Hoy temprano llegó a las puertas del gobierno provincial la caravana que había salido de la localidad de San Carlos para defender la 7722. A ella se fueron sumando en el camino habitantes de Preditas, Eugenio Bustos, Jocolí, General Alvear, el Este, Uspallata, San Rafael.

 

Jóvenes, vecinos, pobladores en general, trabajadores rurales, le dieron el tono a una movilización que es tan grande como variopinta. Las rutas cruzadas por la movilización están paralizadas al menos hace dos días.


El día de ayer, los movilizados en Uspallata hacían circular este comunicado:

“Uspallata: corte total y tractorazo en el paso internacional a Chile. La ‘Ruta del Mercosur’ no se reabre hasta que no bajen la modificación de la 7722. La fila de camiones es interminable. Vialidad nos está dando una mano, pues justo hoy se les ocurrió pintar la ruta: el caos vehicular es impresionante.

Uspallata está cortando la ‘ruta del Mercosur’ en defensa del agua de Mendoza, porque POSTA no queremos regar nuestro suelo ni tomar agua con cianuro.

‘La Ruta de San Martín no será la Ruta del saqueo megaminero’

‘Los caminos del vino empiezan en los senderos del agua’

En Uspallata la megaminería NO tiene licencia social

NO a Minera San Jorge

SI al Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas

#LA7722NOSETOCA”

El gobierno provincial de Cambiemos y la oposición del PJ “fernandista” habían modificado el viernes pasado la ley que protege el agua de químicos contaminantes para favorecer a las mineras. El gobernador Suarez, con el respaldo de la referente local del Frente de Todos Fernández Sagasti, modificaba así la ley 7722, que protege el agua de la provincia de la utilización de cianuro y otros químicos contaminantes en la explotación minera. La ley había sido conquistada por la movilización popular en el año 2007.


La iniciativa fue avalado además por Alberto Fernández en un reunión con varios gobernadores de Cambiemos y el ministro camporista Wado de Pedro. Es llamativo el ruidoso silencio del gobierno nacional luego de la respuesta popular, como la casi inexistente cobertura de sus medios afines de las movilizaciones que conmueven la provincia.


Se trata de la primera gran lucha popular masiva bajo el gobierno de Alberto Fernández, y encuentra al gobierno nacional como cómplice de las empresas megamineras igual que al gobierno provincial de Cambiemos encabezado por Suárez.

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