Desde la rueda de prensa que realizaron en Plaza de Mayo expresaron la necesidad de narrar “en voz propia” la crítica situación que particularmente sufren las personas adultas mayores del colectivo. También reclamaron por la falta de respuestas del Estado a seis meses de la desaparición de Tehuel de la Torre.

Por esta razón, quisieron presentar ante Fernández un proyecto de ley que impulsan. El  objetivo es que desde el Estado se garantice una indemnización a las víctimas por “la violencia sufrida durante tantos años» por “todo el daño que nos han hecho durante décadas y las aberraciones que sufrimos por nuestra identidad de género”.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Télam, María Luisa Domínguez, de 58 años, agregó el hecho de que las pocas que llegan a ser adultas mayores son “sobrevivientes considerando que nuestro promedio de vida es de 40 años”.

Asimismo, las autoconvocadas/es consideraron que, pese a “las buenas intenciones”, las políticas públicas existentes son “fallidas e insuficientes”. Al respecto, Domínguez remarcó que celebra la sanción de la Ley 27.636 del cupo laboral travesti-trans, pero indicó que muchas personas de su edad o incluso mayores quedan fuera del cupo.

Respecto a la situación social y económica que atraviesa el colectivo en el contexto general, agregó «tenemos compañeras que con 60 años aún están en estado de prostitución o comiendo una sola vez al día porque no alcanza”. Desde este punto, la explotación sexual sigue siendo una condena para las compañeras que quedan fuera del cupo y son expuestas a esta terrible violencia.

Dana Valiente es de Misiones y tiene casi 50 años, viajó desde allí para llevar adelante el reclamo y enfatizó en la necesidad de que “las travestis mayores puedan vivir con dignidad y con derechos reales garantizados”. Ella también se refirió a que la pandemia fue «muy degradante» y que en Misiones, una provincia «muy conservadora», cuesta mucho más que se garanticen los derechos que se van conquistando, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género.

“Con este proyecto queremos generar un diálogo social y que se entienda que no es solamente la policía la que ejerce violencia, aunque sea la más cruel, sino que toda la sociedad ha estado implicada al expulsarnos, patologizarnos y estigmatizarnos”, manifestó finalmente Marlene Wayar sobre la importancia y necesidad que impulsa el proyecto de ley.