El reclamo principal fue llevado a cabo por los familiares de Eduardo Damián Chávez, Agustín Velázquez y Ángel Marcelo Ibáñez; tres chicos del Barrio San Cayetano que el 14 de julio se encontraban transportando el carro con el que realizan changas a diario cuando fueron interceptados por móviles de la policía bonaerense.
Lo que sigue es un hecho de tortura en el que los retuvieron durante cuatro horas en el piso, golpeándolos y hostigándolos, y hasta denuncian que los obligaron a comer heces de caballo. Los padres de los jóvenes estuvieron buscándolos en distintos destacamentos policiales de Quilmes, pero no tuvieron respuesta sino hasta dos días después de los hechos. Dos de ellos fueron encontrados en un destacamento del partido de La Matanza, otro elemento de maltrato institucional.Luego de la movilización, dos de los jóvenes fueron liberados.
La versión policial es que se trataba de un operativo antidrogas para desbaratar a los distribuidores locales, pero nada de eso sucedió ya que como nos cuentan los familiares de las víctimas, el “tranza” del barrio sigue aun paseándose por las calles de San Cayetano. Esta persona y su entorno son conocidos por todos en la zona, pero la policía apunta a un grupo de carreros que intentan ganarse la vida como pueden. El montaje policial para inculpar a los jóvenes incluyó que se le “planten” armas y drogas, un hecho que no resiste el mínimo análisis: es claro que unos dealers que portan armas y trafican drogas no necesitarían ganarse la vida como carreros. Por otra parte, es de público conocimiento que la policía es la pata elemental del delito organizado: sostiene la distribución de drogas en los barrios, libera zonas y cobra coimas, así como también incrimina o mete “de garrón” presos a inocentes con causas armadas para mostrarse activos mientras garantizan la impunidad.
Ante la crisis social y sanitaria que atravesamos, con un aumento exponencial de la marginalidad, el gobierno repite las recetas represivas que ya fracasaron. Con el Ministerio de Seguridad a cargo de un personaje como Sergio Berni, que constantemente arenga a las fuerzas que tiene a cargo en favor de la mano dura, promueve la justicia por mano propia y encubre casos de gatillo fácil, no resulta raro que la policía bonaerense esté señalada como la principal responsable en la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Incluso en la misma concentración del lunes se encontraba la familia de Fernando Espinosa, víctima de gatillo fácil en Quilmes Oeste. Alberto Fernández y Axel Kicillof permiten que estos hechos se multipliquen con el despliegue de fuerzas federales justo donde la crisis golpea más duro, cuando deberían garantizar el acceso a condiciones dignas de vida en los barrios populares.
Denunciamos los hechos de violencia institucional perpetrados por la Policía Bonaerense y todas las fuerzas represivas amparadas por Berni y todo el gobierno. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y exigimos la liberación de Ángel Ibáñez, quien aún permanece detenido. Que paguen los responsables de las torturas, la manipulación de pruebas y el arresto ilegal de los jóvenes. El Estado es responsable y las autoridades deben hacerse cargo inmediatamente de estos hechos de violencia. Basta de perseguir a los pibes en los barrios. Basta de gatillo fácil. Aparición con vida ya de Facundo Astudillo Castro. ¡Fuera Berni!
