Además del contenido ultra reaccionario del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado esta medianoche por el gobierno, Javier Milei lleva adelante una arriesgada apuesta política: gobernar por decreto de espaldas a las demás instituciones del poder, en particular el Congreso. E incluso la Constitución Nacional.

Se trata de un ensayo de «bonapartismo», un diseño de poder de rasgos marcadamente antidemocráticos y autoritarios que intenta pasar por encima de las demás instituciones del régimen político capitalista. Aunque por ahora es más una prueba que una realidad condensada, si Milei logra estabilizarse y hacer pasar su paquete de medidas por la vía del decretazo podría convertirse en toda una metodología de gobierno. Implicaría el ingreso a un período con rasgos muy antidemocráticos.

Algo similar había ensayado también Macri en sus primeros días de gobierno, por ejemplo cuando intentó nombrar a los jueces de la Corte Suprema por decreto, una acción claramente inconstitucional, aunque finalmente logró que se lo aprobara el Congreso. Fue la primer «mini-crisis» política del gobierno de Cambiemos.

Pero la apuesta de Milei es incalculablemente mayor: intenta resolver por la vía del bonapartismo la aplicación de las principales contrarreformas económicas que reconfiguren el país en clave neoliberal. Además, utilizando una táctica de ataque «masivo», el DNU abarca áreas tan diversas que intenta abrir demasiados frentes simultáneos para quienes se opongan, de manera de no poder concentrarse en alguno en particular o en los más estratégicos, como la reforma laboral. Es una maniobra clásica de los gobiernos con programas de ataque a la clase trabajadora: abrir varios frentes simultáneos.

En combinación con la legitimidad electoral recientemente conseguida, con las expectativas sociales del inicio de un nuevo gobierno, sumado al calendario social cargado de fiestas y vacaciones, Milei intenta con este cóctel de ataques mas distracciones y factores «atomizadores» que sus medidas terminen aplicándose y estabilizarse en el poder.

Pero aun con todos estos factores que juegan a su favor, la apuesta de Milei es sumamente arriesgada. En un país sumido en una crisis económica, política y social, pero con tradiciones y reservas de luchas sociales y democráticas aun no derrotadas, el gobierno «a sola firma» de Milei juega con el fuego del estallido social. Si logra estabilizarse, constituiría un enorme triunfo político para sus planes reaccionarios. Pero si la jugada le sale mal, tiene demasiado para perder.

Es que eso es lo que explica esta inédita situación política en la que, con un gobierno que apenas lleva diez días, ya se estén registrando movilizaciones sociales, tanto organizadas como espontáneas, e incluso la dirigencia sindical burocrática se ve obligada a evaluar la posibilidad de un paro general. Tal es el tamaño del ataque.

Si se abre una dinámica de movilizaciones a tan poco tiempo de asumido el gobierno, y si el rechazo social y la lucha en las calles logra algún tipo de freno al DNU (como podría ser por la vía de la justicia) el gobierno de Milei podría entrar en una crisis política en tiempo récord.

A esto hay que sumarle el carácter claramente minoritario del gobierno: sin gobernadores y con una pequeña presencia en ambas cámaras, los resortes institucionales en los que puede apoyarse si se disipa rápidamente la legitimidad electoral son realmente muy escasos.

La otra alternativa es que el gobierno apueste a una dinámica de movilización y contra movilización, llevando la disputa a las calles de manera nítida. Pero aunque ya hay convocada una concentración el defensa del gobierno para este sábado, es todavía apresurado dar por confirmado que ingresamos en esa dinámica. Todavía ni siquiera está claro que ocurrirá con el DNU y cual es la magnitud de la respuesta, que todavía está en desarrollo.

La aceleración de los tiempos es inédita, aunque se relativiza su carácter sorprendente si se comprende la profundidad del ataque que está intentando hacer pasar Milei: conquistas históricas de la clase trabajadora están en juego.

El gobierno de Milei comienza con un all-in, una jugada arriesgada cuyo resultado probablemente sea determinante para el devenir de su gobierno. Frente a tamaña apuesta, apela a un giro de rasgos autoritarios: no sólo por la metodología de gobernar por decreto, sino también por el casi dictatotial protocolo «anti-piquete» de Bullrich.

En su primera prueba, el protocolo llevó adelante un operativo policial con miles de policías y operativos en estaciones y transporte público. Incluso se llevaron adelante acciones claramente persecutorias, como las extorsiones a los beneficiarios de planes sociales, la policía subiendo al transporte público y filmando a los pasajeros o las requisas a vehículos por la sospecha de trasladar a «posibles manifestantes». Una gravísima violación al derecho a la protesta.

Con todo, la marcha a Plaza de Mayo se pudo realizar y el protocolo no evitó el corte de calles. Más aun, post anuncio del decretazo los sectores medios y de trabajadores de la Capital se movilizaron espontáneamente en diversos puntos, y confluyeron en la capital. La convocatoria superó a quienes fueron a vitorear la asunción de Milei el pasado 10 de diciembre.

En un país con una crisis histórica y una dinámica de creciente polarización, Milei ensaya un giro arriesgado cuyas consecuencias son aun desconocidas, no sólo para los trabajadores que son el foco de los ataques, sino también para el propio gobierno.