Si hay alguien que se ve beneficiado con el proyecto de “Ley de Inocencia Fiscal”, cajoneada desde hace 5 meses, ese alguien tiene mucha plata, y muy probablemente sea también un estafador o un narco.

Este es uno de los proyectos de contrarreformas del gobierno a ser tratadas luego de la asunción de los nuevos miembros del Congreso el 10 de diciembre.

El proyecto no es nuevo. Fue presentado en la Casa Rosada el junio pasado por el director del ARCA Juan José Pazo y el narco diputado José Luis Espert. En ese momento, Espert aún era el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso y era el principal impulsor público de la ley. Quedó suspendida tras las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y la crisis de la narco candidatura.

Como es sabido, el entonces impulsor hoy está muy ocupado con la denuncia judicial por financiar su campaña electoral y enriquecerse con plata del narco, así que en esta ocasión no hubo presentación formal en la Casa Rosada antes de enviarla.

“No son los argentinos los que están en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos” dijo Espert en su momento, cuando aún soñaba con revalidar su banca. «Los argentinos» que fugan también pueden ser narcos como Machado. De hecho, la evasión y el lavado es precisamente una actividad muy propia de narcos como Machado. Esta reforma no es para ayudar a los monotributistas que trabajan sin derechos en negro, sino para los grandes patrones evasores.

Los dos cambios más importantes del proyecto son la forma en la que se persiguen los evasores y como se Declara el Impuesto a las Ganancias.

En el caso del régimen penal tributario, la «Inocencia Fiscal» cambia las cantidades en las que considera que existe un delito. En la actualidad, se considera evasión simple a partir de $1.5 millones de pesos y agravada a $15 millones. El proyecto busca pasar a $100 millones y $1000 millones respectivamente.

Según el director del ARCA, esto haría que las causas vigentes contra evasores pasaran de 7000 a 200, “permitiendo perseguir a los que tienen mayor impacto fiscal” según el gobierno.

Luego se suman modificaciones de cómo se puede resolver el conflicto previo a la denuncia penal, permitiendo que el evasor salde la deuda antes del juicio o, en caso de ya tener una denuncia en curso, poder solucionarlo pagando un 50% extra dentro del primer mes.

Por el lado de Ganancias, el proyecto busca crear un régimen especial para “facilitar” la declaración jurada. En realidad, le están facilitando la evasión a los patrones, ya que depende de ellos declarar lo ganado. Los trabajadores que pagan ganancias no declaran por su cuenta cuánto ganan, así que tienen que pagar sí o sí. Como todo lo que hace este gobierno, implica que los trabajadores paguen más y los ricos menos.

“Todos somos inocentes, salvo que ARCA demuestre lo contrario”, dijo Pazo queriendo limpiarle la cara a esta ley para evasores.

El gobierno espera tener el apoyo de los gobernadores para su aplicación el apoyo de los gobernadores del interior para la aprobación e implementación. Pero cortarán todos los regímenes vigentes de información fiscal que existen entre el gobierno nacional y los estados provinciales, dejando a ciegas a las provincias que quieran comenzar sus investigaciones.

Todo esto tiene dos claros objetivos. Por un lado, el proyecto de «Inocencia Fiscal» es uno de los tantos intentos desesperados del gobierno de rascar algunos dólares. Legalizando el delito de evasión quieren que algunos capitalistas “repatrien los capitales”. «Héores» había llamado Milei a los evasores. Ese sueño, prácticamente delirante, ya se escuchaba en la época de Macri. Pero el blanqueo de capitales nunca solucionó ningún problema económico ni fiscal, solamente facilitó la delincuencia empresarial.

El otro objetivo es hacerles un gran favor a sus amigos, los ricos que evaden todos los días, bajando varias causas y aliviando las penas para muchos otros.

La ley fue girada a las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Legislación General de la Cámara, las cuales probablemente sean renovadas a partir de la asunción de los nuevos legisladores.