El fin de semana del 27 y 28 de septiembre, la generación Z tomó las calles de Perú para protestar contra una reforma de pensiones impulsada por el gobierno de Diana Boluarte y contra el aumento rampante de la violencia del crimen organizado.

La jornada incluyó bloqueos en importantes avenidas de Lima, capital de Perú, un paro de transporte de 48 horas y la convocatoria a la “Marcha de la Generación Z”. La marcha tomó rumbo hacia el Congreso y el Palacio de Gobierno, al llegar al lugar se encontraron con un fuerte dispositivo represivo.

La jornada del fin de semana fue encabezada por jóvenes trabajadores o estudiantes, los cuales se unieron al sector transportista que protesta contra el incremento de las extorsiones. En esta ocasión, la manifestación se concentró en Lima, pero la inestabilidad política parece recorrer el país en su conjunto. De hecho, producto de las protestas en la zona de Cusco, el acceso a Machu Picchu fue cerrado temporalmente.  

En las pancartas se leían mensajes como: “Déjennos trabajar sin miedo”, “No al cobro de cupos”, “Exigimos vivir sin miedo”, “Mi familia me espera en casa” y “No a la muerte, no a la extorsión”. Son expresiones sintomáticas del malestar derivado por el incremento de la violencia e inseguridad en el país andino. 

Durante la jornada de protestas hubo un enfrentamiento entre los manifestantes y la policía, la cual usó balas de goma y gases lacrimógenos, inclusive contra la prensa que cubría las movilizaciones.

Además, según reporta la agencia EFE, el sábado se reportaron 18 personas heridas, mientras que el domingo la cifra subió a 26 personas heridas y seis detenidas, incluyendo una persona menor de edad (con apenas 14 años).

Frente al hartazgo por la pobreza y la violencia, los sombreros de paja recorren las calles de Lima

Remitiendo a las protestas en Indonesia y Nepal, la generación Z se apropió de la bandera de los “sombreros de paja” de One Piece como un símbolo de lucha contra un sistema que consideran corrupto. 

Similar a la rebelión en Indonesia, el anime, que narra la lucha de un grupo de jóvenes contra imperios corruptos, poderes opresivos y genocidas, resuena en una generación que se siente atrapada por el saqueo. El hartazgo generado por la pobreza y la violencia, se convierte en la gasolina que incendia las calles en el país andino.

Una de las consignas aglutinadoras es la oposición al intento de Boluarte por reformar el sistema de jubilaciones, la cual contenía los siguientes puntos: 

• Aumento del mínimo de edad para pensión anticipada a los 55 años 
• Obliga a los trabajadores independientes a incrementar progresivamente su aporte al sistema de jubilaciones, comenzando con un 2% de sus ingresos en el 2028.
• Elimina la posibilidad para menores de 40 años de hacer retiros anticipados de hasta el 95% de la jubilación.
• Obliga a toda persona mayor de 18 años a afiliarse a alguna prestadora de seguro, sea que decidan una privada (AFP) o la ONP, que es la aseguradora pública. De no elegir en los próximos 12 meses, la afiliación a la ONP se hará de manera automática.
• Busca abrir aún más el sistema de pensiones para la participación del sector privado; por ejemplo, se introducirán nuevas comisiones para las agencias privadas.

La Reforma, impulsada por el gobierno, fue aprobada días atrás por el Congreso. Vale acotar que el gobierno de Boluarte está bastante debilitado, pues cuenta con mínimos históricos de apoyo que, según algunas encuestas, está por debajo del 10%, mientras en el país se acumula enorme convulsión social.

 El otro motor que llama a protestar es la ola de extrema violencia que atraviesa el país. Entre enero y  agosto del presente, se produjeron 6.041 asesinatos, la cifra más alta en el mismo periodo desde 2017. A esto se le suma el incremento en las extorsiones del crimen organizado, ya que, en el mismo período de tiempo se reportaron 18.385 denuncias por extorsión, un incremento de 29,3% con respecto al mismo periodo de 2024.

La violencia escala a tal punto que, las “advertencias” de los extorsionadores, consiste en provocar explosiones en casas, el transporte público, restaurantes y hasta en escuelas. Estos ataques, junto a los homicidios, afectan en mayor medida a los sectores trabajadores y los barrios periféricos.

Las modalidades de extorsión van desde el “chalequeo” (seguridad a cambio de dinero), los cupos (el pago por desarrollar una actividad económica), o el “gota a gota” (préstamos a elevados intereses). La última modalidad bebe de la informalidad —que llega al 73% en Perú — y la imposibilidad de acceder a créditos, por lo cuál es fácil que tengan que recurrir a dicho tipo de extorsión.

El desembarque de los “sombreros de paja” en Latinoamérica, da cuenta de la potencialidad de que se dinamice la lucha de clases en la región, en gran medida en respuesta a la creciente pobreza y la degradación en las condiciones de vida de sectores de amplios sectores de la población. Tanto en el sudeste asiático, como en Perú, la idea de luchar por la perspectiva de un futuro mejor comienza a calar dentro de la juventud,  cada vez más sometida a condiciones de precarización laboral.