El gobierno se reunió este jueves con los gobernadores de Juntos por el Cambio para tratar de alcanzar un acuerdo que esta vez permita evitar el estrepitoso fracaso de la Ley Ómnibus. Milei aspira a que esta nueva ley llegue al recinto el 24 de abril.

A la reunión asistieron los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco y por la ciudad de Buenos Aires acudió la vicejefa de Gobierno Clara Muzzio.

Después de las derrotas, Milei intenta «consensuar» con los gobernadores. El Pacto de Mayo fue el más rimbombante anuncio de esta nueva estrategia. El tan épicamente presentado «pacto», por ahora, no pasa de una declaración de intenciones del gobierno. Desde su «presentación» en la apertura de sesiones, ninguna novedad ni avance ha habido al respecto.

Milei esperaba poder imponer todas sus condiciones con el solo anuncio del «Pacto de Mayo». Pero los gobernadores, que respaldan al gobierno y su ajuste, no quieren pagar sus costos políticos. Con las movilizaciones de enero y febrero, quedó perfectamente claro que no va a resultar tan fácil. Incluso los más arrastrados gobernadores del macrismo pretenden imponer condiciones antes de darle ningún apoyo a la ley mileísta.

Una negociación trabada

La mayor diferencia radica en el apartado presupuestario. En la continuidad de la obra pública, el impuesto a las ganancias y el manejo de las cajas previsionales. Es decir, se trata de la parte mas delicada en términos sociales y por lo tanto en el rédito político. Básicamente, los gobernadores quieren que el gobierno retroceda en los recortes a los fondos de las provincias.

Fiel a su política de que el ajuste lo pagan los trabajadores, el gobierno propuso restituir el impuesto al salario con un piso de 1.200.000 pesos. Al ser un impuestos coparticipable, el ajuste a los salarios de los pocos trabajadores que no viven en la pobreza aliviaría las arcas de las provincias. Pero los gobernadores no quieren hacerse cargo de la restitución del impopular impuesto.

Otro punto de discordia es el ajuste a las cajas previsionales. En particular, la «reforma» de la movilidad jubilatoria recientemente impuesta por DNU paralizó parte de los envíos de fondos de 13 provincias.

Además, los gobernadores temen por las consecuencias políticas de la paralización de la obra pública. El ajuste inmediato y completamente delirante de Milei dejó a medias cientos de obras. Así, todo lo invertido anteriormente se convierte en un derroche que deriva en estancamiento y atraso.

La semana que viene haría circular a los gobernadores un borrador de la nueva ley. La idea de Milei es que la ley empiece a tratarse en comisiones el 17 de abril y que luego llegue al recinto de la Cámara baja una semana después, el 24. Si bien esta nueva estrategia del gobierno parece encaminar mejor sus intenciones reaccionarias, aún está por verse si es posible que reúna el apoyo necesario para la aprobación de la ley. Además, el intento de avanzar en este proyecto reaccionario podría desatar nuevas movilizaciones, como las que pusieron en jaque la primera «Ley ómnibus».