En momentos en que deja su cargo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la CSJN quiere “institucionalizar” beneficios para todos los genocidas. Nos negamos, como nos negamos cuando salimos masivamente a repudiar el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 2×1 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Salió el fallo desde los sagrados salones de la Justicia en noviembre del 2017 para otorgar el beneficio del 2×1 a los genocidas presos, reduciéndoles así significativamente el tiempo de su condena. No duró ni un suspiro, lo tuvieron que tirar abajo antes de que pasara las puertas de los despachos del Congreso. En esa oportunidad, el “beneficiado” que provocó la reacción en contra fue Luis Muiña, represor del Hospital Posadas.

Fue la movilización popular la que tumbó el 2×1 a los genocidas. Como puede y debe ser con cada intentona de impunidad.

Un ejemplo de los nuevos beneficios de la Corte y el gobierno es el genocida Randolfo Luis Agusti Scacchi, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva por múltiples hechos de violencia institucional, con la modalidad de detención domiciliaria. La solicitud es que se le otorgue permiso para concurrir a un evento religioso convocado para festejar sus 60 años de matrimonio. La jueza a cargo del caso se lo concedió.

Pero hay otros, como el del señor Carlos “Indio” Castillo, por cuyo reclamo se conoció una reciente resolución del máximo Tribunal. Con este caso en discusión, ya que desde las querellas a los genocidas se oponen totalmente, desde ya, a cualquier beneficio, saltó a la luz la resolución que estaba entre bambalinas de la Corte Suprema del fallo firmado en esta semana por los jueces Rosenkratz y Rosatti (fieles al 2 x 1), con el voto en contra del juez Lorenzetti. Por lo cual, debieron recurrir a conjueces para poder hacerlo efectivo. Acudieron en ayuda un magistrado de Mar del Plata y otro de Córdoba.

En esta oportunidad, el máximo organismo se apoyó en el caso de un criminal que fuera integrante de la CNU (Concentración Nacional Universitaria), organización profascista que actuó junto a la Triple A en la etapa del gobierno peronista previa al golpe del 76. Este señor tiene condena a prisión perpetua dictada en 2016, que aún no fue confirmada por la CSJN. También está imputado en el juicio de 1 y 60 en La Plata.

Con esta nueva resolución, la Corte solicita a los tribunales inferiores que tengan en cuenta “indicios concretos” a la hora de mantener detenida a una persona acusada de crímenes de lesa humanidad. O sea, que valoren las circunstancias particulares de la posibilidad de que estas personas genocidas puedan eludir la justicia o entorpecer la investigación.

De esta manera, con una disposición en las alturas, facilita que se le abran las puertas de sus celdas a los 36 represores condenados que se encuentran en prisión preventiva, porque aún su sentencia no fue ratificada por el máximo organismo de la Justicia.

Esta nueva “ayuda” del máximo Tribunal, junto con la catarata de prisiones domiciliarias, son maniobras muy evidentes. Son beneficios para que los genocidas no cumplan con sus condenas. Hace 50 años que luchamos para que estén en el lugar donde tienen que estar: la cárcel común y efectiva.