En horas de la mañana, un fuerte operativo policial se hizo presente en los locales de funcionamiento de la Asamblea de Villa Urquiza. Viyurca (como se autodenomina) hace diversas actividades educativas y culturales en la zona. En su local cuentan con una biblioteca popular y diversos espacios de participación de quienes habitan el barrio. Hay también bachilleratos reconocidos por la propia ciudad.

El lugar es sostenido como lugar de actividades desde el 2002, cuando proliferaban en diversos barrios las «Asambleas Populares», que agrupaban muy diversamente a los habitantes de los barrios en plena crisis política y económica. El lugar que ahora pretenden desalojar para hacer negocios se hallaba en ese momento totalmente abandonado y hace ya década y media que es un centro de arte, recreación y cultura vecinal.

Los asambleístas denuncian que el macrismo busca hacer negocios con el lugar, cediéndolo a empresarios. La orden de desalojo se sustanció apoyándose en la ley 17.091 de 1966. El «Observatorio del Derecho a la Ciudad» sostuvo en un comunicado: “el debido proceso y el derecho de defensa en juicio es un derecho constitucional fundamental. La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realiza actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta Ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes… En la sentencia dictada por el juez Ernesto Marinelli, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordena el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada ‘sin más trámite’ e ‘inaudita parte’”.

Como es costumbre de su despotismo empresarial sin límites, los funcionarios del macrismo (esta vez a través de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias) se preocupan poco por las leyes que ellos mismos dicen defender para recurrir al uso de la fuerza policial. No sería la primera vez que pisan con desdén el «derecho a la legítima defensa», en su momento defendieron la valiente acción policial de disparar por la espalda.

No obstante, los miembros de la asamblea han logrado frenar el desalojo y las fuerzas policiales tuvieron que replegarse frente a la indignación que generó el intento de desalojo.