El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de regular las funciones del Poder Judicial Nacional. Está capacitado para designar jueces así como para sacarlos de sus funciones, y para ejecutar y administrar el presupuesto de la Justicia.

Desde la reforma constitucional de 1994 (bajo Menem) dicho organismo tiene orden constitucional. El kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, reformó la composición del Consejo en 2006. La reforma K redujo la representación del Colegio de Abogados (dos representantes en vez de 4), de los Jueces (3 en vez de 5) y de las Universidades (1 en vez de 2). De esta manera, se le otorgaba mayor control del organismo a los representantes del Congreso (6).

El nuevo Consejo

Pero la ley de reforma kirchnerista venció esta semana. Ante la imposibilidad aparente de promulgar una nueva ley (el gobierno no parece capaz de reunir la mayoría necesaria) quien tomó el control de la situación fue la Corte Suprema de Justicia. Tras reafirmar un fallo realizado en diciembre del año pasado, la Corte nombró a su presidente (Horacio Rosatti) como nueva cabeza del Consejo de la Magistratura. Recordemos a la pasada que Rosatti fue nombrado por decreto del gobierno de Macri, y fue uno de los artífices de la fallida ley «2×1» de indulto a los genocidas.

Según la Corte, esta medida se tomó para evitar «el caos institucional» y la posible parálisis del Consejo. El kirchnerismo, sin embargo, leyó el gesto como un «golpe institucional». La situación no termina de resolverse porque el Congreso no parece decidir cómo actuar ante la conformación del «nuevo» Consejo. Hasta el día de hoy, faltan nombrar dos representantes de los legisladores para integrar el organismo.

Ni lentos ni perezosos, los diputados de Juntos por el Cambio salieron a exigirle a Cristina y a Massa que designen a Roxana Reyes (diputada de la UCR) y a Luis Juez (senador PRO) para ocupar las bancadas vacantes.

Lo que está en juego

El kirchnerismo acusa a la oposición de «golpista», mientras Juntos se lanza una vez más a su clásica cruzada por la «división de poderes» y la supuesta independencia de la Justicia. Juntos dice que el kirchnerismo creó una Justicia que deja pasar los casos de corrupción. Pero nada de eso comenzó con el kirchnerismo. Bien lo sabe la familia Macri, que amasó su fortuna estafando al Estado en la época de la última dictadura.  En realidad, ambas posiciones esconden algo de mentira.

Lo que se disputan el gobierno y la oposición es un mayor control de uno u otro bando sobre el funcionamiento de la Justicia. Es sabido que en la Argentina la Justicia no es independiente ni por asomo. Mejor dicho, es independiente de la voluntad popular (es el único Poder del Estado que no elige a sus miembros mediante sufragio universal). Pero no es independiente de los distintos partidos tradicionales que se disputan el control del Estado (el PJ, la UCR, el PRO y otras variantes).

Dependiendo de la coyuntura, en algunas ocasiones la Justicia opta por favorecer a un bando o al otro. Además, obviamente, existen dentro del personal judicial distintas «facciones» más favorables a un partido o el otro. Hoy por hoy, parece que la Justicia está más inclinada hacia el lado de Juntos que al de Todos. Así lo expresó el fallo de la Corte y la toma de control del Consejo de la Magistratura por parte de Rosatti.

La razón es bastante simple. Si bien tanto Juntos como Todos son partidos que defienden los intereses de los empresarios y quieren mantener el status quo de la sociedad argentina, tienen alguna diferencias respecto a cómo hacer esto último. El peronismo – kirchnerismo debe responder ante su base social, que es de origen trabajador, por lo cual busca un mayor control de la política sobre la economía, más no sea para regular su funcionamiento y que la crisis social no se salga de control. Juntos, por otro lado, es una formación política neoliberal más clásica. No hace falta más que ver su composición: la mayoría de ellos no son políticos «de profesión», sino empresarios devenidos en funcionarios.

Al parecer, a la Justicia le simpatiza más la forma «neoliberal clásica» de hacer las cosas. En todo caso, ni el dominio del PJ ni el dominio del PRO o la UCR sobre la Justicia garantiza que esta sea más favorable a los intereses de la población trabajadora argentina; ni siquiera que sea «más eficiente». Para eso haría falta refundar el Poder Judicial y ponerlo bajo control de otros intereses. Pero ni al gobierno ni a la oposición les interesa nada de eso.