Hoy se trataría en diputados la Reforma Judicial

Una reforma mezquina

¿Qué país raro, no? Pandemia, enfermos, muertos, pobreza, inflación, crisis educativa, saturación del sistema de salud;  y sin embargo, lo que preocupa a la sociedad parece que es la reforma judicial. ¡Qué conciencia ciudadana, che!

Martín Primo
Director del semanario Socialismo o Barbarie.


La discusión sobre la reforma judicial parece ser el principal asunto de la realidad nacional (por lo menos hasta antes del “burofax” de Messi al Barcelona). Los principales dirigentes del oficialismo y de Cambiemos se  baten mediante valientes“tuitazos”alzando la bandera de la democracia, y la institucionalidad, o de la república y el consenso. Todo esto esto pese a que la pandemia rompe records de enfermos día por medio.

¿Qué país raro, no? Pandemia, enfermos, muertos, pobreza, inflación, crisis educativa, saturación del sistema de salud;  y sin embargo, lo que preocupa a la sociedad parece que es la reforma judicial. ¡Qué conciencia ciudadana, che!

Todos los diarios hablan de eso. Pero sin embargo, cuando uno escucha lo que se dice en los lugares de trabajo, lo que se comenta en los colectivos y trenes, es difícil registrar alguna referencia a dicho asunto. Más aún, ayer presenciamos la fracasada manifestación del 26A contra la reforma judicial. Sería estéril perder tiempo en averiguar qué responsabilidad le cupo al fuerte chaparrón de 15 minutos en el estrepitoso fracaso de la concentración republicana. Lo evidente es que la tan mentada reforma judicial parece que no despertó el fervor patriótico de los vecinos buenos de la ciudad de los aires buenos.

Pero si a nadie le conmueve el tema, por qué está en el centro. Es sencillo, porque Alberto lo puso. Recordemos que ni bien comenzaba el año, la irrupción de la pandemia obligó a Alberto Fernández a improvisar un plan de gobierno de emergencia. El anuncio inicial de la cuarentena y del aislamiento social fue el centro de plan que buscaba aguantar los trapos sin afectar los intereses de los grandes capitalistas. Lo concreto fue que, con el paso de los días, el plan social-liberal de Alberto empezó a hacer agua: la cuarentena sin afectar grandes intereses no fue insostenible. Así las cosas, al mismo tiempo que empezó el retroceso y la flexibilización de las medidas de cuidado, el gobierno impuso un tema urticante en la agenda política que nadie tenía en la cabeza: la reforma judicial.

Evidentemente la discusión sobre la reforma judicial es un tema que al gobierno le viene como anillo al dedo para dejar de lado el problema de la pandemia frente a la cual, aunque prenda velas para que no se desmadre todo, ya no tiene nada que decir. Pero sin embargo, es un eje que nos permite dejar en evidencia el carácter pútrido del Estado argentino, hecho a imagen y semejanza de nuestra burguesía. 

La reforma de Alberto

El Poder Judicial en los últimos años ha cumplido un rol político cada vez más importante en la región. Sin duda Brasil es la manifestación más cruda de este nuevo rol. Allí, por una combinación del Poder Judicial y el Legislativo, se destituyó en 2016 a la presidenta Dilma Rousseff y luego se forzó la detención del Candidato del PT, Ignacio Lula da Silva, en el marco del “Lava jato”, con el único objetivo que no pudiese presentarse en las elecciones presidenciales en las cuales figuraba como principal favorito, según las encuestas. El mecanismo es sencillo, los jueces intervienen oportuna y discrecionalmente, con la cobertura de los grandes medios de información, con la finalidad de influenciar o intervenir de manera definitoria en el desarrollo de los procesos electorales en contra de un sector político que haya caído en desgracia del altar de la burguesía. En la Argentina vimos este proceso en los últimos años detrás de la persecución contra la figura de Cristina Kirchner y de los funcionarios de su gobierno. Esto y no otra cosa es el famoso “lawfare”, la manera que encontró la burguesía para combatir el “populismo”.

Cuidado, que haya un ensañamiento y una persecución judicial, no significa que los investigados sean inocentes de los delitos que se los acusan. Ahí está el elemento discrecional. La persecución es unilateral y se ensaña con un sector político al mismo tiempo que hace la vista gorda con los demás. ¿O acaso alguien recuerda alguna investigación sobre los “PanamaPepers” o sobre los negocios de la familia Macri?

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En este sentido, la reforma aspira a acotar la capacidad del Poder Judicial de intervenir en las disputas políticas y ponerle un cierre a los juicios contra la familia Kirchner.

Para comprender el carácter y funcionamiento más general de la reforma de Alberto Fernández hay que tener en cuenta que la misma está dividida en partes. Por un lado, el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado y que seguramente pasará a la Cámara de Diputados, y por otro lado, la Comisión de Notables que designó por decreto, que tiene que redactar su informe, en donde propondrá qué otras modificaciones hacen falta.

Empecemos por el proyecto de ley. Lo primero que hay que dejar en claro es que en el proyecto no hay grandes cambios. Como ya lo tratamos en otros artículos en este periódico, la misma se limita a fusionar algunos fueros, ampliar la cantidad de jueces, terminar de transferir la justicia de la Ciudad de Buenos Aires al ámbito de CABA y poner en ejecución algunas de las medidas impuestas por la reforma constitucional de 1994, como ser los juicios por jurados.

Sin lugar a dudas, la medida más “profunda” es la de duplicar los jueces federales de la Capital Federal. En la actualidad estos son 12 magistrados sobre los que recaen todas las causas de corrupción o grandes denuncias que investigan a los funcionarios de los gobiernos nacionales. Estos 12 jueces constituyen una verdadera casta y han sido los garantes de la impunidad de todos los gobiernos de turno. Recordemos, sin ir más lejos, la famosa “servilleta de Corach”, en donde el entonces jefe de gabinete de Carlos Menem había escrito todos los nombres de los jueces federales que le respondían a cambio de una ensobrada mensualidad.

Estos son los jueces que garantizaron la impunidad de la década menemista, los que desviaron la investigación por el atentado en la AMIA, los que absolvieron a De la Rúa por la causa del soborno en el Senado y posteriormente por la masacre del 20 de diciembre de 2001en Plaza de Mayo, los que avalaron el inexplicable enriquecimiento patrimonial del matrimonio presidencial durante el gobierno de Néstor y Cristina, y quienes durante el gobierno de Macri decretaron las prisiones preventivas de los funcionarios K. Siempre los mismos[1].

Todos los gobiernos han convivido con estos jueces sin mayores conflictos. En definitiva, éstos siempre se acomodaron cerca del poder de turno. Pero en la medida que se profundizó la grieta y la crema de la burguesía argentina le dio la espalda al kirchnerismo, la justicia federal empezó un rápido giro que tuvo sus puntos más altos en el encarcelamiento del ex vicepresidente Amado Boudou, la investigación por la fortuna de Cristina, Máximo y Florencia, la judicialización del memorándum con Irán y la denuncia del fiscal Nisman contra la otrora presidenta, por traición a la patria. Una manifestación local de “lawfare”.

La oposición de Cambiemos a la reforma es compleja por una cuestión más de fondo. Si por un lado es evidente que hay sectores que quieren llevar eliminar al populismo y meter presa a Cristina a como dé lugar apoyándose en estos jueces, por otro lado no está nada claro que todo Cambiemos esté en contra de llegar a algún entendimiento con Alberto Fernández. Es que a nadie se le pierde de vista que la casta judicial es sensible a los cambios del viento y eventualmente se te puede dar vuelta; pero además si el gobierno llega a algún tipo de acuerdo y consigue las mayorías necesarias, estaría en condiciones de nombrar a decenas de nuevos jueces. De allí que el pedido de un sector de la oposición patronal sea el de postergar la reforma para poder discutirla previamente y llegar a consensos.La negativa del oficialismo de abrir ninguna negociación previa ha permitido que, por lo pronto, todo Cambiemos cierre filas contra la reforma, aunque mientras algunos la objetan en su totalidad, otros como Larreta sólo objetaron las formas y los tiempos de la misma, no su contenido.

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Tan mezquina como burguesa

Como podemos ver, Alberto se vio obligado a poner el foco en un problema que es congénito al sistema capitalista: la contradicción existente entre la concentración del capital y la democratización del Estado. El famoso “lawfare”, en definitiva, no es otra cosa que la tendencia histórica de los grandes capitalistas a hacer valer sus intereses por sobre la sociedad. La casta judicial, las intrigas dentro de la Corte, la doctrina Irurzun, las desapariciones que los fiscales no investigan, la impunidad de las fuerzas de seguridad son todas distintas manifestaciones de esa misma putridez.

Cristina tiene razón cuando dice que llamar reforma a esta ley es darle demasiado nombre al proyecto. Pero miente cuando afirma que ella sí impulsó una verdadera reforma. La fallida reforma del 2013, que se aprobó durante su gobierno y que luego anuló la Corte,fue otra reforma tan mezquina como la de Alberto, pero de una mezquindad más sofisticada. En ella se presentaba como gran medida democratizante la elección durante las PASO,no de los jueces, sino de los miembros del Consejo de la Magistratura, una institución corporativa que inventaron durante la maniatada Convención Constituyente de 1994 pactada entre el PJ y  la UCR.

Volviendo a la reforma en cuestión. En este artículo no vamos a adentrarnos en las cuestiones técnicas que hacen al mejor o peor funcionamiento del Poder Judicial. La justicia como tal es uno de los poderes en que está dividido el Estado burgués y tiene como función primordial el que se cumpla el ordenamiento jurídico que busca garantizar las condiciones externas de explotación de los trabajadores y de opresión de todas las capas de la sociedad que amenacen u obstaculicen el normal funcionamiento del Estado y la reproducción del capital. Por lo tanto, hablar de una justicia justa en el marco de la sociedad capitalista es un sinsentido que no hay reforma que pueda lograrlo.

Pero que el Estado sea burgués, no significa que los socialistas debamos abstenernos de luchar por una relativa democratización del mismo. Así como no es lo mismo que al presidente lo pongan a dedo las empresarios o que haya elecciones, tampoco es lo mismo que los jueces respondan a los grandes poderes económicos o que tengan que rendir cuentas de alguna manera frente a la población.

Lo central en todo caso es que la reforma judicial propuesta por el gobierno no tiene ningún elemento progresivo, como podría ser la democratización mediante la elección y revocación de los jueces mediante el voto popular. La mezquindad burguesa de la reforma de Fernández busca licuar la influencia de una casta judicial mediante el mecanismo de ampliar el número de dicha casta con gente nueva¿A quien se le puede ocurrir que democratizar la justicia pasa por elevar de 12 a 24 los jueces?

Un sistema jurídico no puede elevarse jamás por encima de la sociedad de la cual emerge. Una Justicia justa requiere de unas sociedad justa basada en relaciones realmente humanas entre los individuos en donde no cabe ni la explotación del hombre por el hombre, ni ninguna forma de opresión.

[1]La impunidad de los miembros de este fuero cuenta con una única excepción, la del ex juez Juan José Galeano, quien tuvo a su cargo la investigación del atentado a la AMIA. En 2019 fue encontrado culpable y condenado a la durísima pena de 6 años por el encubrimiento del atentado a la AMIA, la malversación de fondos públicos, prevaricato, privación ilegítima de la libertad y violación de los medios de prueba.

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