Es una conquista popular básica que la «Ley de Libertad Educativa» de Milei quiere negar: todos tenemos el derecho a formarnos. Así lo establecen la Constitución y los tratados internacionales. También 150 años de historia mundial: un siglo y medio en el que el colegio derrotó al principio eclesiástico y elitista de la enseñanza, para sentar las bases de lo que es la formación académica moderna.
La educación como la concebimos hoy en día se conquistó en la lucha contra el Medioevo de la burguesía en ascenso. Fue una victoria de la que se pudo apropiar justamente la clase trabajadora. Con nuestras obvias y dichas críticas a los límites capitalistas de la enseñanza, con su desigualdad y su abismo de clase, la educación es una conquista que se encuentra bajo asedio por este gobierno de pobreza y oscurantismo.
En el centro de sus ataques está la escuela: quieren terminar con su rol central en la educación, el que garantizó la alfabetización de masas a lo largo del mundo. Cuando el proyecto de ley quiere establecer que el «rol central» de la educación lo cumple «la familia» es porque quieren cuestionar el rol del Estado en los últimos 150 años de alfabetización. Prefieren la época en la que la educación se hacía en casa: cuando no se aprendía ni a escribir, ni matemáticas, ni ciencias sociales, ni nada de esas cosas. Cuando la inmensa mayoría de la gente no conocía ni la primera letra del alfabeto. Esas eran las épocas de «la familia» como institución central de la educación.
El proyecto, que cuenta con un total de 136 artículos, es un golpe bajísimo para todos los estudiantes, profesores y maestros del país.
Nada de lo que decimos debería ser entendido como una defensa de la Ley de Educación Nacional vigente. La LEN, aprobada en el 2006, fue una forma «progresista» de reemplazo de la Ley Federal de Educación menemista que no cambió nada. Solamente puso algunos parches y extendió la obligatoriedad de la educación a la secundaria.
Pero las bases de la destrucción de la educación en los 90′ no se cambiaron para nada: la «federalización» de fondos y contenidos se mantuvo vigente, por lo que siguió siendo un hecho que un distrito pobre tiene escuelas pobres. Siguió siendo un hecho que los contenidos se distribuían para sostener las desigualdades de clase.
Pero el proyecto mileísta en circulación es todavía peor. En los «principios» de una ley educativa se condensan los objetivos de todos los artículos que le siguen. Aunque no haya sido la realidad, la LEN establece que su objetivo es: «Asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales.» El Estado argentino, así, se pone un objetivo.
El proyecto de ley mileísta, en cambio, comienza por establecer los «derechos y deberes» de estudiantes y docentes. Las cosas son claras: el Estado, y lo público en general, deja de tener un objetivo educativo. La educación deja de ser una política de Estado.
Este texto es un principio de crítica de la «Ley de Libertad Educativa» todavía en desarrollo.
ARTÍCULO 1: «Escuelas: ¡Afuera!»
“La familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos; la sociedad civil es el ámbito en el que se organiza y se desarrolla a través de instituciones, espacios y proyectos diversos; y el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones mínimas comunes, y reconocer la validez de las titulaciones de la educación formal.”
Ya lo dijimos más arriba. Quieren retroceder 150 años de educación en las escuelas.
Las leyes anteriores planteaban: «La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.»
Con la nueva formulación, la educación ya no es un bien público ni un derecho. Y el Estado ya no tiene que garantizarla. Debe garantizar su «accesibilidad», no la educación como tal. Y, como dice la ley misma, que la familia por su cuenta se haga cargo de la educación del pibe ya es considerado «acceso» a la educación. El proyecto de ley convierte en política de Estado el liso y llano cierre de las escuelas públicas.
Por momentos, este proyecto ni siquiera tiene una viabilidad medianamente realista en el capitalismo de este siglo, es el producto del dogma absurdo y distópico que mueve la imaginación de los funcionarios de este gobierno.
Las cosas con claras, muy claras. En su artículo 45, establece «mecanismos de acreditación» para las «formas alternativas de enseñanza». Y en su inciso c) dice: «En el caso de la educación en el hogar, la posibilidad de que los estudiantes acrediten
mediante exámenes periódicos o adscripción a instituciones de Educación Básica».
Para la «educación en el hogar», la «acreditación» de que esa educación realmente se está dando es una «posibilidad», no una «obligación». La «Ley de Libertad Educativa» convierte el analfabetismo en política de Estado.
ARTÍCULO 3, 8 y 33: la «libertad» de los pibes a no tener educación, la obligación de hecho al adoctrinamiento religioso
“(…) a) Libertad educativa, entendida como el derecho de toda persona por sí o asociada con otras, a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos b) Rol preferente de la familia, como agente natural y primario que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos conforme a su identidad cultural y convicciones (…) d) Pluralismo y diversidad educativa, que garantizan la coexistencia y el reconocimiento de distintos proyectos, idearios y estrategias pedagógicas, asegurando la igualdad de trato y de reconocimiento jurídico entre las instituciones estatales y privadas, sin perjuicio de su autonomía y naturaleza propia, en la consecución de los fines educativos.”
“La familia, como agente natural y primario de formación de la persona, tiene el derecho preferente a orientar la educación de los niños, niñas y adolescentes a su cargo y a elegir las instituciones o proyectos educativos acordes a sus convicciones.”
“Las jurisdicciones pueden ofrecer enseñanza religiosa confesional, optativa para los alumnos, en las instituciones de Educación Básica estatales fuera del horario escolar regular con docentes y programas aprobados por la autoridad religiosa correspondiente. (…) pueden complementar contenidos mínimos comunes con contenidos relativos a la historia y filosofía de las religiones impartidos de manera objetiva y neutral dentro del horario escolar, con programas y bibliografía acordados con las confesiones religiosas, que promuevan la convivencia y el encuentro interreligioso.”
Ahora sí. ¿Qué quiere decir «libertad educativa»? Supuestamente, significa que cualquier persona, más allá de su tiempo, formación y ganas, tiene la libertad de elegir cómo se educan sus hijos. Pero no se limita a la elección de establecimientos y tipos de enseñanza. ¿Querés ser vos el educador? No hay problema. ¿Preferís priorizar paddle antes que la lectura y escritura? Está todo bien. ¿Trabajas 12 horas por día y no tenés tiempo de enseñarle a tu pibe como sumar y restar? No pasa nada.
Más allá de que la ley imponga una base austera en cuanto a criterios básicos que necesitan aprender los chicos, en la familia no hay control. Si uno no es capaz, fuera el motivo que sea, de dar los contenidos necesarios, no existe forma de enterarse que eso está pasando.
La ley permite utilizar un espacio de aprendizaje crucial para la vida en el mundo moderno como un anexo más de las iglesias y los templos. Y no se limita solo a la familia. Si en un colegio optan por que un pastor de misa todos los días, incluso en uno público, se puede, lo cual conlleva a un riesgo no solo en la calidad de educación de las infancias, sino también una merma en su calidad de vida. Porque, como todo en el capitalismo, la «libertad» así planteada es para los que tienen el poder económico para ejercerla. Y una de las instituciones más poderosas en el ámbito educativo no estatal es la Iglesia Católica.
Desde discriminación hasta adoctrinamiento, todo es posible si se implementa esta nueva ley.
Además, leyeron bien, legaliza el adoctrinamiento religioso en los colegios. El que impulsa esta ley es el mismo gobierno que milita la caza de brujas contra todo docente que hable de derechos humanos, de la historia del país, o de política crítica en general. «Adoctrinamiento» es todo lo que sea de interés público que sea incómodo para los prejuicios y la ignorancia de este gobierno. No es «adoctrinamiento» cuando se le enseña una doctrina religiosa a un pibe.
Que diga que «se permite» que las escuelas hagan esto, fuera de horario, como si se estuviera habilitando algo que venía reprimido es una trampa obvia. Lo «permitido» a nivel nacional es obligatorio en los lugares, pueblos, ciudades o barrios, en los que el poder de la autoridad religiosa tenga más peso. Como cuando era más fácil para la Iglesia intervenir y obligar a parir niñas en provincias como Jujuy o Tucumán.
«Permitir» la educación religiosa en las escuelas públicas es para los poderes religiosos, y se convierte en «obligar» a los pibes de hecho a que se les imparta ese adoctrinamiento. Ese tipo de fragmentación educativa ya existe en lugares como Texas, Estados Unidos. Les «permiten» a las poderosas organizaciones religiosas locales que decidan qué educación quieren impartir. El resultado: es muy común que haya instituciones que imparten desde edad muy temprana a los chicos que la evolución de las especias es solamente una «teoría». No es «libertad», es el impulso de una política enemiga de la ciencia.
Todos sabemos cuál es el modelo a seguir de Milei. Es el mismo Milei que habla de los «padres fundadores» de la historia argentina, un término usado en Estados Unidos para hablar de Washington o Jefferson, no en Argentina para hablar de Belgrano o San Martín, a los que se les dice «próceres». No hay detalle en el que el presidente argentino no sea un chupamedias de los yanquis.
ARTÍCULO 11: privilegios para la escuela privada, abandono explícito de las públicas
“Financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas, mediante criterios basados en el sostenimiento de la institución y centrados en el estudiante.”
El abandono permanente de la educación pública no es ninguna novedad. Falta de presupuesto, salarios pisados de docentes y no docentes, condiciones edilicias paupérrimas, y un largo etc.
La política pública real de los gobiernos argentinos fue convertir los colegios en «aguantaderos», con pibes sin comer y maestros explotados. Solamente a costa del inmenso sacrificio de los trabajadores de la educación siguen existiendo muchos colegios de calidad, y es responsabilidad de los gobiernos la situación de las que no pueden hacer otra cosa que tener a los pibes unas cuantas horas adentro.
En la actualidad, el que puede (y cada vez son menos) opta por anotar a sus hijos en una privada, y es exactamente lo que buscan. La política de esta ley es hacer explícita la transformación de la educación en objeto de lucro.
El uso de la palabra «equidad» entre escuelas públicas y privadas viene de un gobierno que explícitamente odia a las escuelas públicas. No hace falta mucho esfuerzo para inferir que creen que las privadas vienen siendo objeto de «inequidades», y que los colegios públicos tienen alguna suerte de privilegio. La «propuesta» de Milei es obvia: quitarle plata a las escuelas públicas para dársela a las privadas, directa o indirectamente.
ARTÍCULO 28, 44 y 58: el fin de los planes de estudio
“El reconocimiento oficial de los planes de estudio propios está sujeto al cumplimiento de los contenidos mínimos comunes y de la carga horaria mínima anual de cada nivel del Sistema Nacional de Educación dispuesto en el artículo 22 de la presente ley. La autoridad jurisdiccional competente deberá evaluar la equivalencia de los contenidos mínimos sin interferir en los contenidos propios del ideario institucional ni en su orientación pedagógica.”
Todo el proyecto está cruzado porque ya no hay una política centralizada de ningún tipo de impartir contenido científico básico, ni cultural. Todo lo que requiere la ley es el cumplimiento de «contenidos mínimos» establecidos por el Consejo Federal de Educación.
“Las formas alternativas de enseñanza se organizan y desarrollan libremente, sin más restricciones que las derivadas del orden constitucional y las leyes vigentes. La elección de los métodos, materiales, ritmos y entornos de aprendizaje corresponde enteramente a quienes ejerzan la enseñanza bajo estas modalidades.”
Hay que pensar unos minutos qué significa que para la educación no hay más restricciones que «el orden constitucional y las leyes vigentes». De repente, ya no es la ley educativa la que dice qué se enseña. La regulaciones de contenidos no están regidos por un criterio pedagógico sino criminal. Mientras no sea explícitamente un crimen, está bien. Ya no es la Ley Educativa la que regula las escuelas sino el Código Penal.
«La autoridad nacional de aplicación lleva un Registro Nacional de Planes de Estudio, en el
que constan las otorgaciones de validez nacional para cada plan de estudio enviado por las
autoridades jurisdiccionales competentes.»
Este artículo viene a darle un impulso más a uno de los principales males de la Ley Federal de Educación: la fragmentación y la desigualdad regional y de clase en cuanto al contenido educativo.
La «federalización» impuesta por el menemismo tuvo varias consecuencias. Su forma más notable fue el traspaso de todos los «colegios nacionales» a las provincias. La consecuencia fue: distritos pobres, escuelas pobres. Y en cuanto a contenidos, la política de educación «federal» era para que fuera más común que se enseñaran contenidos vinculados a la minería en zonas mineras, a la pesca en zonas pesqueras, etc. Nadie se queja de la especialización en estas áreas, que obviamente ya existía. El problema es que todo esto se hizo en detrimento de la formación general con el objetivo de que los pibes no vean otra alternativa que ser la servidumbre de los negocios locales.
Esta ley va más allá: ahora va a haber un «registro de planes de estudio». Un chico en una ciudad puede tener un plan de estudio completamente diferente al de otra, un chico de un barrio pobre con una escuela pobre tiene cierto plan de estudio, diferente al del chico en barrio rico con una escuela rica. Lo único que tienen que cumplir en común son ciertos «contenidos mínimos». Con más presupuesto, las personas con más plata pueden tranquilamente enseñar mucho más que lo «mínimo». Los pobres no.
ARTÍCULO 32: explotación infantil
“Las autoridades jurisdiccionales competentes promoverán la articulación de las instituciones de Educación Básica que impartan el nivel de Educación Secundaria con los sectores de la producción y el trabajo, a fin de fortalecer la formación integral y la orientación vocacional de los estudiantes. En este marco, las instituciones de Educación Básica podrán organizar prácticas formativas con la participación de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, debidamente registradas, que ofrezcan experiencias vinculadas al uso de tecnologías, la innovación o el aprendizaje de oficios, sin que tales actividades generen vínculo laboral alguno ni sustituyan relaciones contractuales de trabajo.”
¿Tenés una empresa y querés mano de obra rotativa por 6 meses sin tener que poner un mango? ¡Llegó la solución para vos!
La inserción de la juventud a explorar los diferentes sectores de empleo y aprender como es “la cultura del trabajo” es una práctica que algunas instituciones educativas vienen implementando y alentando hace ya algunos cuantos años. Lejos de ser una iniciativa inocente, permite que las empresas tengan a disposición fuerza de trabajo gratis, en la que los chicos van a “aprender” a trabajar sin beneficiarse en lo absoluto.
Excepcionalmente, pueden llegar a adquirir algún nuevo conocimiento, pero al mismo tiempo están produciendo y/o generando ganancias. Y ya existe una materia que se llama orientación vocacional. Literalmente es eso. Un profesional invita a otro profesional de otra área a explicarte como es su trabajo. Es didáctico, genera interés y no rompe con la seguridad que brinda un aula.
Poner a un chico en una situación de riesgo, sin el personal educativo capacitado que lo acompañe, es grave. Es usarlo, con la excusa de que algo bueno va a sacar, para pagarle menos que a un trabajador regular.
ARTÍCULO 43: virtualidad y menos escuelas
“(…) se reconoce el derecho a recibir Educación Básica mediante formas alternativas de enseñanza, desarrolladas total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos. Estas formas incluyen: a) Educación en el hogar, impartida por los padres o tutores o personas elegidas por ellos; b) Educación híbrida, combinando instancias presenciales y virtuales; c) Educación a distancia (incluso mediante el concurso de instituciones educativas radicadas fuera del territorio nacional), basada en el uso de tecnologías de la información y la comunicación.”
Como hemos visto, acá podemos leer que la nueva política de Estado con la «Ley de Libertad Educativa» es el abandono es la escuela como la institución educativa fundamental. En sus puntos b y c abarca lo referido a la virtualidad. Híbrida o completamente a distancia. Es cierto que para chicos que viven en zonas rurales o remotas de cualquier colegio, su implementación trae una ventaja. Pero… No nos olvidemos de la pésima situación en la que están las escuelas públicas. Teniendo esto en cuenta, la virtualidad, en cualquiera de sus dos formatos, permite seguir recortando presupuesto y personal de las instituciones. Si los pibes se quedan en la casa, no necesitas gastar en luz. No necesitas pagarles a los preceptores la semana completa. No es necesario contar con la presencia de tantos docentes.
Algo que mostró sus deficiencias en el 2020 vuelve a ser puesto sobre la mesa. No es lo mismo hacer un Zoom con amigos que tener que preparar una clase a distancia en la que los chicos se te dispersan, no pueden socializar, o incluso no tienen los medios suficientes como para poder conectarse. Ya en su momento nadie se tomó el laburo de capacitar a los docentes para semejante tarea.
La «virtualidad» con este gobierno es la inversión de la consigna de la derecha durante la pandemia. «¡Abran las escuelas!» decían en el 2021. «¡Cierren las escuelas!» es el grito de guerra de la política educativa de la derecha hoy.
ARTÍCULO 67: financiamiento y «racionalidad» anti-pedagógica
“El financiamiento del Sistema Nacional de Educación se rige por los siguientes principios: (…) b) Eficiencia. Obliga a utilizar los recursos disponibles de manera racional, priorizando la mejora de los aprendizajes y la reducción de desigualdades, evitando duplicaciones, gastos improductivos o asignaciones discrecionales (…) e) Subsidiariedad. Establece que el Estado debe intervenir de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales cuando éstos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación, sin reemplazar su iniciativa ni limitar su autonomía.”
Si hay algo que le interesa más a este gobierno que arrodillarse frente a Trump lo más posible es ajustar gastos. Y no porque no haya plata. Nos recortaron hasta las uñas y todavía no vimos un solo peso invertido en infraestructura, ni en desarrollo científico, ni en producción, ni en nada. Todo lo ahorrado es para que el Toto Caputo se la timbee.
Establecer un criterio de «eficiencia» y «uso racional de recursos» es una orientación nefasta que ya lleva varios años. Es imponer el criterio de «racionalidad» de una fábrica a las escuelas: intentan imponer que con la menor cantidad de personal y recursos posibles saquen la mayor cantidad de pibes educados posibles. Es una política de aulas sobrepobladas. La educación funciona de otra manera: aulas con menos pibes permiten una educación más personalizada, atendiendo a las necesidades y dificultades reales del proceso de enseñanza. El criterio de «racionalidad» es el de exprimir a los docentes para sacar la mayor cantidad de notas posibles sin aprenderse ni un solo nombre.
De hecho, es un índice confiable de la pobreza de un país que la cantidad total de docentes sea baja en relación a la cantidad de estudiantes. Los países con menos docentes por alumno son los de África Subsahariana: 40,7 alumnos por docente en promedio en el 2006. En países como Dinamarca y Suecia, el promedio es de unos 10 alumnos por docentes. Es un aula impensablemente chica para la Argentina. La «racionalidad» mileísta para la educación es la importación de la educación más empobrecida del planeta de los países con mayores índices de analfabetismo del globo.
ARTÍCULO 72: «vouchers» para la guerra mercantil entre colegios
“El financiamiento educativo directo o indirecto mediante desgravaciones impositivas o procedimientos similares se canalizará mediante:
a) Asignaciones destinadas a instituciones educativas estatales y privadas;
b) Asignaciones otorgadas a las familias o alumnos destinadas específicamente al sostenimiento de la inversión familiar y personal en educación;
c) Partidas especiales de equidad e innovación, orientados a reducir desigualdades estructurales y promover mejoras de calidad. (…) Las asignaciones destinadas a las instituciones educativas se basarán en los siguientes principios: a) Sostenimiento del servicio (…).
“Las asignaciones otorgadas a las familias o alumnos mediante becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes, estarán orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas diversas de aprendizaje.”
Esta es una de las facetas más conocidas de la política de Milei sobre la educación. Un tipo que no sabe absolutamente nada sobre cómo funcionan los colegios y la pedagogía en general les quiere imponer su dogma a toda costa: que las cosas solamente funcionan bien cuando compiten entre sí para tener más plata. Este dogma lleva ya siglos refutado por los hechos mismos: todo el desarrollo científico y educativo de los últimos dos siglos se realizó sin el incentivo de la competencia mercantil.
El sistema de «vouchers» pone el financiamiento en manos de las familias en vez de los colegios. Así, en vez de que se le de impulso a todas las escuelas para subir el nivel general, se las pone a competir para «atraer» la mayor cantidad de dinero posible. Y los hechos son los hechos: «venderse» mejor no significa necesariamente, bajo ningún punto de vista, enseñar mejor. Solamente significa que fuiste mejor en despilfarrar recursos en publicidad, y no sería extraño en semejante sistema imaginarse departamentos de marketing en cada escuela.
De nuevo, vamos de nuevo con esa palabra: la «Ley de Libertad Educativa» pretende establecer la «equidad» educativa, no la igualdad. «Igualdad» es que un pibe pobre pueda acceder a contenidos científicos de alto nivel independientemente de los ingresos de sus padres. «Equidad» es que cada uno tiene lo que «le corresponde»: el rico educación para ricos, el pobre educación para pobres.
Artículo 42: educación «esencial» contra los paros, no para los pibes
Son todos carneros y rompehuelgas, obviamente iban a presentar una ley de carneros rompehuelgas.
«ARTÍCULO 42.- A los efectos de la presente ley, la educación general básica será considerada servicio esencial, debiendo garantizarse durante toda medida de fuerza o
conflicto colectivo la continuidad mínima del servicio educativo y el derecho de los alumnos
a recibir educación.»
No hay mucho que desarrollar. La educación ya no es esencial para que el Estado garantice el financiamiento de las escuelas. Ya no es esencial para que todos los pibes puedan acceder a ella. Ya no es esencial para que todos los pibes tengan una formación científica. Ya no es esencial en nada que no sea una cosa: prohibir que los docentes hagan paro. La «esencialidad» solamente sirve para maniatar el derecho a la protesta de los docentes, no permitirles que se quejen, y así libremente arrebatar su educación a la mayoría de los pibes.
De la «ciudadanía» a la mercancía
En el momento de ascenso y auge del capitalismo, la ideología liberal era bastante más que el dogma de que todas las relaciones humanas son una guerra económica de todos contra todos y nada más que eso.
Con el impulso de la Revolución Francesa y su influencia, las revoluciones del siglo XIX lograron imponer que los pueblos dejaran de ser «súbditos» de los Estados para ser «ciudadanos» de los Estados. La idea del ciudadano ya no era la de ser solamente alguien que trabaja y obedece, era la de la construcción de individuos que son parte activa de una sociedad y una cultura. Y, en esa idea liberal, la condición de ciudadano se iba a poder construir con la educación pública: por eso la necesidad de impartir los conocimientos y las ideologías de esa época.
Claro que la igualdad formal escondía la desigualdad real, así funcionó siempre el capitalismo. Pero Milei quiere ponerle punto final también a la igualdad formal. Porque ser «ciudadano» implica ser parte de un proyecto común. En la idea burguesa clásica, de un país. Los socialistas criticamos que esa pertenencia a algo común -la «nación» y la «patria»- escondía y esconde la opresión real de la explotación capitalista. Donde hay profundas desigualdades económicas también hay desigualdades culturales y políticas.
El dogma educativo de Milei es el de ponerle fin a la idea de la formación del «ciudadano». Ya no somos parte de algo común, no participamos activamente de una sociedad, de su cultura y su ciencia. Solamente podemos ser vendedores y consumidores, todas las demás relaciones sociales son «colectivismo». El proyecto de «Ley de Libertad Educativa» quiere que la educación se compra y se venda para que aprendamos que lo único que podemos hacer es comprarnos y vendernos. Y como la mayoría no tenemos nada que vender, solamente podemos venderle nuestro tiempo a los que tienen todo. El fin de la «ciudadanía» en el dogma mileísta es el principio de que no podemos ser otra cosa que esclavos de los ricos. Y ahora sin ningún tipo de disimulo.
