La convocatoria al Pacto de Mayo  durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso implica una suerte de llamado a la unidad nacional detrás de su programa de ajuste brutal. El mileísmo quiere firmar consensos para legitimar el avance de las principales contrarreformas reaccionarias que impulsa su espacio.

«La restitución de Ganancias es una propuesta del Gobierno para solucionar los temas fiscales de las provincias» dijo Guillermo Francos, Ministro del Interior. Entonces, para el gobierno nacional, los trabajadores pierden con el ajuste de una u otra forma, con uno u otro formato.

Hablamos, en primer lugar, de las reformas laboral (contenida en el DNU y bloqueada por la Justicia), previsional (la vuelta de las AFJP) y tributaria. A esto se suman una reducción brutal y distópica del gasto público (25% del PBI) y un compromiso de destrucción extractivista y rifa de los recursos nacionales.

Hasta aquí, se trata quizá de las reformas con mayor apoyo unitario de la burguesía económica y de la gran mayoría del arco político burgués. Tanto el PRO como la planta mayor de la UCR y el llamado peronismo federal están mayormente de acuerdo en la necesidad de avanzar hacia reformar neoliberales que pongan a tono a la Argentina con los niveles de explotación del trabajo internacionales.

En otros puntos, como la reforma política – electoral (uno de los primeros capítulos en pudrirse y caer de la Ley Bases) los acuerdos parecen menos claros. Tal como estuvo planteada en la Ley Ómnibus, la reforma política mileísta parece, a priori, demasiado profunda (atrasa 100 años el sistema electoral) como para no incomodar a sectores de los partidos tradicionales.

Según Milei, la intención del Pacto de Mayo es, en términos prácticos, consensuar el apoyo a un nuevo avance de la Ley Bases en lo que sería su versión 2.0. La eventual firma de los gobernadores sería una suerte de embrete para explicitar el apoyo público de los bloques parlamentarios a ese paquete de reformas pendientes de aprobación legislativa. La carnada ofrecida por Milei para que los gobernadores apoyen la iniciativa no es otra que la rediscusión del régimen de coparticipación (punto 5 del Pacto), lo que podría significar menores presiones presupuestarias para las provincias.

Los «10 puntos»: ajuste y cháchara

Los «puntos de consenso» del «Pacto de Mayo» fueron presentados así por Milei:

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
5. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

Entre el consenso reaccionario y la respuesta social

Es indudable que la caída de la Ley Bases significó una muy dura derrota táctica para el gobierno de Javier Milei, casi recién asumido. Sumada al bloqueo judicial del capítulo laboral y otros apartados del DNU 70/2023, la imagen de conjunto fue que la primera oleada de intentos de contrarreforma mileísta quedó fuertemente cuestionada por el rechazo social. El mismo se plasmó en los cacerolazos y en la resistencia de las movilizaciones en Congreso, a pesar de la represión bulrrichista.

En todo caso, estaba claro que las intenciones contrarreformistas de Milei no cesarían con la caída de la Ley Ómnibus. Para eso haría falta que su gobierno fuera definitivamente desbordado por la movilización popular masiva, una posibilidad que la CGT busca evitar al no convocar a una verdadera Huelga General Política.

El Pacto de Mayo muestra, a priori, un cambio de táctica para buscar consensos a los que se negó sistemáticamente durante el debate de la Ley Ómnibus (un intento de atropellar al régimen político que se demostró prematuro por sus insuficientes bases de sustentación). El gesto fue saludado positivamente por varios gobernadores (empezando por el PRO) y por personajes clave en el Congreso como Pichetto, que calificó como un descenso del gobierno a la real politik.

Se trata de una suerte de propuesta de unidad nacional reaccionaria que no deja de arrastrar contradicciones. Así lo expresó el mismo discurso de Milei, en el que llamó a la unidad a «todos, sin importar de dónde vengan» al tiempo que calificó de parásitos a los diputados y prometió intransigencia en su programa ultra.

En lo concreto, la contradicción radica en que Milei busca unificar el apoyo a su programa y los gobernadores buscarán intercambiar dicho apoyo por concesiones para sus respectivos territorios, lo cual no está del todo claro a estas horas.

Al mismo tiempo, bajando de las disputas en las alturas del sistema político a los movimientos más profundos de la sociedad, las coordenadas podrían cambiar para el momento de reunión del Pacto, signado para el 25 de mayo en Córdoba (la provincia con mayor provecho electoral para Milei el año pasado).

Sucede que antes de eso restan dos largos meses en los que el gobierno deberá pasar la prueba de los hechos una vez más. Las movilizaciones que se anticipan masivas para estos 8 de marzo y 24 de marzo serán una medida del humor social y de los niveles de rechazo al gobierno y sus ataques. Al mismo tiempo, el arranque del año lectivo ya trajo medidas de fuerza en la docencia. Y anticipa otras, probablemente más generalizadas, en el movimiento universitario ante la amenaza de lock out presupuestario para abril. El avance general del ajuste y la recesión, al mismo tiempo, ponen sobre la mesa la posibilidad de nuevos conflictos laborales en distintas ramas de la industria.