El escándalo en Diputados y la disputa por el control del Consejo de la Magistratura

Los diputados del oficialismo y de Juntos por el Cambio protagonizaron un escándalo enmascarado con tecnicismos. El motivo: la disputa por el control del Poder Judicial.

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Se levantó la sesión que tenía como objetivo reelegir a Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara luego de un escándalo con gritos y amenazas de «irse a las piñas».

Si bien el oficialismo había alcanzado el quorum necesario, el bloque de Juntos por el Cambio ingresó a la cámara entre gritos y acusaciones de que la sesión era «ilegal». El argumento fue un puro tecnicismo de horarios. Pero el trasfondo es una pelea por la influencia de ambos sectores, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en el Poder Judicial.

Finalmente, el interbloque Federal decidió abandonar el recinto y la sesión fue levantada por falta de quorum. De todas maneras, dado el reglamento de la Cámara de Diputados, Moreau continuará en el desempeño de sus funciones hasta que se convoque a una nueva sesión preparatoria.

El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de designar y remover a los jueces, entre otras tareas. El miércoles Moreau decidió suspender por tiempo indeterminado la designación como representantes del cuerpo al Consejo de la Magistratura a los diputados Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley (FdT), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).

Moreau justificó esta decisión «en virtud del falló del juez Martín Cormick». Este fallo había objetado la designación de la diputada Reyes. Se trata aquí de un episodio más en la disputa por la influencia en el Poder Judicial, que es totalmente ajena los intereses de los trabajadores.

El Consejo de la Magistratura es el organismo encargado de regular las funciones del Poder Judicial Nacional. Está capacitado para designar jueces así como para sacarlos de sus funciones, y para ejecutar y administrar el presupuesto de la Justicia.

Desde la reforma constitucional de 1994 (bajo Menem) dicho organismo tiene orden constitucional. El kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, reformó la composición del Consejo en 2006. La reforma K redujo la representación del Colegio de Abogados (dos representantes en vez de 4), de los Jueces (3 en vez de 5) y de las Universidades (1 en vez de 2). De esta manera, se le otorgaba mayor control del organismo a los representantes del Congreso (6).

Lo que se disputan el gobierno y la oposición es un mayor control de uno u otro bando sobre el funcionamiento de la Justicia. Es sabido que en la Argentina la Justicia no es independiente ni por asomo. Mejor dicho, es independiente de la voluntad popular (es el único Poder del Estado que no elige a sus miembros mediante sufragio universal).

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