Probablemente muchos después de leer este copete recuerden del retroceso de Alberto Fernandez frente a la expropiación de Vincetín luego de su defalco, así como las nutridas movilizaciones de las entidades agrarias al grito de “Todos somos Vicentín”.

Conforme avanza esta causa judicial queda evidenciado que el gobierno cedió frente a un grupo de millonarios estafadores y la derecha de Juntos, las entidades agrarias y sectores de clase media, los convirtieron en las víctimas mediáticas de un presidente que no sabía cómo arrastrarse para seguir pidiéndoles perdón. 

Lo paradójico de la cuestión es que el mismo sector social que los defendió frente al tímido intento del gobierno es ahora quien los acusa. Productores agropecuarios, bancos extranjeros y empresas de acopios cerealeros son querellantes en la causa. 

Los directivos imputados falsificaban sus balances contables para pedir préstamos a bancos  y granos a los productores. Luego, no les pagaban a ninguno de los dos y se quedaban con el dinero de las ventas de los productos a base de los granos y el de los préstamos. 

Los acreedores le reclaman a los directivos de Vicentín una deuda de al menos 1500 millones de dólares. Frente a estas noticias el gobierno no dijo palabra, su retroceso no cesa ni siquiera en momentos de su embestida simbólica contra las empresas alimenticias por “formadoras de precios”: 

La defensa de los imputados pidió un plazo hasta este jueves para poder leer bien las acusaciones, día en el cual la fiscalía pedirá las prisiones preventivas.