Por Agustin Macchi
Hace tan solo unos días atrás se hizo conocida la noticia de que el represor y genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz pidió a la justicia y a la gobernadora María Eugenia Vidal, mediante una carta de cuatro carillas, volver a ser parte de la Policía Bonaerense como efectivo retirado. En agosto de 2017 había sido exonerado de la fuerza. El represor de 89 años pidió la apelación a esa medida enviando un escrito a la justicia, que podría llegar a la Corte Suprema, manifestando que su exoneración “constituye una flagrante violación al derecho de defensa”, e incluso exigió que le dijeran “qué acciones” había realizado “para ser encuadrado en las supuestas faltas atribuidas”, sin embargo este pedido ya fue rechazado por el ministerio de seguridad de la Provincia.
Esta nueva provocación no tardo en generar el repudio de muchos sectores de la sociedad y de los organismos de Derechos Humanos. No es casual que el contexto actual donde hace pocas semanas atrás el gobierno de Macri dictaminara la utilización de las Fuerzas Armadas en la vida política del país, es decir en la represión interna (que dicho sea de paso es el verdadero rol que se le busca dar a este aparato), este represor buscara algún tipo de beneficio. Que figurara hasta hace poco como retirado voluntario significaba que seguía siendo parte de la fuerza y que entre otras cosas podía tener su arma reglamentaria y volver a tomar funciones. Un elemento que muestra el grado de impunidad de cómo se manejan las fuerzas represivas durante todos los gobiernos.
Etchecolatz es uno de los represores más emblemáticos y conocidos de la última dictadura militar por el rol que jugo para llevar adelante el plan de exterminio y el genocidio de estado. Durante ese tiempo fue jefe de investigaciones de la Policía Bonaerense y como tal era la cabeza de la organización de la red de centros clandestinos más grande del país. Fue condenado seis veces por secuestros, torturas, asesinatos y apropiaciones de bebés, y está procesado además en numerosas causas que no llegaron a juicio. Es el principal investigado por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. En 1986 recibió 23 años de prisión en la Causa Camps. En 2004, mientras se reabrían las causas penales, recibió siete años de prisión por la apropiación ilegal de una hija de desaparecidos. Y dos años después recibió su primera condena a cadena perpetua, en el histórico juicio en el que testimonió López. En 2012 recibió una segunda condena a perpetua tras el mega juicio del Circuito Camps; en 2014 la tercera, por un doble homicidio en la causa “La Cacha”; y el año pasado una pena de 25 años de prisión por el secuestro y las torturas a una pareja desaparecida.
Sin embargo el año pasado el Tribunal de Mar del Plata le otorgo el beneficio de prisión domiciliaria. Fue gracias a la movilización realizada en distintos lugares del país pero por sobre todo en Mar del Plata por los organismos de DDHH y los vecinos de la zona que se retrotrajo esa medida y tuvo que volver al lugar de donde nunca debió irse, la cárcel común en el penal de Ezeiza. Sin duda esa lucha y ese repudio de la sociedad ante uno de los peores represores de este país es lo que posibilito que este pedido de volver a ser parte del aparato represivo de la bonaerense fuera rechazada.
