Luego de reunirse con Guillermo Francos (ministro del interior) y Nicolas Posse (jefe de gabinete) y darle el visto bueno al proyecto de contrarreforma, nada “light”, la CGT lanzó sorpresivamente una convocatoria a paro de 24 horas para dentro de 5 semanas. Es tiempo suficiente para negociar con el gobierno de Javier Milei y levantar la medida como ha ocurrido tantas veces.

Las idas y venidas están atadas a las permanentes indefiniciones en la elaboración del capítulo laboral que se incluirá en la Ley Ómnibus bis. A esto se suman las presiones ejercidas por algunos gremios, que exigen al gobierno la homologación de las paritarias acordadas con las empresas, como es el caso de Camioneros y la UTA.

Finalmente, luego de «felicitar» el diálogo abierto con el gobierno nacional, la reunión confederal de la CGT del jueves 11 puso una fecha de paro, con vistas a negociar temas pendientes como la homologación de paritarias y la reincorporación del impuesto al salario. Se colaron en la decisión de la Central  la  presión de los gremios de servicios encabezados hoy por Luis Barrionuevo (oficialista de Milei hasta días atrás) y Pablo Moyano, que exigen la homologación de las paritarias. Por el contrario el paro no fue anunciado contra el intento de reforma laboral, que están dispuestos a negociar a costa de las y los trabajadores.

El día miércoles, la CGT se reunió por primera vez en 4 meses con el Gobierno Nacional. Ahí consensuaron aspectos de una reforma laboral nada “light” contra los trabajadores, que se incorporaría a la Ley Ómnibus bis. La misma no incluiría los aspectos relacionados a desregulación de obras sociales bajo control de los sindicatos. Por el contrario, tendría entre sus puntos principales:

1) La flexibilización del despido mediante la eliminación de las indemnizaciones y su reemplazo por el sistema que se aplica en UOCRA. Consiste en el auto pago de la indemnización mediante un descuento mensual al trabajador y un aporte mensual de las empresas a un fondo de desempleo al cual el trabajador accede luego de ser despedido. Junto con esto se impulsa la despenalización del trabajo informal mediante la quita de multas a los empresarios que blanqueen a los trabajadores.

2) La designación de la educación como «servicio esencial». Es un ataque directo a la libertad de huelga de los docentes, obligando a funcionar en un 75% al personal en cualquier circunstancia.

3) La extensión del periodo de prueba a 6 meses, luego del cual, si el trabajador es despedido, no le corresponde indemnización alguna.

Por lo pronto no se conoce el texto definitivo de la ley ni sus detalles en lo que refiere  a contrarreforma laboral, cuya redacción se encuentra en manos de la UCR. Por estas horas se habla de la posibilidad de incluir dentro del paquete laboral la eliminación y prohibición de aportes sindicales de los trabajadores a los gremios establecido por convenio colectivo, tema que de incorporarse rompería el inicio de acuerdo con la CGT.  Esta incorporación afectaría directamente la caja de los sindicatos, por lo que sería un hecho la oposición de los gremios. Es una vía de intervenir el funcionamiento de los organismos sindicales por parte del gobierno y el Estado, cuestión que debe rechazarse de plano.

En todo caso, el funcionamiento de los aportes sindicales y de los sindicatos de conjunto es un tema que compete exclusivamente a las y los trabajadores, que deben organizarse de manera independiente para imponer a las conducciones un funcionamiento democrático y clasista, además de recuperar las direcciones al servicio de las necesidades de las y los trabajadores.

Las idas y venidas de la CGT dan tiempo al gobierno para afinar  el ataque global a los trabajadores, que van desde el derecho a huelga y la protestas hasta las condiciones laborales y salariales. Lejos de convocar a una enorme movilización para rechazar la Ley Ómnibus bis de conjunto, buscan acordar con el gobierno el ataque a los trabajadores cuidando la gobernabilidad de Milei, a la vez que intentan sortear la presión que crece desde las bases para ir a un paro que enfrente el plan global del gobierno.

Mientras tanto, la exigencia de un paro general activo contra la Ley Ómnibus, la contrarreforma laboral, el DNU, la represión a las protestas y la exigencia de salarios por encima de la canasta básica crece, y presiona para que se concrete y se adelante.