crisis de divisas, fugas masivas de capital o bloqueos legislativos que paralicen la administración. Esto, sumado a la pérdida de apoyo popular, los encajona en proyectos reformistas pero con reformas mínimas o, incluso, contrarreformas.

Además, las experiencias recientes muestran que las alianzas amplias con sectores conservadores para asegurar gobernabilidad terminan neutralizando la capacidad de impulsar transformaciones profundas. Casos como el de Boric en Chile evidencian cómo este tipo de proyectos a pesar de una retórica “progre” terminan en la moderación, la conciliación de clases y la desmovilización popular, lo que abre espacio para que la derecha se reposicione y retome la iniciativa política.

Un gobierno en tensión permanente

La administración de Petro se ha caracterizado desde sus primeros meses por una marcada inestabilidad política, tanto a lo interno del gobierno como por actores externos. Era evidente que al ser el primer gobierno de “izquierda” en Colombia no la tendría fácil, pero ingenuamente se autosabotea. Las diferencias dentro del propio gabinete se expresan continuamente en salidas y reemplazos de ministros y ministras clave, reflejando desacuerdos sobre el rumbo económico, las prioridades legislativas y el manejo de las relaciones con el Congreso.

La relación con la vicepresidenta Francia Márquez, figura con legitimidad propia y respaldo popular, no está exenta de roces, especialmente en torno a la distribución de funciones y su visibilidad política. Estas tensiones internas transmiten la imagen de un gobierno con dificultades para consolidar una dirección unificada y con múltiples fisuras, producto de la mezcolanza de agendas.

La lucha con el Poder Legislativo es un terreno de disputa constante. La fragmentación del Congreso lleva a Petro a negociar con sectores de centro y derecha, momentos donde se diluyen las reformas propuestas para ceder a sus presiones, en muchos casos vaciándose de contenido. En paralelo, el Poder Judicial se erigió como un muro de contención dispuesto a revisar o frenar iniciativas, como la reforma pensional, amparado en simples legalismos. Esta combinación debilita la capacidad del gobierno, que se enfoca en priorizar la sobrevivencia política por sobre la confrontación con los núcleos duros del poder.

Esto es así, debido a que se confía en el marco institucional (el mismo que hará todo lo posible por frenarlo) en lugar de en las calles. De ahí que la relación del gobierno con los movimientos sociales oscila entre la cercanía discursiva y la tensión en la práctica. Muchos de estos sectores —campesinos, indígenas, sindicatos, juventudes urbanas— se movilizan para exigir el cumplimiento de las promesas de campaña, como la implementación efectiva de la reforma agraria o medidas contra la informalidad laboral.

En varias regiones, las comunidades reclaman frente a la persistencia de la violencia paramilitar y el incumplimiento de acuerdos previos, organizando bloqueos y protestas que ponen en aprietos al gobierno. En estos casos, Petro evita la confrontación directa con las expresiones de descontento y las traslada hacia llamados a la moderación y mecanismos de diálogo, pero sin resoluciones inmediatas, lo que genera frustración entre los sectores que lo apoyaron en 2022.

También debe enfrentar movilizaciones impulsadas por sectores opositores por derecha, especialmente de gremios empresariales y organizaciones del aparato represivo (policiales), que rechazan las reformas y las medidas fiscales por ser contrarios a sus intereses. La coexistencia de protestas por la izquierda y por la derecha evidencia la polarización social y la dificultad de Petro para mantener un frente social unificado debido al recelo de sus acciones.

La base movilizada que emergió en 2021 no se tradujo en un movimiento orgánico articulado con el gobierno, sino en una relación de alianzas frágiles y coyunturales, que se tensiona ante la lentitud en las transformaciones y la percepción de que el Ejecutivo prioriza acuerdos institucionales sobre la presión popular.

La polarización se intensificó recientemente con dos episodios de alto impacto. El asesinato del precandidato presidencial Fernando Uribe, fue un hecho que agudizó el clima de confrontación. Sectores de la derecha utilizan el caso para agitar temores sobre un supuesto deterioro del orden público (en todo caso sería el mismo que existía en los gobiernos previos).

Por otro lado, la condena del expresidente Álvaro Uribe constituyó otro punto de quiebre. Para sus seguidores, el fallo judicial fue interpretado como una persecución motivada políticamente, lo que alimentó protestas en varias ciudades y llamados a “defender” su legado.

La sentencia representó un paso en la verdad y justicia de las miles de familias afectadas por el accionar de los grupos paramilitares. Sin embargo, el gobierno más bien fue cauteloso con el caso, para evitar confrontaciones, pero quedó igualmente atrapado en las acusaciones de “dictadura”, por supuestamente instrumentalizar a los tribunales. Al mismo tiempo, desde sectores populares y desmovilizados de las guerrillas, se sigue denunciando que la violencia contra líderes y lideresas sociales y figuras opositoras sigue presentándose e incluso aumentando.

Entre las promesas y las restricciones

La economía colombiana transita un escenario que no es de catastrofismo, como auguró la oposición, pero que tampoco es de crecimiento, serpentea entre el crecimiento de la deuda y la inversión social. Una de las principales medidas fue la suspensión de la regla fiscal, mecanismo típico de las gestiones neoliberales que ven en el déficit el mayor de los males. Los programas sociales aumentaron el gasto del 21,5% al 24,4% entre 2022 y 2025, el equivalente a un punto porcentual por año, lo que es calificado por la derecha como excesivo, pero que en realidad es insuficiente.

La deuda pública se espera que supere el 63% del PIB al finalizar este año y con esto el servicio de deuda se eleva, absolviendo cerca del 18% del presupuesto, lo que mantiene una presión constante sobre las finanzas públicas. En el frente inflacionario, el país enfrentó en 2023 un pico cercano al 13,34%, impulsado por el aumento de precios en alimentos y transporte, con variaciones anuales de más del 18% en la canasta alimentaria en el momento más crítico. En la actualidad, el indicador es de 4,82%, cercano a la meta del 3%.

En materia social, la pobreza monetaria se redujo al nivel más bajo desde que se registra este indicador (2012) con una tasa de 31,8%, mientras que la pobreza extrema descendió del 13,8% al 11,7%, entre 2022 y 2024, cifras que si bien muestran mejoras, todavía implican que más de 16 millones de personas viven con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El desempleo registró una caída gradual, ubicándose en el 8,6% en junio pasado, siendo el autoempleo (53% de los nuevos empleos), la industria manufacturera y la administración pública los principales sectores creadores de empleo. Este dato se ve matizado por la persistencia de una tasa de informalidad laboral del 55%, lo que significa que más de 12 millones de personas carecen de contratos estables y seguridad social.

El crecimiento económico se estima en 2,6% para este año. El gobierno mantiene un pulso con el Banco de la República (Banco Central) por los tipos de interés, ya que el ente no está renuente a bajarlos rapidamente, como desea el gobierno (de 13,25% en abril de 2023 a 9,25% en la actualidad), con lo cual se limita la expansión del crédito y el crecimiento.

Este cuadro económico es de estabilidad, que por un lado permite acallar a los apologetas derechistas, pero que también condiciona la capacidad del gobierno, que tiene un margen limitado para llevar adelante sus proyectos. La dependencia del extractivismo y el turismo, reproducen el modelo rentista, sin avanzar en la transformación del aparato productivo.

En vez de un viraje radical, la política económica mantuvo el objetivo de estabilizar la macroeconomía y preservar la confianza de inversionistas y organismos multilaterales, a la vez que impulsó reformas sociales de alcance moderado. El resultado es una gestión que combina avances puntuales con la continuidad de los problemas estructurales que siguen definiendo la economía colombiana.

Avances en un mar de desigualdad

El gobierno implementó un aumento del salario mínimo que llevó esta remuneración a 1.423.500 pesos para este año, cifra que representó un ajuste del 9,54% respecto al año anterior. Esta medida buscó compensar el impacto de la inflación acumulada, ya que si bien durante este gobierno el salario mínimo subió un 48%, la inflación en ese periodo fue de 33%, es decir un aumento real de 15%.

Sin embargo, estos avances nominales contrastan con la estructura del mercado laboral. La tasa de informalidad ronda el 55%, lo que significa que más de la mitad de las personas trabajadoras ni siquiera reciben el salario mínimo legal. En el sector rural y en regiones con menor dinamismo económico, como Chocó, La Guajira o Putumayo, la proporción de trabajadores con ingresos inferiores al mínimo supera el 70%, lo que convierte cualquier mejora formal en un beneficio restringido.

Incluso entre los sectores trabajadores formales, el aumento salarial enfrentó la presión de los precios elevados, por ejemplo en 2023, el costo de la canasta básica familiar creció cerca del 15%, absorbiendo buena parte del incremento.

La desigualdad salarial permaneció prácticamente intacta, y el aumento, aunque relevante en la vida cotidiana, no modificó el núcleo del problema que es un modelo económico que genera empleo mayoritariamente precario, con escasa capacidad de negociación colectiva y alta dependencia de actividades de baja productividad.

Así, aunque el gobierno proyecta cerrar su mandato con un salario mínimo cercano a los 1,6 millones de pesos, el verdadero desafío sigue siendo garantizar que estos incrementos alcancen a la mayoría de la clase trabajadora y no se diluyan frente a la inflación y la persistente informalidad.

Avanzar al pasado

La reforma laboral es quizás la joya de la corona de Petro. Su objetivo central es revertir las contrarreformas aplicadas en las últimas décadas, particularmente la Ley 789 de 2002 del gobierno de Álvaro Uribe, que flexibilizó la contratación, amplió las jornadas y redujo los recargos en beneficio de los empleadores. Solo con eso ya nació limitada, debido a que lo que pretende es retrotraer ciertas condiciones laborales a un momento anterior, no avanzar en la ampliación de derechos.

El trámite legislativo pronto se convirtió en un escenario de confrontación directa con el empresariado y los partidos de derecha y centro. En junio de 2023, la iniciativa se hundió en la Comisión Séptima de la Cámara, debido a la ruptura de alianzas y a las presiones de gremios que advertían una supuesta pérdida de empleos formales si se aprobaba el texto. Petro anunció que insistiría en el proyecto y lo presentó nuevamente en agosto de 2023, con ajustes menores para intentar recuperar mayorías. A mediados de 2024, la reforma continuaba estancada en el Congreso y finalmente fue aprobada en junio pasado.

Entre los cambios más relevantes planteados está la reducción del inicio de la jornada nocturna de las 9 p. m. a las 7 p. m., con el consecuente aumento del recargo que pasaría del 35% actual al 75%, así como la ampliación del pago por trabajo los domingos y festivos del 75% al 100%.

También, incluyó la prohibición de utilizar contratos por prestación de servicios para funciones permanentes en el sector público y privado, obligando a que dichas labores sean cubiertas con contratos de planta. Asimismo, impediría el despido sin justa causa de trabajadoras o trabajadores cercanos a la pensión, embarazadas o con limitaciones de salud, salvo que medie autorización judicial.

El aspecto más novedoso es la regulación del trabajo en plataformas digitales, estableciendo que las personas conductoras y repartidoras de aplicaciones tengan derecho a prestaciones sociales y estarían amparados por la legislación laboral tradicional (es decir, el mínimo de considerarles trabajadores en lugar de “socios”).

En cuanto a la negociación colectiva, se amplía el ámbito de aplicación de las convenciones firmadas por sindicatos para beneficiar a todos las personas trabajadores de una empresa, sindicalizadas o no. También se limita la contratación temporal y las empresas de servicios temporales a casos excepcionales, como reemplazos o incrementos de producción por corto tiempo.

Su contenido representa un avance tangible frente al retroceso neoliberal de las últimas décadas, pero resulta insuficiente para modificar de raíz el modelo laboral precarizado de Colombia. En muchos de sus aspectos, persigue colocar la legislación laboral al nivel de los mínimos estándares existentes en otras latitudes, desde un piso muy bajo, en un país con mínima organización sindical y niveles altísimos de explotación laboral.

El enfoque correctivo, orientado a restituir derechos perdidos, más que a ampliar radicalmente las conquistas de la clase trabajadora, camina entre la necesidad del gobierno de responder a las demandas sociales y su incapacidad de romper con las estructuras de poder que condicionan el mercado laboral.

Una oportunidad perdida

La reforma pensional también fue una de las promesas centrales de la campaña de Petro y, nuevamente, lo que busca es un cambio más “justo” sin romper con la lógica del mercado. Esto es particularmente relevante en un país con un sistema profundamente desigual, donde solo uno de cada cuatro adultos mayores accede a una pensión y millones de personas mayores sobreviven sin ingresos ni cobertura.

El proyecto fue presentado oficialmente en abril de 2023 y enfrentó desde el inicio fuertes resistencias por parte de los fondos privados de pensiones, sectores del empresariado, partidos conservadores y medios de comunicación, que alertaron sobre supuestos riesgos fiscales y afectaciones a la «libertad de elección».

Después de meses de discusión, la reforma fue aprobada por el Senado en junio de 2024 y ratificada por la Cámara de Representantes el 28 de junio de este año. Su contenido establece la creación de un sistema de pilares, que “elimina” la competencia entre Colpensiones (fondo público) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Según el nuevo modelo, todas las personas que ganan hasta 2,3 salarios mínimos deberán cotizar obligatoriamente al sistema público, mientras que lo que exceda de ese monto podrá ir a cuentas individuales en fondos privados. Además, pretende financiar un “pilar solidario» que entregará una transferencia mensual de 223 mil pesos a más de tres millones de personas adultas mayores sin pensión.

La reforma también crea un “pilar semicontributivo», que reconoce aportes parciales a quienes trabajaron en la informalidad, y permite sumar semanas no cotizadas para acceder a los beneficios. Además, establece un sistema de gobierno mixto para el manejo del fondo público, integrado por funcionarios del Estado y tecnócratas nombrados por el Banco de la República.

Un artículo polémico introducido en la última etapa legislativa propone reducir la edad de pensión para campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, lo que generó alarma en sectores conservadores, que lo consideraron inconstitucional por ser “discriminatorio” y potencialmente costoso.

Sin embargo, a pesar de su aprobación en el Congreso, la reforma aún no entra en vigencia, ya que debe superar el examen de la Corte Constitucional. El proceso legislativo fue cuestionado por la oposición, que denunció vicios de trámite, como la falta de citaciones adecuadas, la ausencia de quórum para aprobar el orden del día y la aprobación directa del texto del Senado sin debate en la Cámara. Por eso, ahora la Corte debe decidir si el procedimiento legislativo fue válido y si el contenido de la reforma se ajusta a la Carta Magna.

Si bien la propuesta pretende pasar de un modelo pensional básicamente privado a uno mixto, se desperdició la oportunidad de eliminar por completo el negocio que significan las AFP, que en todos los países donde funcionan son una estafa que juega en la bolsa con el destino de millones de personas.

Además, una parte de las contribuciones que sostendrán estos pilares será a través de una nueva retención a los salarios (entre 1,5% y 2,5%, según el nivel del salario), en lugar de aplicar una medida progresiva y asignarle ese costo a las patronales.

Promesa que camina lento

La reforma agraria, anunciada como una de las políticas insignia del gobierno, tiene el objetivo de cumplir parcialmente lo pactado en el Acuerdo de Paz de 2016 y enfrentar la histórica concentración de la tierra en Colombia.

El plan original, presentado en septiembre de 2022, estableció la meta de entregar tres millones de hectáreas a campesinos y comunidades rurales en cuatro años, priorizando territorios afectados por el conflicto armado y la pobreza extrema. Para ello, el gobierno firmó un acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) que preveía la compra de tres millones de hectáreas de tierras improductivas para su redistribución, financiadas mediante recursos estatales y créditos blandos.

Sin embargo, la ejecución dista mucho de las expectativas y, oficialmente, la meta fue recortada a la mitad. Según cifras del Ministerio de Agricultura, entre 2022 y mediados de 2025 se entregaron apenas 570.000 hectáreas. La compra directa a Fedegan avanzó lentamente, para agosto solo se habían adquirido alrededor de 96.000 hectáreas, lo que representaba poco más del 3% de la meta total.

Además, la política mostró una visión reducida del problema agrario, centrada casi exclusivamente en la entrega de títulos y no en el acompañamiento productivo o la infraestructura rural. Experiencias pasadas, demuestran que sin crédito o asistencia técnica, la redistribución no garantiza un cambio estructural en el campo; de hecho, en muchos casos las familias beneficiarias fueron presionadas a vender sus parcelas o abandonarlas por amenazas de grupos armados.

Los avances, hasta el momento, del gobierno de Petro resultan menores incluso frente a los alcanzados en ciertos periodos de la década de 2010, cuando programas como “Formalización Masiva” lograron más de 400.000 hectáreas tituladas en un solo año.

La brecha entre el discurso y los resultados ha generado descontento entre las organizaciones campesinas, acusando al Ejecutivo de ceder en exceso a acuerdos con terratenientes sin usar instrumentos más fuertes, como la expropiación por utilidad pública contemplada en la ley. Así, la reforma agraria terminó siendo uno de los frentes más rezagados y con menos proyección de cumplimiento cuando le resta poco más de un año al gobierno.

La “paz total” en crisis

El proyecto de “paz total” es un plan que tiene la intención de poner fin a todos los focos de conflicto armado, desde guerrillas históricas hasta disidencias, grupos paramilitares y bandas criminales. La propuesta, presentada en el Congreso en el 2022 y aprobada en noviembre del mismo año, le otorgó facultades extraordinarias al gobierno para establecer diálogos de paz con cualquier actor armado que manifestara voluntad de negociación.

El objetivo era avanzar simultáneamente en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, abrir un proceso con el ELN, buscar el desarme de las disidencias y establecer mecanismos judiciales de sometimiento para estructuras como el Clan del Golfo.

En sus primeros meses, la estrategia obtuvo algunos gestos alentadores cuando el ELN y el gobierno anunciaron el reinicio formal de negociaciones en Caracas, y a finales de 2022, Petro proclamó un cese bilateral con cinco grupos armados. Sin embargo, el proceso pronto mostró grietas. El ELN negó haber acordado un cese total, lo que obligó al gobierno a rectificar públicamente.

Los ceses bilaterales se vieron plagados de violaciones, y en varias regiones —particularmente en Chocó, Arauca y el sur de Bolívar— se denunciaron asesinatos de líderes sociales, desplazamientos masivos y enfrentamientos entre grupos armados.

En 2023, las conversaciones con el ELN avanzaron hasta concretar un cese al fuego de seis meses iniciado en agosto, pero los informes de la Defensoría del Pueblo registraron múltiples incumplimientos y un aumento de la violencia en zonas donde el grupo expandió su control territorial.

Con las disidencias de las FARC lideradas por “Iván Mordisco”, el diálogo iniciado en septiembre de 2023 se interrumpió varias veces por ataques a la población civil y a la policía. El Clan del Golfo, por su parte, nunca mostró ninguna intención de cesar operaciones, y continuó con actividades de narcotráfico y minería ilegal.

Ya para mediados de 2025, está claro que el plan fue un fracaso. Los índices de homicidios y desplazamientos forzados repuntaron, y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) contabilizó más de 250 líderes sociales asesinados desde el inicio del gobierno.

El discurso de “paz total” se convirtió en blanco de críticas por parte de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos que acusan al gobierno de improvisar y de otorgar beneficios sin exigir compromisos verificables. En varias regiones, la población percibió que los grupos armados se fortalecieron durante los ceses y aprovecharon la tregua para expandir sus actividades ilegales.

La estrategia, que pretendía ser el sello distintivo de Petro, tiene un problema conceptual inicial que es aglutinar en una sola bolsa a organizaciones con caracteres distintos. No se puede abordar de la misma forma a un grupo guerrillero que a grupos paramilitares o criminales. Esto deja al descubierto que el fin del conflicto armado no puede lograrse sólo mediante la negociación política por arriba, si no se transforman las condiciones estructurales que lo alimentan.

Marcha atrás con Trump

Un aspecto de renovada actualidad es el posicionamiento de los gobiernos ante la ofensiva imperialista de Trump. En este caso, comenzó marcada por tensiones y declaraciones directas. Petro adoptó un tono confrontativo hacia Trump, criticando abiertamente su agenda anti inmigrante y las deportaciones masivas en condiciones inhumanas. Sin embargo, el pulso no se mantuvo por mucho tiempo. Rápidamente, el gobierno estadounidense utilizó su poder para doblegar a Petro, quien terminó reculando.

El viraje, casi caricaturesco, es una claudicación frente a la presión política de Washington y un ejemplo más de cómo el gobierno de Petro no logra sostener una posición básica del progresismo, como es el antiimperialismo, y termina plegándose a las presiones geopolíticas. Lo que inició como un discurso desafiante frente a uno de los símbolos más visibles de la derecha global, terminó en el abandono de una línea de política exterior más independiente y crítica.

Un reformismo condicionado por la institucionalidad

Surgido del impulso de la rebelión popular de 2021, la llegada al poder de Petro generó expectativas de ruptura con décadas de neoliberalismo y exclusión política. La derecha auguraba un país en llamas; sin embargo, la experiencia de su mandato confirmó que no fue tal.

Fue claro desde el principio que se trataba de un proyecto social-liberal que no tenía ninguna intención de desbordar los límites de la institucionalidad burguesa. Además, bajo las condiciones económicas, políticas y geopolíticas actuales, ese tipo de proyectos no tiene el músculo para avanzar en reformas más profundas. Aunque Petro logró algunos avances en materias como el salario o las condiciones laborales, estos cambios se limitaron a retrotraer contrarreformas previas.

Su gobierno no ha producido logros de envergadura que transformen el modelo productivo, ni un viraje radical en política exterior o en la estructura del Estado, pero sí avances relativos desde un piso muy bajo que, en el contexto regional, lo colocan un paso adelante respecto a experiencias liberales-sociales como Boric o Lula 3. Lejos de ser el “país en llamas” que anunciaba la derecha, Colombia bajo Petro mantiene la estabilidad macroeconómica, aunque esto es posible en buena medida por su disposición a plegarse a los sectores conservadores y a retroceder en sus posturas iniciales.

Recientemente, como sacado de un recetario, se activó un conflicto con Perú por la soberanía de una isla en el río Putumayo, lo que se convirtió en un episodio ilustrativo de cómo los gobiernos recurren a disputas territoriales para reforzar el sentimiento nacionalista y mejorar su popularidad interna. Este tipo de controversias suele generar un cierre de filas en torno al gobierno, desviando la atención de problemas económicos o sociales y reforzando la idea de que defiende los intereses nacionales frente a presiones externas. En ese sentido, busca fortalecer la legitimidad de Petro en medio de su desgaste político interno.

Finalmente, Petro lanzó la propuesta (aún sin concretar) de convocar una Asamblea Constituyente, presentada como vía para superar el bloqueo institucional, sin embargo, esto puede convertirse en un punto de inflexión riesgoso. Por ejemplo, la experiencia chilena con el falso proceso constituyente bajo Boric, demostró que, plegándose a la institucionalidad, negociando con los sectores empresariales y no apoyándose en la movilización popular, puede terminar fortaleciendo a la derecha. Si Petro persiste en esta ruta sin un movimiento popular activo y organizado que impulse cambios profundos, el resultado podría ser un retroceso más que un avance.

Así, el balance general es el de un gobierno social-liberal o reformista de baja intensidad, pero manteniéndose dentro de las estructuras que prometió transformar, moviéndose entre la presión popular y las exigencias de las oligarquías y sectores empresariales: “Petro rompió un techo político de más de dos siglos, pero no ha sabido traducir esa ruptura en una transformación de fondo”.