Uno de los blancos de ataque del gobierno de Milei es la docencia y el sistema educativo como tal. Entre los más de 600 artículos, el mega DNU y la conocida “Ley Ómnibus” derogan y modifican una gran cantidad de leyes^[1] que involucran a las universidades y la educación superior.

Un ataque reaccionario a las universidades públicas

La “Ley Ómnibus” plantea una serie de  ataques reaccionarios que van desde intentos de arancelamiento y medidas de corte racista y xenofóbico, mercantilización y otras destinadas a restringir y elitizar aún más la educación superior, así como graves ataques a la autonomía universitaria e intentos de privatización de diversos organismos dependientes de la universidades^[2]. Todo esto por medio de modificaciones a la ya reaccionaria Ley de Educación Superior.

La primera medida es el Art. 553, en el cual se plantea el arancelamiento de la educación para todos los extranjeros no residentes en el país, una medida que no sólo atenta contra el derecho a la educación sino que también es de tinte racista, xenofóbica y segregadora: la educación es un derecho y debe ser gratuita para todo el mundo sin importar su lugar de nacimiento, cultura, ingresos, etc. A su vez, se elimina el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior, que era el que prohibía explícitamente cualquier tipo de arancel universitario, como así también la realización de acuerdos o convenios que implicaran ofertar la educación como un servicio lucrativo o que aliente formas mercantilizadas.

Pero los ataques no cesan allí. En el Art. 554 se elimina la posibilidad de que las personas mayores de 25 años sin secundario completo pudieran acceder a los estudios universitarios luego de rendir un examen que acredita los conocimientos del secundario. Si tenemos en cuenta que la misma Ley Ómnibus tiene medidas que favorecen una deserción masiva, como el fin de la obligatoriedad de la presencialidad, esta medida sólo promoverá aún más la elitización de las universidades, con el ingreso cada vez más dificultoso para trabajadores y los sectores populares.

A su vez, dentro del mismo Art. 554 se plantean ataques a la presencialidad de los estudios universitarios y al carácter social de la educación. Esto es así dado que brinda la posibilidad de eliminar los cursillos de ingreso y reemplazarlos por exámenes de ingreso directo, algo que debido a la escasez presupuestaria será aplicado por muchas universidades. Esto constituye un ataque no sólo al carácter social de la educación, que adquiere una importancia aún mayor en los marcos del ingreso, pero también podría convertirse en una fuerte traba para el ingresar a las universidades dado que sólo podrían ingresar aquellos con una mayor preparación previa.

Por otro lado, la Ley Ómnibus implica un gravísimo ataque a la autonomía de las universidades públicas por dos vías. Por un lado, se fortalecen los aspectos más reaccionarios de la LES (Ley de Educación Superior) dado que se mantienen las evaluaciones externas obligatorias para los reconocimientos de títulos, pero se fortalece la injerencia del sector privado y se elimina la obligación de que en dichos procesos de evaluación externa estén presentes académicos.

La segunda vía de ataque es la presupuestaria. En el Art. 556, la Ley Ómnibus modifica la forma de reparto del presupuesto. Antes de la modificación propuesta, la LES establecía que el presupuesto debía ser destinado por parte del Estado y que no podía ser transformado  o disminuido por la obtención de ingresos por vías adicionales. Así, la ley original preveía que las universidades debían ser financiadas por el Estado sin cumplir ningún tipo de requisito. Con las modificaciones de Milei, la asignación del presupuesto para cada universidad dependerá del tipo de carreras dadas, la cantidad de egresados y su área de formación y en base a metas que serían controladas por el Estado. Mutilan la autonomía universitaria, aumentan la intromisión del gobierno y fomentan una mayor mercantilización y elitización de las universidades públicas.

Por último, dentro de la ley también se plantea la privatización de empresas públicas, muchas de las cuales dependen de universidades. Las universidades poseen desde hospitales escuelas hasta laboratorios y medios de comunicación. Por dar un ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba correría el riesgo de perder el laboratorio de hemoderivados, los SRT (servicios de radio y televisión que constan de dos radios, un canal de televisión y un portal de noticias) y el Hospital Nacional de Clínicas.

El derecho a la educación no se toca

La incertidumbre en los ámbitos educativos universitarios es total. A pesar de que no hay clases, la preocupación de estudiantes y trabajadorxs no descansa. Es que el temor por el presupuesto universitario es otro aspecto que preocupa: el Gobierno ha definido funcionar el 2024 con el mismo presupuesto del 2023. Lo cual significa una licuación sin antecedentes del presupuesto para las universidades.

Se escuchan comentarios del tipo “hay plata hasta abril” y comienza a crecer un estado de alerta en distintos ámbitos de la Universidad. Esto requiere que el movimiento estudiantil en alianza con el resto de los sectores que formamos parte de la Universidad nos pongamos en un estado de alerta y organización para enfrentar los ataques que significan las medidas del gobierno de Milei.

^[1] Aquí, pueden encontrarse la Ley de Educación Nacional, la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Educación Superior y la Ley de Financiamiento Educativo.

^[2] Organismos que van desde medios de comunicación hasta laboratorios